La esposa del empresario rechaza declarar ante el juez por el PGOU de Alicante

La esposa del constructor Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá, "Maleles" se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el juez que instruye la pieza separada del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Carratalà ha permanecido menos de diez minutos en el interior del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular es Manrique Tejada, ante el cual no ha hecho declaración alguna.

En su nombre, sus abogados, Francisco Ruiz Marco y Alejandro Bas, han afirmado al juez que se acoge al derecho constitucional que tiene como imputada de no declarar durante la instrucción de la causa. Han argumentado, entre otros razonamientos, que la defensa no ha tenido suficiente tiempo, en el plazo dado por el magistrado de 20 días, para estudiar esta "voluminosa" causa, de más de 8.000 folios.

En esta breve comparecencia también han estado presentes el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, y los abogados de las dos acusaciones particulares, Raquel Cremandes (EU) y Fernando Montalvo (PSPV-SOE).

María Manuela Carratalá es la tercera en declarar en esta causa y está imputada como supuesta intermediaria en los regalos de su marido a cargos públicos.

El primero en comparecer ante el juez fue el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, quien admitió haberse reunido dos veces con el constructor a instancias de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, aunque negó que facilitara información privilegiada o que recibiera dádiva o contraprestación de algún tipo.

Ayer declaró Ortiz, quien rechazó responder las preguntas del juez, fiscal y abogados de las partes, y únicamente hizo un alegato en el que aseguró que los políticos de Alicante no le habían beneficiado en la redacción del planeamiento urbanístico y que no le habían pedido ni él ofrecido regalos. Además de estas tres personas, el juez Tejada ha citado para el 20 de julio al directivo de Bancaja en

2008 José Cortina y el 21 al de Caja Mediterráneo (CAM) Daniel Gil, así como al empresario Bernardo Campos (día 27) y al abogado Jorge Jacobi (28).

En esta causa, el fiscal Anticorrupción también considera implicados a la actual alcaldesa de Alicante y a su antecesor Díaz Alperi, ambos del PP, por supuesto trato de favor a Ortiz en el PGOU.

No obstante, por su condición de diputados autonómicos en las Cortes, Castedo y Díaz Alperi están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).