El Gobierno plantea endurecer el control parlamentario sobre el Poder Judicial

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer en el Congreso una reforma legal para establecer la obligatoriedad de que los consejeros del Poder Judicial comparezcan ante las Cortes cada vez que sean requeridos. Según el ministro, estas comparecencias no atentan "en modo alguno" contra la separación de poderes y mucho menos contra la independencia de jueces y magistrados. El ministro aseguró que ésta será la "legislatura de la Justicia", expuso un plan de reformas para los próximos cuatro años -el mayor de la democracia- y se fue con la idea de que, por el momento, hay base para un acuerdo que no fue posible en la anterior legislatura.

El talante del nuevo PP deparó ayer que la comparecencia del ministro Fernández Bermejo en la Comisión de Justicia concluyese por primera vez sin descalificaciones. "Los electores nos han pedido entendimiento", "es momento de evitar los reproches", "las discrepancias tampoco son tan grandes", "usted ha hecho un discurso muy ambicioso", "el ministro ha venido con renovado talante"... Todo eso le dijo Federico Trillo a Bermejo en su estreno como portavoz de Justicia en el PP.

El ministro anuncia la mayor reforma de la justicia de la democracia

Las propuestas de descentralización separan a PSOE y PP

La sesión transcurrió en un clima de consenso, precisamente cuando el PSOE y PP negocian lentamente un acuerdo que incluye las líneas legislativas generales, y la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El pacto estaba bloqueado hasta que pasara el congreso del PP y se ve favorecido por la sustitución de Ignacio Astarloa.

Los vocales del CGPJ estarán obligados a comparecer en el Parlamento "cada vez que sean requeridos para ello", según el ministro, que no especificó si lo harán para informar o para responder políticamente de su gestión en el organismo. La medida parecer ir destinada a contrarrestar la postura adoptada por el actual presidente del Consejo, Francisco Hernando, quien se negó a comparecer la única vez que fue citado. El ministro insistió en que pretender que los consejeros puedan ver "perturbadas" sus competencias por el hecho de comparecer ante los diputados es tener una visión de la democracia "no acorde con lo deseable".

Bermejo explicó una docena de medidas que incluyen un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial sin oposición, más medios materiales y personales y un nuevo proceso penal, entre otras. La reforma del sistema de acceso a la carrera judicial se traduce en lo que Bermejo llamó el "modelo MIR". Serán seis años de formación, con progresiva incorporación a la actividad jurisdiccional, combinando la teoría en la Escuela Judicial con la práctica tutelada. Así, bajo la supervisión de magistrados, se pasará de una jurisdicción limitada a asuntos de escasa entidad a tener plena jurisdicción al final.

Los aspirantes serán "continuamente evaluados". Ahora, la preparación de oposiciones dura una media de 5,5 años, y lo que se busca para el futuro es aprovechar ese periodo para establecer la preparación práctica. El ministro explicó que en los últimos años no se han cubierto todas las plazas y en la última convocatoria sólo fueron ocupadas el 75% de las vacantes de jueces y fiscales sacadas a concurso.

Para facilitar el consenso, orilló propuestas del programa del PSOE que son rechazadas por el PP. Concretamente, no hizo mención siquiera a dar la competencia de la instrucción penal a los fiscales, en detrimento de los jueces. En el nuevo proceso penal se regulará por primera vez la ejecución de condenas y se unificará la doctrina de la prescripción.

Parte de su intervención estuvo dedicada a la modificación de la Oficina Judicial a la creación de un Registro de medidas cautelares y a la interconexión informática. Los jueces tendrán acceso a un registro de condenados no firmes por delitos de pederastia.

Trillo, llevado por su entusiasmo, llegó a proclamar que Bermejo podría contar con su apoyo para lograr más recursos para la Justicia en los Presupuestos. También dijo que está dispuesto a pensar sobre la regulación del Consejo General del Poder Judicial, actualmente en funciones, para garantizar su cese inmediato al acabar el mandato y evitar situaciones de interinidad, como la de ahora.

A pesar del talante conciliador, no todo fueron coincidencias. El portavoz del PP expresó algunas objeciones a la sustitución del sistema de oposiciones y, sobre todo, a las dos propuestas que tienen que ver con la descentralización de la Justicia: el traspaso de competencias del Tribunal Supremo a los Tribunales Superiores de Justicia y la creación de los consejos autonómicos, con competencias delegadas del CGPJ. Trillo es el principal redactor del recurso del PP ante el Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, que prevé esos dos pasos hacia la descentralización y que para él son inconstitucionales.

En el lado contrario, también con tono de consenso, CiU, PNV y ERC dijeron que no tolerarán que se recorten los preceptos sobre Justicia del Estatuto de Cataluña. Este texto establece una posición máxima en la que los consejos autonómicos son órganos descentralizados que reciben competencias del CGPJ.