La voracidad inmobiliaria amenaza La Axarquia

Empieza a ser frecuente que cuando se destapa un caso de corrupción urbanística no provoque reacciones de sorpresa. "Esto se veía venir" fue una expresión muy repetida el pasado viernes tras conocerse la detención del alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba (PSOE), y otras 12 personas imputadas de varios delitos relacionados con la concesión de licencias de obras contrarias a la norma y las recalificaciones de suelo a cambio del cobro de comisiones. 160.000 euros encontró la Guardia Civil ocultos bajo un colchón en la casa de Martín Alba, que desde la madrugada del miércoles 4 de marzo se encuentra en la prisión de Alhaurín de la Torre de orden de la juez instructora del caso, Irene Urbión.

La Junta de Andalucía estima 10.000 casas ilegales en la comarca, y los ecologistas calculan que el doble

La crisis inmobiliaria y las imputaciones contra los alcaldes han motivado un frenazo en la construcción

También ha sido encarcelado José Francisco Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga que firmó informes favorables a algunas promociones inmobiliarias de empresarios imputados en la trama de la conocida como operación Arcos y para algunos de los cuales también trabajó a título particular como autor de proyectos de construcción.

Tras este nuevo caso de corrupción, sea un episodio aislado o no, se esconde un cúmulo de irregularidades urbanísticas en la comarca de La Axarquía, una zona de tradición agraria al este de la provincia de Málaga, que si permaneció ajena al desarrollo inmobiliario y turístico de la franja occidental, la conocida Costa del Sol, ha soportado una fuerte presión en los últimos años. Frente a la saturación del litoral al otro lado de Málaga, La Axarquía era un territorio casi virgen en sus playas y con un territorio en montaña con interesantes valores ambientales y paisajísticos. Los municipios costeros más conocidos, como Rincón de la Victoria, Vélez Málaga, Torrox y Nerja, están rodeados por el último parque natural que ha adquirido esta categoría en Andalucía, el se la Sierra Tejera y Almijara, y coronado por el pico más alto de la provincia, La Maroma (2.065 metros).

Por estas pendientes se esparcen una treintena de pueblos pintorescos con evidentes reminiscencias moriscas. La actividad agrícola tradicional de esta comarca, principalmente relacionada con el viñedo (producción de vino y pasas), entró en declive en la segunda mitad del siglo XX, cuando la comarca sufrió un significativo proceso de despoblamiento.

Desde los años 70, el desarrollo turístico del litoral oriental de Málaga y la incorporación de los cultivos tropicales iniciaron un proceso de transformación que ha tenido entre sus características un urbanismo desordenado y muy voraz con los recursos naturales.

La población de La Axarquía, con sus alcaldes a la cabeza, fueran del color que fueran, vieron en la demanda de casas de campo, sobre todo de extranjeros, una excelente oportunidad de desarrollo. Las viejas casas de aperos e incluso los paseros, comenzaron a despertar interés de pronto para transformarlos en chalés o mansiones, el valor de las tierras creció, aunque sin perder su consideración de rústica, y empezaron a proliferar nuevas construcciones, diseminadas que cada vez lo son menos, pese a tratarse de suelo no urbanizable.

Todo ello sin criterio ni ordenación, las construcciones han proliferado aun sin disponer de servicios básicos de abastecimiento de agua o saneamiento. La inmensa mayoría de los municipios de La Axarquía carece de plan general de ordenación urbana y los que si tenían algún instrumento de planeamiento eran normas subsidiarias que resultaban muy débiles para hacer frente a la presión.

La Junta de Andalucía estimó hace cuatro años que se han podido construir unas 10.000 viviendas en suelo no urbanizable en la comarca, aunque el Grupo de Estudios de la Naturaleza de La Axarquía (Gena) eleva la estimación a más del doble.

La Axarquía se ha convertido en un puzzle muy complicado de resolver, pero al que se ha llegado con la permisividad de los alcaldes de distinto color político, y sin que ni la administración autonómica ni la Justicia hayan sido capaces de evitarlo, aunque la Junta de Andalucía haya tramitado unas 800 denuncias por irregularidades en la comarca.

Parcelas mínimas

Sólo en Alcaucín, Gena estima que en los últimos 16 años se han construido al menos 1.064 viviendas ilegales -Martín Alba es alcalde desde hace 20 años-. Según los datos de la Dirección General del Catastro, este municipio de apenas 2.200 habitantes tenía 1.538 parcelas edificadas en 2007, un 51% más que nueve años antes. Sólo en Alcaucín, la Junta ha impugnado 27 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento, y las 18 sentencias ya emitidas le han sido favorables. Otra cuestión es que en la mayoría de las ocasiones se construye sin licencia, pero los ayuntamientos no hacen nada por impedirlo ni toman medidas sancionadoras.

Las tensiones además han sido constantes entre los distintos poderes, incluso estando en manos del mismo partido. Así, los alcaldes del PSOE, partido mayoritario en la zona, fueron siempre reacios al Plan de Ordenación Territorial (POT) de La Axarquía impulsado por la Junta para fijar unos criterios comunes en el ordenamiento de la zona y poner límites al desenfreno urbanístico. Los alcaldes siempre entendieron que el documento era poner un obstáculo a su única posibilidad de desarrollo e incluso llegaron a reclamar alguna fórmula especial para la zona que la eximiera del precepto introducido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en vigor desde enero de 2003, que estipula que para construir una vivienda en suelo no urbanizable debe disponer de una parcela mínima de 25.000 metros cuadrados y estar necesariamente vinculada a tareas agrícolas. Los alcaldes alegaban que en La Axarquía, caracterizada por producciones agrarias muy atomizadas, ha habido tradicionalmente una división del terreno inferior.

Con el apoyo de 16 alcaldes del PSOE y el rechazo de siete del PP y dos andalucistas, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en julio de 2006 el POT de La Axarquía. Para lograrlo se pactaron fórmulas para la posible legalización de viviendas en suelo rústico con condicionantes de plantas, metros cuadrados, la incorporación de plantas y cultivos tradicionales en la zona, la dotación de servicios básicos costeados por los propietarios, o que en ningún caso pueda levantarse una construcción en un suelo con una pendiente de más del 50% y con determinadas condiciones entre 35% y 50%, entre otras exigencias.

El plan planteaba unas inversiones públicas de más de 500 millones de euros en infraestructuras en la zona. Se planteó entonces la constitución de un consorcio entre la Junta, la Diputación Provincial de Málaga, y los ayuntamientos para revisar los casos y determinar las situaciones susceptibles de legalizar y las que no, que quedarían abocadas a la demolición.

Pero esa es una palabra maldita de la que los alcaldes no quieren ni oír hablar, ni los propietarios, que en eso sus mejores aliados. En dos años no se dio un sólo paso, aunque ha crecido el desconcierto. Los alcaldes, muchos de los cuales se han visto ahora imputados en procedimientos judiciales por prevaricación urbanística al conceder licencias o permitir construir en suelo no urbanizable, parecen haber echado el freno, en un momento además de frenazo de la actividad inmobiliario.

Uno de ellos es el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), para quien la Fiscalía pide 18 meses de prisión por dar tres licencias de obras para construir en suelo no urbanizable en un procedimiento que se juzgará próximamente. La Viñuela, junto a Alcaucín, son dos de los municipios donde más evidente es la expansión urbanística, porque en su territorio no se limita a la transformación de casas de aperos en viviendas diseminadas, sino que han proliferado urbanizaciones y edificios de apartamentos, una tipología muy impropia de la zona. Son los dos pueblos más próximos al pantano de La Viñuela, el mayor de la provincia de Málaga, en el eje de la carretera interior que une Vélez Málaga con Alhama de Granada.

La solución debe venir vía colaboración. Como reconoce el director general de Inspección Urbanística de la Junta, José Ortiz, a la administración autonómica de poco le importa ganar la inmensa mayoría de los contenciosos en los que se embarca, y entiende que no habrá solución mientras los ayuntamientos no se impliquen en el control de la legalidad y en el ordenamiento.

La Junta ha propuesto a los municipios un plan concertado sin apriorismos. Los inspectores de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio patearán el terreno para elaborar un censo de construcciones y conocer con detalle todas las características legales, físicas, constructivas, registrales, de las viviendas; y, en el marco de la elaboración de los planes de ordenación, definir las que pueden ser legalizables y no. Los ayuntamientos entretanto no deben dar una licencia más. Siete municipios ya han solicitado acogerse a este plan: Alcaucín, Canillas de Aceituno, Comares, Cómpeta, Salares, Sayalonga y Viñuela.