EE UU vincula a diez empresas españolas con el cartel de Cali
El Departamento del Tesoro impone sanciones económicas a una red de 14 personas y 25 compañías de España, Colombia y Holanda por su supuesta conexión con el narcotráfico
El Gobierno de Estados Unidos ha apuntado en su lista negra a diez compañías y dos empresarios españoles por su supuesta relación con el cartel de Cali. El Departamento del Tesoro ha destapado este martes a una red de 14 personas y 25 empresas de España, Colombia y Holanda que están acusadas de prestar apoyo logístico y financiero al antiguo cabecilla del cartel colombiano, Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido también como El Ajedrecista. Los responsables de la trama española, los promotores inmobiliarios Laureano Ramos Rodríguez y Marco José Fernández Montero, están considerados como socios clave de la red. Las autoridades estadounidenses han anunciado que congelarán los activos en EE UU de las personas y entidades involucradas y no les permitirán realizar operaciones con empresas locales.
Washington ha explicado mediante un comunicado que la figura central de esta organización es el colombiano Hernando Mejía Uribe, socio de los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, que en estos momentos cumplen condena en Estados Unidos por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Al parecer, el objetivo de la red era ocultar los activos de los familiares de los hermanos a las autoridades norteamericanas. La trama desvelada este martes, ha afirmado Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), "demuestra los esfuerzos que la familia [Rodríguez Orejuela] ha hecho para esconder sus activos generados por el tráfico de drogas".
La agencia sospecha que Mejía Uribe, arrestado en Colombia en febrero, ejercía de enlace entre los distintos socios y podría ser el nexo con la rama española en Málaga. Entre las empresas españolas citadas por el Departamento del Tesoro figuran General de Obras y Alquileres y Proyecto Empresarial Costa Arena, ambas registradas en Marbella, y Gestión de Administraciones SIP, Laureano Ramos Gabinete Técnico y Patrimonio de Gestión y Administración SIP, asentadas en Fuengirola. Ramos Rodríguez y Fernández Montero, los dos promotores españoles involucrados en la red, participaban en proyectos inmobiliarios junto a Mejía Uribe en Cartagena (Colombia).
Asimismo, la OFAC también ha pedido que se impongan sanciones económicas a otras cinco corporaciones con base en Málaga: Tracking Innovations, Quantica Project, Servicios de Control Integral Facilities Management, SIP Consultancy Services y Hormac Planning.
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