En Afganistán, ¿hasta cuándo?

El atentado suicida del pasado domingo en Afganistán -que ha causado la muerte del brigada Juan Andrés Suárez y del cabo Rubén Alonso y ha dejado a otros cuatro militares heridos- trae a primera página nuestra participación en la misión de ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad constituida para apoyar a la Autoridad de Transición de aquel país. Su mando fue asumido a partir de 2003 por la OTAN a solicitud de Naciones Unidas.

Interesa saber que el primer acuerdo por el que se autorizaba la participación española en ISAF, con un máximo de 485 efectivos de los Ejércitos de Tierra y del Aire, a desplegar en Kabul y áreas circundantes, traía causa de la resolución 1.386 del Consejo de Seguridad. También que su adopción se produjo en el Consejo de Ministros presidido por Aznar el 27 de diciembre de 2001 y que marcaba como fecha límite de vigencia el 30 de abril de 2002.

La llamada "guerra contra el terror" exige nuevos planteamientos

Es decir, que estábamos en fechas subsiguientes a la masacre del 11-S y que Afganistán había sido elegido como el lugar donde debía descargar la represalia de Bush en su declarada "guerra contra el terror". Cuando, tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, se produjo la alternancia y el relevo de Ánsar, la primera decisión de Zapatero en el Gobierno fue ordenar la retirada de nuestras fuerzas de Irak, sin alterar los restantes compromisos. Así llegamos al debate parlamentario del 6 de julio de 2004 donde se planteó el incremento del contingente militar español desplegado en Afganistán. Una propuesta que fue avalada con apoyo casi unánime de la Cámara, que estrenaba esta clase de autorizaciones en adelante prescritas.

Entonces, el líder del PP, Mariano Rajoy, acusó al presidente del Gobierno de actuar con complejos y de ocultar que la misión en Afganistán conllevaba serios riesgos, como la de Irak. En su respuesta, Zapatero aceptó la existencia del riesgo pero sostuvo que en modo alguno era comparable al que suponían las misiones en Irak. Otra cosa es que los datos disponibles reflejen además de los 62 muertos del accidente del Yak-42, 17 muertos en el accidente del helicóptero Cougar, y otros seis muertos por diversas causas, a los que se añaden los dos muertos del pasado domingo.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, dio cuenta inmediata de lo sucedido y viajó a la base de Herat para dejar constancia ante nuestros soldados, allí desplegados cumpliendo órdenes del Gobierno, de que su obediencia con riesgo de sus propias vidas merece el reconocimiento unánime de los españoles. Pero las palabras de la ministra, los honores rendidos a los muertos y la repatriación de los heridos, deben dejar espacio al análisis de la misión asumida en Afganistán y permitir el contraste con los intereses nacionales y su articulación, atentos también a nuestro propósito de ser aliados fiables en la OTAN.

Porque, en todo caso, la llamada guerra contra el terror que declaró por su cuenta el desastroso presidente George W. Bush exige nuevos planteamientos.

Frente a las mentiras que, propulsadas desde la Casa Blanca, llevaron a la guerra de Irak suele subrayarse que la de Afganistán es la right war pero, como han escrito los más relevantes analistas, para su combate se está empleando la wrong force. Aceptemos que es inútil dar coces contra el aguijón, que carece de sentido matar moscas a cañonazos y que el terrorismo precisa servicios de inteligencia y pequeñas unidades operativas muy especializadas. La alternativa de la ocupación militar de un país como Afganistán, donde ISAF tiene 71.000 efectivos, requeriría ampliar el despliegue hasta 400.000, según cálculos del general Dan McNeil, quien tuvo el mando americano en aquel país hasta junio.

Pero además sabemos que una victoria militar sólo puede ser alcanzada si está bien definida, y esa definición es exactamente la que falta. En una columna publicada el pasado día 3 en el diario La Vanguardia, la ministra de Defensa, Carme Chacón, sostenía que abandonar Afganistán no es una opción razonable. Pero esa afirmación quedaba huérfana de argumentos más allá de algunas metáforas clínicas. Sin embargo, se empleaba a fondo para reclamar un replanteamiento de la actuación de las fuerzas internacionales. En su opinión, se requiere una mejora de la coordinación bajo el liderazgo de Naciones Unidas; extremar la atención para evitar a toda costa bajas civiles; implicar a los países vecinos; ampliar las exigencias a las autoridades centrales, provinciales y locales.

Es de conocimiento general que las fuerzas militares norteamericanas no aceptan mandos de ninguna otra procedencia, ni tampoco coordinaciones. De manera que sus aviones bombardean, como la semana pasada, una boda, dejan 13 muertos con mujeres y niños incluidos, y la rabia se desencadena después sobre las fuerzas en el terreno, españolas en este caso, según acabamos de comprobar. Así no se puede seguir. ¿Hasta cuándo?