Bruselas da un mes a España para retirar las condiciones "ilegales" a la OPA sobre Endesa

La OPA sobre Endesa sigue dando coletazos y, después de que esta semana quedasen patentes las primeras diferencias entre sus dos compradores a la hora de dirigir los caminos de la eléctrica, ahora amenaza con hacer que el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario acaben dirimiendo sus diferencias sobre las condiciones impuestas a la operación ante la Justicia europea.

El último capítulo de un culebrón que comenzó hace ya dos años con la primera oferta de la alemana E.ON sobre Endesa lo ha firmado hoy la Comisión Europea (CE), que ha dado hoy a España un mes para retirar las condiciones "ilegales" puestas a la adquisición de Endesa por Acciona y Enel, y le advirtió que de lo contrario podría denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Tras conocerse el ultimátum de Bruselas, el vicepresidente segundo del Gobierno y titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha asegurado que "no es necesario" esperar a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para retirar las condiciones a la compra de Enel y Acciona sobre Endesa.

Después de meses criticando la contradicción entre la legislación comunitaria sobre energía, que permite a los países aducir razones de estrategia nacional para poner condiciones a este tipo de operaciones, y la presión que Bruselas ejerce sobre España por las limitaciones a la compra de Endesa, que según el Gobierno pone en evidencia que en la práctica no las acepta, Solbes ha suavizado su tono en este tema.

Así, preguntado acerca de si el Gobierno está dispuesto a retirar las condiciones, Solbes ha señalado que "hay que estudiar jurídicamente el tema" y, si se considera que la CE tiene razón "y hay que hacerlo, pues se hará".

El vicepresidente ha explicado que el Gobierno abrió el estudio sobre la legalidad de las condiciones "desde el primer día" y que ahora "lo que hay que llegar es a las conclusiones". "Pero no es necesario (tener) una sentencia en firme" para retirar los requisitos a la OPA de Enel y Acciona, ha asegurado.

La CE ha enviado a España un dictamen motivado, el siguiente paso en el procedimiento de infracción que abrió en enero, y le ha pedido de nuevo que retire las condiciones.

La decisión de Bruselas se ha producido una semana después de que el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la UE, Marc Jaeger, rechazara un recurso de España para suspender la determinación de la CE de declarar ilegales varias de las condiciones impuestas a la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa.

La CE "ha pedido formalmente a España que acate su decisión" de diciembre de 2007 "de suprimir las condiciones impuestas" a la operación, ha señalado un comunicado.

"De no recibir una respuesta satisfactoria en un mes, la Comisión podrá llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo", ha advertido el Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por las autoridades españolas a la OPA de Acciona y Enel sobre Endesa eran ilegales, por lo que ha pedido su retirada.

Tras la decisión española de no retirar esas medidas, el Ejecutivo comunitario inició en enero pasado un procedimiento de infracción.

"Dado que, en su respuesta, las autoridades españolas no comunican la retirada de las medidas ilegales, la Comisión ha decidido continuar el procedimiento de infracción", ha explicado a través del comunicado.

Protección de intereses

La operación, valorada finalmente en unos 43.500 millones de euros, fue autorizada por la Comisión Europea en julio del año pasado. Según el Reglamento europeo de concentraciones, la CE tiene competencia exclusiva sobre estas fusiones y los Estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia.

Los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas son la seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales, pero incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas.

Entre las medidas que Bruselas considera ilegales figuran: mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.

El Gobierno español argumentaba que, con sus restricciones, primero a E.ON y luego a Enel y Acciona, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.