Gestoras advierte ante el tribunal de que su labor seguirá "hasta la resolución del conflicto"

El juicio contra los 27 miembros de Gestoras Pro Amnistía que se celebra desde hace casi dos meses ante la Audiencia Nacional ha quedado hoy visto para sentencia. La mayoría de los acusados, entre ellos Juan María Olano y el resto de principales dirigentes de la organización han renunciado a su derecho a la última palabra. Pero cuatro de los procesados sí han querido dirigirse al tribunal y han aprovechado la ocasión para advertir en su habitual tono desafiante que la labor de apoyo a los presos de ETA que realiza Gestoras y su sucesora Askatasuna continuará "hasta la resolución del conflicto". Otro de los procesados ha dicho que no son un "movimiento de esclavos" de ETA. La defensa ha reconocido "afinidades ideológicas" con la banda pero sostiene que no son parte de ella porque actúan "sin armas". La Fiscalía opina lo contrario.

Antes del último turno de palabra, en esta última jornada del juicio que se ha prolongado por más de seis horas, los abogados de la defensa han expuesto sus conclusiones finales, en las que han intentado tirar por tierra la tesis de la Fiscalía, que ha afirmado que Gestoras es "una organización terrorista no armada" acatando "de cabo a rabo las instrucciones que ETA da a sus miembros". En su intervención la defensa ha admitido que Gestoras puede tener "afinidades ideológicas con ETA" pero que no puede considerarse como parte de ésta porque su actividad de desarrolla "sin armas".

Los únicos de los acusados, que han quedado reducidos a 24 después de que la Fiscalía retirara los cargos contra tres de los procesados por falta de pruebas, que han querido aprovechar su derecho a la última palabra han sido el responsable territorial de Vizcaya, Julen Larrinaga; la ex dirigente de Batasuna y representante de Gestoras en Alava, Maite Díaz de Heredia; el integrante de la Red Empresarial Juan Antonio Madariaga y el miembro de Askatasuna Sabin Juaristi. Al comienzo del juicio todos y cada uno de los acusados anunciaron su renuncia a su defensa jurídica al considerar que la sentencia estaba ya "escrita". En consecuencia, sus defensas redujeron la lista de más de 200 testigos que habían solicitado a una docena, renunciando, entre otros, a los testimonios del obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE) o el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar.

"¿Cómo se va a acabar con el movimiento pro-amnistía incrementando el número de presos?", se ha preguntado Larrinaga que fue el primero en tomar la palabra y que, tras presentarse como un "anarquista vasco", citar incluso a Bakunin y proclamar que nunca ha sido un "esclavo" de ETA, ha asegurado que la "única forma" de que dejen "de molestar y de denunciar vulneraciones de derechos es acabar con el conflicto y que no haya ningún preso político más". En esta misma línea se han expresado los otros tres procesados. Díaz de Heredia ha advertido de que "una sentencia no va a hacer desaparecer" al movimiento pro-amnistía, sino que lo "va a fortalecer", Madariaga ha defendido "la lucha contra la tortura, el aislamiento y la dispersión" y Juaristi ha proclamado que "el movimiento pro-amnistía terminará cuando se acabe con la represión".

En la última y maratoniana sesión del juicio, que comenzó el 21 de abril, han tomado también la palabra los cinco abogados defensores para exponer sus conclusiones finales en las que han negado que Gestoras y su sucesora Askatasuna formen parte del entramado de ETA, aunque sí han reconocido que "podrían tener afinidades". "Gestoras Pro Amnistía puede tener afinidades ideológicas con movimientos progresistas, de izquierda, pacifistas e incluso con ETA, pero decide qué marco y qué debate va a desarrollar", ha afirmado el letrado Iñako Goyoaga.

En este sentido, los abogados defensores han citado la la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo, en las que "el concepto de terrorismo está ligado a la comisión de actos terroristas", lo que no se corresponde, han apuntado, con las labores de apoyo a presos que desarrollaban los acusados. "Una actividad terrorista sin armas sería una hipótesis de gabinete", ha espetado la abogada Arantza Zulueta. Durante la intervención de los abogados de la defensa, y ante sus proclamas contra "las torturas y abusos policiales" y contra la "ocupación militar de Euskal Herria" la juez Teresa Palacios ha tenido en varias ocasiones que llamarles al orden y exigirles que sus alegatos se ajustaran al objeto del procedimiento. "Si alguien entrara ahora en la sala pensaría que se ha equivocado de juicio", ha dicho la juez. El fiscal Carlos Bautista y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación popular, solicitan 13 años de cárcel para los líderes nacionales de Gestoras Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Angel Jugo, y 10 años para otros 21 miembros de este colectivo por un delito de integración en organización terrorista en condición de dirigentes.