Corbacho pide que la inmigración no sea eje de la lucha política

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha abogado este lunes por no convertir la inmigración "en un eje de confrontación política" y ha asegurado que es el deseo del Gobierno buscar el más amplio consenso en esta materia. Durante su intervención en la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Jaén en Torres, dirigidos por el magistrado Baltasar Garzón, el ministro ha insistido en que la inmigración "es una cuestión casi de Estado". En referencia a la modificación de la Ley de Extranjería, en trámite parlamentario, ha mostrado su confianza en que se apruebe antes de que finalice el año y "tengamos un instrumento renovado y actualizado", una ley de "ampliación de derechos" y de ordenación de los flujos migratorios, y que sirva también para adecuarse al marco europeo.

Corbacho ha señalado que el Gobierno tiene "un especial interés" en que el año que viene, cuando España ocupe la presidencia europea, "se relance el programa de menores no acompañados, sobre todo teniendo en cuenta que es un asunto que tiene una gran incidencia en España, especialmente en Andalucía y Canarias". "Lo que pretendemos desde el Gobierno español es que efectivamente Europa asuma que cuando a Canarias llegan menores inmigrantes no acompañados, no pueda ser concebido sólo como un problema de Canarias o de España, sino que forma parte de lo que es el conjunto migratorio de la Unión Europea", ha añadido. Corbacho cree también que Europa "ha puesto mucho el acento en el control" y tiene que empezar a ponerlo "en el compromiso con los países de origen" de los inmigrantes.

De "impronta 'berlusconiana"

En referencia a las enmiendas presentadas a la Ley de Extranjería, el ministro cree que no van a dificultar su desarrollo parlamentario, ya que el motivo de las enmiendas de ERC y las del PP no son coincidentes. Además, ha dicho que si el PP considera insuficiente esta ley y pretende endurecerla, "lo que tendrá que hacer es concretar cuáles son los puntos que entiende que tienen que ser endurecidos. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha criticado "la simplificación" y "la esquematización" del lenguaje mediático relacionado con la inmigración, a la vez que ha abogado por que esté muy relacionada con el mercado de trabajo, "en una relación de intercambio, de mutuo beneficio".

El PP ha presentado este lunes su enmienda a la totalidad de la Ley de Extranjería, que se suma a las de PNV y ERC-IU-ICV. La medida de los populares llega en el último día del plazo previsto, el 20 de julio, después de que los grupos acordasen una prórroga de cinco días. También han convenido ampliar el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que se cerraba el 10 de julio y que ha quedado ampliado hasta el 10 de septiembre. Esto, sumado al hecho de que la semana que viene no se celebrará pleno en el Congreso, hace prever un retraso en la tramitación de la reforma pese a la intención del Gobierno de aplicar la vía de urgencia. La opinión del PP sobre la propuesta del Gobierno es conocida: es una reforma "insuficiente y de poco calado, que no resuelve los principales problemas de la inmigración en este país", en palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando.

El PNV, que presentó la enmienda la semana pasada, lo hizo porque la formación está en contra, entre otras medidas, de que la reagrupación familiar se limite a la familia nuclear -cónyuge o análogo e hijos menores-, y de que las autorizaciones de residencia y trabajo se vinculen a la situación de empleo, "un concepto etéreo que puede abrir la puerta a decisiones absolutamente arbitrarias", según el portavoz en la materia, Emilio Olabarría. Para el diputado nacionalista vasco, algunos de los aspectos de esta reforma tienen impronta berlusconiana, como la ampliación del límite de internamiento a 60 días. Además, en su opinión el proyecto "no territoraliza los fondos de acogida e integración de los inmigrantes" e invade las competencias de las comunidades autónomas o diputaciones forales, que tienen transferidas las competencias en política de inmigración.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardá, ha explicado que su enmienda a la totalidad es "constructiva", una suerte de "aviso a navegantes" para anticipar el debate y así "poner encima de la mesa las cuestiones deficitarias de la ley de modo que sirva como punto de partida para empezar a entablar negociaciones con el resto de los grupos". En este sentido, ha apuntado que la intención de ERC no es "cargárselo todo", simplemente dejar claro su rechazo a algunos puntos que convierten la reforma en "una ley hecha a la defensiva, secuestrada por la coyuntura económica" y "deficitaria en derechos sociales", que, en su opinión, "podría terminar haciendo concesiones a un cierto populismo anti-inmigracin". Los grupos que no pedirán la devolución del proyecto de ley al Ejecutivo aunque presentarán enmiendas parciales son CIU, Coalición Canaria y BNG, además del propio Grupo parlamentario Socialista.