Madrid autoriza al Canal de Isabel II a crear la sociedad anónima que gestionará el agua

El Gobierno de Madrid ha dado hoy el primer paso para privatizar el agua al autorizar al Canal de Isabel II a crear una sociedad anónima que gestione el abastecimiento, saneamiento y reutilización de la región. La sociedad anónima estará participada por ciudadanos e inversiones en un 49% mientras que la Comunidad de Madrid se reserva el resto. La medida, según el Ejecutivo regional, no afectará ni al servicio, ni a los convenios con los ayuntamientos ni a las condiciones laborales de los trabajadores. No opinan lo mismo los alcaldes socialistas ni tampoco el popular Alberto Ruiz Gallardón, que ya anunciaron que se verían obligados a romper los convenios y a sacar el servicio a concurso si se privatiza el Canal.

Así lo ha indicado el vicepresidente de la Comunidad y presidente del Canal, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno que hoy ha analizado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2009, un documento que será remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su preceptivo informe y que incluye la nueva sociedad pública del Canal. Una medida que fue anunciada por la presidenta Aguirre en el último debate del Estado de la Región, y que según ha dicho González, no afecta a las condiciones laborales de los trabajadores del Canal, que están "garantizadas", ni a los convenios suscritos con los ayuntamientos, incluido el de Madrid a pesar de lo que diga Gallardón.

Para finales de año

Eso sí, admite que el caso de la capital es "singular y diferente" al del resto de los municipios porque se da "la variable muy importante de que la red de saneamiento es titularidad del Canal de Isabel II". González ha subrayado que cuando se privatice el 49% de las acciones, el Canal mantendrá la titularidad de los bienes y derechos integrados en la red general y ha recordado que el objetivo de esta medida es "permitir el proceso de capitalización" de la empresa, que necesita hacer frente a los más de 4.000 millones de euros de inversión necesarios en infraestructuras de agua en los próximos diez años. Entre estas inversiones, y como consecuencia de la entrada en vigor del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, destaca la instalación de nuevos sistemas de tratamiento en las depuradoras madrileñas para que el agua vertida a los ríos pueda ser utilizada mejor por el resto de usuarios de la cuenca del Tajo. La empresa prevé tener 60 millones de euros de beneficios para 2008.

Según González, a final de año habrá concluido el trámite parlamentario para que la nueva sociedad anónima empiece a encargarse del abastecimiento de agua, saneamiento, servicios y obras hidráulicas. Ha dicho que a partir de entonces el Canal mantendrá las concesones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico; el ejercicio de las potestades administrativas de aducción, depuración y reutilización del agua y las funciones relacionadas con los servicios hidráulicos encomendados por los ayuntamientos y los que viene prestando, según la legislación vigente. Por su parte, la Comunidad conservará los bienes de su titularidad y los bienes y derechos de titularidad del Canal que integran la red general regional, constituida por los sistemas de abasteciminto, saneamiento y reutilización de las aguas.

Tras el anuncio, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, ha anunciado que su grupo parlamentario recurrirá ante los tribunales contencios-administrativos la Ley de Medidas Fiscales. En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara regional, Sabanés ha considerado que "hay motivos suficientes" para impugnar la ley porque "no cumple" la función que debe cumplir y porque entiende que "elude el debate" parlamentario, saltándose plazos y procedimientos.

CC OO ve peligrar el abastecimiento

"El Gobierno regional no debería utilizar de manera torticera la Ley de Acompañamiento, metiendo otras reformas y eludiendo el debate que todas ellas deben generar", ha explicado, al tiempo que ha estimado que las iniciativas fiscales incluidas en la normativa son "ultraliberales". Desde su punto de vista, la Ley de acompañamiento va "en dirección contraria a lo que hoy necesitan los madrileños". "Son más regalos fiscales, más prebendas y un tratamiento muy alejado a lo que debería ser una intervención pública dirigida a consolidar servicios y a la protección que necesitan los madrileños", ha apostillado. Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara, Maru Menéndez, ha afirmado que con la Ley de Acompañamiento se va a materializar el objetivo del Gobierno regional de "privatizar" el Canal de Isabel II, al tiempo que ha mostrado la oposición "frontal" de su grupo a esta decisión.

"A la presidenta regional, Esperanza Aguirre, sólo le queda privatizar el aire", ha sentenciado. La diputada socialista ha dicho que el PSOE utilizará "todos los instrumentos a su alcance", especialmente los jurídicos, para evitar que la salida a Bolsa del Canal pueda salir adelante. Para CC OO Madrid, la medida "no sólo pone en riesgo la empresa pública, sino que introduce un factor de desestabilización en el abastecimiento de agua y el fin de la planificación de las políticas de este bien básico que tan buenos resultados han obtenido en los últimos años". El sindicato considera que la empresa pública Canal de Isabel II es una demostración "incuestionable" de que la titularidad y la gestión públicas en servicios esenciales son "más adecuadas y eficientes" que las privadas.