El Gobierno adopta la Directiva Europea de Servicios y reforma la ley concursal

Un viernes más, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis en la que destaca la transposición de la Directiva Europea de Servicios, un proyecto que se arrastra desde 1999 y cuyo objetivo es garantizar el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios en España. Asimismo, el Gobierno ha dado su visto bueno a un decreto ley con reformas urgentes en materia tributaria y financiera que flexibiliza la ley concursal y que permitirá a la Administración reactivar los seguros al crédito de las empresas por hasta 40.000 millones.

En cualquier caso, la estrella del Consejo por su impacto en el conjunto de la economía es la transposición de la Directiva Europea de Servicios y que según el vicepresidente, Pedro Solbes, es "la más importante de toda la legislatura" en materia económica. Concretamente, el Gobierno ha aprobado, por una parte, un Proyecto de Ley con carácter horizontal que traslada los principios de la norma europea -esencialmente recogida en la premisa de libre acceso, ejercicio y establecimiento de los prestatarios de servicios ya sean residentes en el país o no- a la legislación española y que es conocida como ley paraguas. En líneas generales, simplifica al máximo los trámites e invierte el modelo de autorización previa.

En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que, a diferencia del anterior, debe pasar por el Consejo de Estado para ser remitido al Parlamento. Este proyecto, conocido como ley ómnibus, surge de la necesidad de aplicar los principios de la directiva en los diferentes ámbitos y sectores de actividad afectados y, de momento, modifica 46 leyes. En este punto, Solbes ha adelantado que su tramitación puede prolongarse incluso durante meses y, cuando esté totalmente desarrollado, permitirá crear 200.000 empleos, aportar un 1,2% del PIB, impulsar el consumo otro 1,2% y la producción en un punto porcentual.

"Los ciudadanos son mayores de edad"

Según ha explicado el también ministro de Economía, el principal efecto de la transposición de la norma comunitaria es que cambia la tradición tan presente en España de pedir autorización previa para todo por un control a posteriori. "Suponemos que los ciudadanos ya son mayores de edad", ha ironizado Solbes antes de reseñar que, en lugar de este régimen de comparecencia previa y la "preocupación de la administración por cobrar ciertas tasas", a partir de ahora bastará con una comunicación o notificación a posteriori en la que el prestatario de servicios se compromete a desarrollar las funciones que debe cumplir en su actividad. En lugar de "generar problemas", la Administración se centrará en funcionar de forma eficiente y garantizar los derechos de los ciudadanos, ha asegurado.

En su conjunto, se eliminan 14 regímenes de autorización previa, otros 27 se sustituyen por notificaciones a posteriori y se reforma el reglamento de los colegios profesionales. En este sentido, la ley ómnibus contempla también una reforma "en profundidad" de la norma que regula los colegios profesionales, cuya aprobación es anterior a la democracia, con el fin de liberalizar el ejercicio profesional. Concretamente, se suprimirán las limitaciones que existen ahora para ejercer más de una profesión y la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios

A modo de ejemplo, mientras que hasta ahora abrir una empresa de pequeñas obras en el hogar se alargaba durante 20 días por la necesidad de reunir los certificados, acudir al notario y pasar por el Registro Mercantil, la reforma permitirá constituir la empresa en un máximo de 24 horas a través de internet para poder ponerse a trabajar ya al día siguiente e ir remitiendo a la Administración las notificaciones perceptivas en un futuro.

Asegurar las operaciones de crédito

Junto con las dos leyes sobre la trasposición de la directiva de servicios, el Gobierno ha aprobado otro decreto-ley que autoriza al Consorcio de Compensación de Seguros a modo de ICO para participar en el reaseguro de las operaciones de crédito -que cubren los riesgos de insolvencia de las empresas-, lo que permitirá llevar a cabo avalar operaciones comerciales de hasta 40.000 millones de euros. También ha reducido el interés legal del dinero que sirve de base para fijar el precio de multitud de operaciones del 5,5 al 4% y el tipo de demora para pagar las deudas tributarias del 7 al 5% porque el dinero es más barato. "El del BCE, no el de los bancos", ha puntualizado Solbes.

Como consecuencia de la crisis financiera, las aseguradoras están restringiendo los riesgos que asumen y, por tanto, están cortando el grifo y reduciendo la cobertura a las tradicionales pólizas de seguro de crédito que contratan las empresas. Para evitar este estancamiento, que asfixia aún más a un sector que está sufriendo como el que más las tensiones financieras, el Gobierno pretende con esta medida asegurar el normal funcionamiento del tráfico mercantil asumiendo una parte del riesgo que hasta ahora asumían las aseguradoras, lo que beneficiará fundamentalmente a las pymes y aportará medios en la búsqueda de la reactivación económica.

Nueva ley concursal

Finalmente, el Ejecutivo ha dado su visto bueno a la reforma de la Ley Concursal, con la finalidad de garantizar un procedimiento concursal más ágil, menos costoso y eficiente en sus resultados, así como generar incentivos para que las empresas y el resto de deudores se acojan al concurso (antigua suspensión de pagos), eliminando trámites procesales innecesarios, abaratando costes y reorganizado la administración concursal.

La intención del Gobierno es simplificar la tramitación de los concursos ante los problemas de acumulación de peticiones de los mismos que se están dando en la actualidad como consecuencia de la crisis, así como las dificultades en las funciones preconcursales.