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Costa ataca la credibilidad del sastre en su recurso ante el juez

El número dos del PP valenciano insiste ante el tribunal que no hay pruebas para imputarlo por cohecho

Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos, ha presentado este viernes un recurso contra el auto del magistrado José Flors en el que decidió continuar con la causa contra él y otros tres dirigentes del PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, por cohecho dentro de la trama de corrupción del caso Gürtel. Según fuentes próximas, en su escrito Costa pide a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que dicho auto no tenga efecto. A su juicio, la imputación por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio se fundamenta en el testimonio del sastre José Tomás. El número dos del PP valenciano entiende que ese testimonio "no tiene contradicción", es decir, que es solo la palabra del sastre, una versión que no se ve acompañada de pruebas.

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Además, el secretario general de los populares, según las mismas fuentes, sostiene en su recurso que la parte documental que usa el magistrado juez José Flors, instructor de la causa, es parcial e imprecisa, y que en ella se realizan afirmaciones que no quedan en absoluto probadas. Costa rechaza igualmente que el procedimiento se haya transformado de tal forma que sea necesario un juicio con jurado y reitera que no existen pruebas para que se mantega su imputación en relación con los hechos.

El auto del magistrado José Flors que recurre hoy Costa fijó para el próximo miércoles una audiencia preliminar con la presencia de Costa, el presidente Francisco Camps y los otros dos imputados en la causa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

Los representantes legales del presidente del Gobierno valenciano también han anunciado su intención de recurrir contra el auto de Flors, recurso que han previsto presentar el próximo lunes. Por su parte, el ex vicepresidente Víctor Campos no tiene previsto recurrir la decisión del juez.

Los cuatro imputados solicitaron también no comparecer en la vista del día 15, al argumentar que se consideran suficientemente representados con sus abogados. El presidente Francisco Camps evita de esta forma ser fotografiado de nuevo entrando en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana en relación con un caso que es hoy mucho más incómodo que la primera vez que acudió, para conocer su imputación por cohecho.

Los socialistas piden que declaren seis consejeros valencianos

El PSOE-PSPV ha presentado también recurso de reforma y apelación al auto dictado el pasado día seis por el magistrado juez José Flors, instructor de la causa en la que está imputado Francisco Camps, para que amplíe los delitos y cite a declarar a seis consejeros autonómicos y a seis de los imputados en la parte de la trama que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los socialistas valencianos, acusación popular en la causa abierta en Valencia, solicitan que declaren como testigos: Miguel Peralta, ex consejero de Justicia; Rafael Blasco, consejero de Inmigración y ex consejero de Urbanismo; Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Cortes valencianas; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat y ex consejero de Justicia; Alejandro Font de Mora, consejero de Educación y ex consejero de Presidencia; y Ramón García Antón, ex consejero de Infraestructuras y actual responsable de Medioambiente.

El PSOE-PSPV considera que todos ellos deben dar explicaciones de distintos contratos sustanciosos firmados con Orage Market, empresa de Álvaro Pérez, hombre de Francisco Correa en Valencia, el supuesto cabecilla de la trama.

En su recurso, los socialista valencianos solicitan igualmente que sean citados a declarar como testigos pero acompañados de abogado seis de los imputados en la causa Gürtel que se investiga en Madrid: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y José Luis Izquierdo. Todos ellos están vinculados con empresas que formaron la trama de corrupción.

Por último, los socialistas piden que se soliciten los expedientes de contratación de la administración pública valenciana con Orange Market y otras empresas de la trama; que se averigüe si en la causa declarada secreta en el tribunal madrileño hay documentación relacionada con la causa de Valencia y que se amplíe el cohecho pasivo impropio a otros delitos.

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