Agentes de Aguirre espiaron a Cobo

El informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 concluye que agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre espiaron a dos cargos madrileños del PP rivales suyos y afines a Mariano Rajoy: el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y su propio ex vicepresidente segundo de Madrid, Alfredo Prada, según fuentes conocedoras del documento. Tal labor fue ejecutada por los tres ex guardias civiles fichados como asesores por el consejero de Interior Francisco Granados, que ya estaban imputados en esta causa, y a los que mantiene en su puesto, en contra de la dureza que Aguirre exige a la dirección del PP para los implicados en la trama de Gürtel.

Ya estaba probado que estos tres agentes habían espiado a Prada en mayo de 2009 por un informe policial similar sobre la localización de sus móviles. Pero este nuevo informe, realizado sobre un material telefónico recibido a primeros de año y que se ha entregado hoy a la juez Carmen Valcarce, aporta dos elementos que dinamitan las últimas coartadas formuladas por la defensa y mandos de los agentes imputados por este espionaje.

En primer lugar, el informe prueba que no se trataba de ninguna vigilancia legal. Porque los tres ex guardias civiles declararon a la juez que nunca siguieron a Cobo. El informe prueba que le mintieron. Era una vigilancia tan secreta como ilegal. Lo siguieron, a tenor de los partes, al menos siete días de abril.

Y en el caso de Cobo resulta ya del todo imposible alegar que se trataba de una contravigilancia. Cobo explicó ante la juez que sus vigilancias y contravigilancias son competencia exclusiva de personal del Ayuntamiento de Madrid. Ningún agente de la Comunidad podría contravigilarlo legalmente. Tampoco era aceptable tal coartada en el caso de Prada, como su letrado ha puesto de manifiesto: tal tarea no es competencia de la Comunidad de Madrid y su escolta nunca fue alertado de una contravigilancia que, a tenor de los informes, duró dos meses.

Detrás quedaba el intento fallido de Granados de hacer creer que estas contravigilancias eran una práctica común en su Gobierno para reforzar la seguridad, algo que le desmintió su propio ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, imputado en el caso del espionaje y al que el Gobierno Aguirre mantiene como asesor. Gamón, al declarar ante la juez, no sólo enmendó la plana a su jefe, Granados, sino que dejó sin coartada a sus ex subordinados: aseguró que nunca les ordenó seguir a Prada y que no tenían competencia para hacer contravigilancias.

El informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de cerca de una decena de agentes sospechosos de Aguirre prueba que los tres ex guardias civiles estaban allí donde decían los partes que estaban los supuestos espías de Cobo y de Prada en las siete fechas investigadas de abril. El informe policial no ha cotejado la agenda de Cobo con dichos posicionamientos, sino con los datos que manejaban los espías a tenor de los pasos que dieron en los partes para marcar a Cobo allí donde creían o sabían que estaba. El semanario Interviú adelanta esta semana esta conclusión del informe, que hoy no fue trasladado a las partes que lo reclamaron en el juzgado porque la juez libraba.

La revelación más grave de este informe es que los citados ex guardias civiles (José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado) ya habían sido pillados en otra falsedad: juraron al ser interrogados por la policía que nunca habían seguido ni a Prada ni a Cobo. Pero, ante la tozudez de un primer informe telefónico sobre los posicionamientos de sus móviles en mayo de 2008, reconocieron ante la juez que habían vigilado intensamente a Prada por orden de Gamón, algo que esté negó al testificar. La conclusión de este informe explica la reciente negativa de la juez a archivar el caso por falta de pruebas.