Amnistía acusa al Gobierno de no tomar medidas para impedir los vuelos de la CIA

Amnistía Internacional ha denunciado hoy que el Gobierno no ha tomado "una sola medida" para impedir las "detenciones ilegales" efectuadas por los servicios de inteligencia norteamericanos (CIA) en la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo, ni para evitar que utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para el traslado de prisioneros. "No lo hizo ni siquiera a partir de 2005, cuando ya no podía alegar desconocimiento de la existencia de estos vuelos", afirman los responsables de la organización.

De acuerdo con los datos del informe Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas, presentado por Amnistía, más de 200 personas han sido trasladadas a la cárcel de Guantánamo en vuelos secretos que pasaron por España.

Pese a reconocer un "avance" las pesquisas iniciadas en la Audiencia Nacional, Amnistía pide al Ejecutivo que colabore con las investigaciones de estos vuelos, para aclarar de forma urgente en qué medida España pudo facilitar la comisión de prácticas ilegales. Esta semana, Defensa ha enviado una documentación al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso, en la que se señala que EE UU alegó "apoyo logístico" para justificar los vuelos y detalla 13 escalas y 13 sobrevuelos de 2002 a 2007.

Incumplimiento de obligaciones internacionales

"Las entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos a través de territorio español, los interrogatorios ilegales de policías españoles en Guantánamo o la violación de la prohibición absoluta de la tortura en relación a extradiciones y expulsiones demuestran que España ha respondido a la Guerra contra el Terrorincumpliendo obligaciones internacionales de derechos humanos", según Amnistía.

El informe recopila las investigaciones del Parlamento Europeo, que documenta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta 2005, y denuncia "la falta de control en las bases militares" de EE UU. "En el caso de las bases de Rota y Morón de la Frontera, amparadas por el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, las autoridades españolas dieron luz verde a estas escalas a través de una autorización genérica de carácter trimestral a las autoridades estadounidenses".

Amnistía acusa también al Gobierno de seguir firmando acuerdos sobre terrorismo y cooperación judicial, "sin salvaguardas de derechos humanos", con países como Marruecos, Egipto, Argelia o Estados Unidos. Para la organización, España ignora sus obligaciones internacionales sobre la prohibición absoluta de la tortura al expulsar a su país al sirio, Basel Ghalyoun -absuelto de su participación en el 11-M-, a pesar del riesgo fundamentado de que podría ser sometido a tortura y malos tratos.