Barcelona aprueba una ordenanza que prohíbe la prostitución cerca de los colegios

La nueva ordenanza de civismo y convivencia de Barcelona se aprobó ayer en el último plenario del año con los votos favorables del PSC, Esquerra Republicana y Convergència i Unió. El PP se abstuvo y los socios de gobierno de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) votaron en contra. La normativa persigue todo tipo de incivismo que se dé en espacios públicos y las conductas que alteren la convivencia. La ordenanza, que eleva sensiblemente las cuantías de las multas y detalla las infracciones, prohíbe la prostitución a menos de 200 metros de los colegios.

Precisamente la introducción de la prostitución en la ordenanza municipal y el coto a ciertas formas de mendicidad han determinado la división del equipo de gobierno, con el voto negativo de la formación ecosocialista, lo que ha provocado una crisis en el tripartito municipal que no se ha cerrado y que ayer se escenificó en el pleno con reproches cruzados.

La nueva ordenanza es una actualización y ampliación de las anteriores, mucho más detallada en cuanto a las infracciones a perseguir y las conductas que perturban la convivencia. "La ciudad ha cambiado mucho en los últimos años y tenemos que afrontar nuevos problemas que se producen en el espacio público", sostuvo el alcalde, Joan Clos, para defender el texto, de 102 artículos. Citó, entre otros, el impacto que tiene la llegada masiva de turistas, el notable incremento de la inmigración y el aumento constante de actos vandálicos y conductas incívicas. El problema se ha venido acusando en el último año en el centro de la ciudad.

La normativa municipal acota el ejercicio de la prostitución callejera cuando suponga una invasión del espacio público y excluya otros usos, y la prohíbe a menos de 200 metros de los colegios, para lo que prevé sanciones -para el cliente y la prostituta- de 750 euros. Asimismo introduce la atención social mediante un plan integral destinado a las mujeres que quieran dejar la profesión. La mendicidad que suponga coacción, como la de los limpiacristales de los semáforos, también será sancionada con multas de entre 750 y 1.500 euros. La polémica se abrió en este capítulo, y también en el de la prostitución, porque para algunos suponía la represión de los más débiles. Debido a ello, el articulado final especifica que las sanciones a la mendicidad se aplicarán en los casos de coacción o acoso y cuando se utilice a niños, y que la indigencia de raíz social será atendida por los servicios sociales.

La ordenanza intenta poner freno al botellón e introduce sanciones si se perturba la convivencia o se utilizan envases de vidrio o latas. Una de las novedades es que se propone cobrar las multas a los turistas que incurran en alguna infracción -este verano, la más practicada en las calles de Ciutat Vella era la de orinar, por ejemplo- e introduce la obligación de que faciliten la dirección del hotel en el que se hospedan para notificar la multa si no se paga de forma voluntaria. Y en caso de negativa, el sancionado deberá ir a las dependencias policiales.