130 investigaciones policiales ponen cerco al lavado de dinero negro

Algo ha empezado a cambiar en España durante el último año y medio en lo que respecta al lavado de dinero. El ejemplo más notable lo representan dos colectivos considerados como intocables hasta no hace demasiado tiempo: los despachos de abogados y las notarías. Más de 60 abogados han sido imputados por casos de blanqueo de dinero y siete actuaciones policiales han afectado a cinco notarías desde enero de 2006. El refuerzo de las unidades de investigación dedicadas al blanqueo de capitales ha supuesto que actualmente haya abiertas 130 investigaciones sobre este tipo de delito.

De forma discreta, el refuerzo de determinadas unidades del Cuerpo Nacional de Policía supone la existencia de forma encubierta de una policía fiscal, un asunto sobre el que los ministerios de Interior y Hacienda nunca lograron ponerse de acuerdo. Algunos expertos creen que Interior está ganando esta batalla a Hacienda.

El Ministerio del Interior le está ganando la batalla al de Hacienda

Hasta hace poco, las únicas investigaciones policiales sobre blanqueo de dinero en España se limitaron a destapar las redes económicas de los narcotraficantes. Parecía que nadie más lavaba dinero en España. El delito económico de guante blanco quedaba impune por falta de una investigación especializada y España era considerada un verdadero paraíso para la inversión de dinero negro. España se distanciaba de otros países de la UE por la carencia de una policía fiscal que persiguiera adecuadamente el delito económico. Porque un hecho estaba claro: para perseguir el delito económico con éxito no bastaba con el trabajo de los inspectores de Hacienda, sino que era necesario aplicar técnicas policiales como la intervención de teléfonos o las vigilancias a los presuntos delincuentes.

Esa deficiencia motivó durante varios años un debate estéril en torno a la creación de una policía fiscal española, debate en el que nunca llegó a producirse un acuerdo entre los ministerios de Hacienda e Interior sobre quién asumiría la competencia en esta materia. Hacienda llegó a elaborar un borrador de creación de una policía fiscal bajo su competencia con la llegada del Gobierno de Zapatero, pero la resistencia de Interior bloqueó esta iniciativa. Se rumoreó entonces con un interés especial de la Guardia Civil por hacerse con esas competencias. Abortada esa primera iniciativa, dio la sensación que el asunto quedaba nuevamente aparcado, dado que unos años antes algo parecido había sucedido bajo el Gobierno del PP.

Pero el Ministerio del Interior, a través del Cuerpo Nacional de Policía, está reforzando desde hace año y medio las unidades especializadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. A finales de 2005 sólo había nueve inspectores dedicados a la lucha contra el blanqueo de dinero en la unidad central de Madrid. Hoy esa cifra ha aumentado hasta los 60. La multiplicación de efectivos ha sido parecida en unidades provinciales, de tal forma que actualmente hay casi 200 agentes dedicados a este tipo de investigación (30 de ellos, por ejemplo, en la Costa del Sol). En breve se anunciará que la Sección de Blanqueo de Capitales se convierte en una brigada.

El resultado de este reforzamiento ha sido espectacular a la vista del éxito de algunas operaciones, encabezadas por las más conocidas como Malaya, Ballena Blanca, Hidalgo o Avispa, pero de forma más discreta han ido culminando otras operaciones, en Palma de Mallorca o Santander por ejemplo, donde el delito principal estaba relacionado con el blanqueo, la corrupción o el cohecho. Los datos más evidentes afectan al número de abogados y notarios imputados, dos colectivos que parecían impunes a la actuación policial. Estos datos ponen en evidencia cómo en España se han estado creando miles de sociedades opacas al más puro estilo de los paraísos fiscales. Para algunos expertos, ciudades como Marbella y Madrid estaban actuando como paraísos fiscales encubiertos. Un reciente informe de Greenpeace sobre la corrupción urbanística señalaba a 354 implicados en 89 casos de corrupción, de los que 55 son alcaldes. El número de abogados es superior. Y el número de empresarios, aunque la cifra está sin determinar porque en algunos casos se confunden con testaferros, puede ser igual de importante.

La creación de fiscalías anticorrupción en otras zonas de España ha permitido que esas unidades pudieran contar con una cobertura judicial más especializada. Y en ese entorno, los inspectores de la Agencia Tributaria han pasado a colaborar con las unidades policiales y no al revés, como pretendía Hacienda. Aun así, la policía está interesada en poder acceder con más facilidad a las bases de datos de Hacienda. Pero Hacienda se resiste.