Imputados por blanqueo de capitales la mujer y el hijo del 'sheriff' de Coslada

El hijo y la mujer del ex jefe de la Policía Local de la localidad madrileña de Coslada (83.200 habitantes), Ginés Jiménez, han sido detenidos esta mañana en relación con la trama de extorsiones, corrupción y agresiones que llevó a Jiménez, apodado el sheriff a prisión. A ambos arrestados se les acusa de un delito de blanqueo de capitales. María del Carmen Pérez Martínez, nacida en 1959, y su hijo Ginés, nacido en 1986, han sido arrestados sobre las ocho de la mañana en la localidad madrileña, donde residen, y han sido conducidos a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Han salido de allí, agazapados en un taxi y sin hacer declaraciones a los medios, a las 13.40 tras ser informados de sus derechos y de su próxima citación judicial. El juez investiga si madre e hijo han intentado conseguir facturas falsas para justificar el patrimonio del padre.

El que sí ha hablado ha sido el abogado del ex jefe de la Policía Local, Oskar Zein, quien ha explicado a los periodistas congregados a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que madre e hijo han sido detenidos a primera hora de la mañana en su vivienda de la urbanización de Los Barrales, construida por los hermanos Barral. Estos conocidos empresarios de Coslada están siendo investigados por el Grupo VII de la Brigada de Policía Judicial, especializados en delitos de cuello blanco, por supuesto blanqueo de capitales a través de las empresas de las que son propietarios. Zein ha subrayado que los agentes del Grupo VII no han registrado la vivienda, pero han trasladado a los dos detenidos, tras comunicarles su detención, a dependencias policiales.

"Están tranquilos pero sorprendidos por que hayan ido a detenerles hoy a su casa, porque no se lo esperaban", ha declarado. Una vez en Jefatura, los agentes les han comunicado los cargos, pero aún no les han tomado declaración. En cambio, les han indicado que serán citados por el Juzgado correspondiente que se fije, posiblemente el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, cuyo titular instruye el caso Bloque. Las detenciones se enmarcan en la investigación paralela a la operación Bloque y que se sigue en el juzgado contra varios empresarios por blanqueo de capitales. Entre ellos figuran los hermanos Barral, una de las familias más adineradas de la localidad y amiga de Ginés Jiménez. Estos hermanos gestionaron el plan de actuación del barrio del Puerto que supuso la recalificación de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio. Según las fuentes consultadas, los empresarios supuestamente vendían los pisos a un precio muy superior al que exige la calificación de protección oficial, pero escrituraban la cantidad establecida por la normativa de la Comunidad de Madrid. De este modo, se quedaban con buena parte de dinero sin declarar.

Un sueldo de 76.000 euros

La trama de corrupción y extorsión se conoció el pasado 8 de mayo con el inicio de la Operación Bloque, que llevó a prisión a su supuesto cerebro, el propio Jiménez, y a otros 12 agentes implicados en la misma red. En la primera fase de la operación, desarrollada el 7 y 8 de mayo, fueron detenidos una treintena de agentes locales, todos ellos de Coslada excepto uno de Arganda del Rey y otro de Loeches. La segunda fase tuvo lugar el 16 de mayo, fecha en la que fue detenido un empresario de nacionalidad china y, posteriormente, fue imputado el juez de Coslada Carlos Nogales por un delito de coacciones. La Audiencia de Madrid rechazó en agosto el recurso del principal imputado contra su prisión provisional al considerar que podría fugarse, destruir pruebas o volver a delinquir. Está acusado, entre otros delitos, de extorsión, amenazas y prevaricación.

Los policías del Grupo XVI hallaron el 8 de mayo en el trastero del sheriff unos 20.000 euros en efectivo. Cuando fue interrogado, dijo que había cobrado una herencia. Según fuentes policiales, Jiménez no tocaba ni un céntimo de su sueldo (76.000 euros brutos al año) y lo distribuía en cuentas bancarias a su nombre y al de otros familiares. A esas libretas también iba parte del dinero de las extorsiones y las amenazas a empresarios y comerciantes de la localidad. Cobraba entre 3.000 y los 5.000 euros, según la importancia del negocio.

Fuentes de la investigación explican que, para evitar el control de Hacienda, con ese dinero compraba algunos pisos con un contrato privado, pero no lo elevaba a escritura pública para evitar costes e impuestos. En la casa de la familia también se halló un contrato de compraventa por valor de 414. 518 euros de un piso, dos garajes y un trastero a nombre de la esposa de Jiménez, sin trabajo desde 1987.