Los sindicatos de AENA amenazan con 22 días de huelga en fechas clave

Más quebraderos de cabeza para los usuarios de los aeropuertos. Los sindicatos CC OO, UGT y USO presentaron ayer en la Dirección General de Trabajo el preaviso de huelga para 22 jornadas, contra la privatización de los aeropuertos de AENA. Las fechas de los paros incluyen fechas clave de Semana Santa (20 y 21 de abril, Miércoles y Jueves Santo), el 24 y 25 del mismo mes (Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua). El calendario de huelga prosigue con el 30 de abril, el 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo (durante la campaña electoral para las municipales y autonómicas), el 13, 23 y 30 de junio, el 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio y el 1, 15 y 31 de agosto.

Los sindicatos ya habían anunciado la convocatoria de paros en la manifestación celebrada el 26 de febrero en Madrid, ante la negativa del Gobierno a rectificar en su intención de privatizar los aeropuertos. Los representantes de los 9.600 empleados convocados a la huelga (AENA tiene unos 13.000, pero hay que restar a los 2.400 controladores y a los empleados a tiempo parcial que relevan a mayores de 60 años) son contrarios no tanto a la venta de hasta el 49% de la empresa recientemente constituida Aena Aeropuertos como a la concesión de la gestión de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat a empresas privadas.

Blanco cita a los trabajadores mañana jueves para negociar

Los paros se han fijado para Semana Santa, puentes festivos y vacaciones

Nada más conocer la formalización de la convocatoria el ministro de Fomento, José Blanco, emplazó a los sindicatos a una reunión mañana jueves para negociar. "Yo estoy seguro de que podremos conseguir" un acuerdo, dijo por la tarde en declaraciones a los medios en el Senado, donde expresó su "máxima disposición" y la de AENA para alcanzar un pacto que evite los paros.

Lo haya o no, con toda seguridad sí se establecerán servicios mínimos. En la huelga general del 29 de septiembre los sindicatos acordaron con Fomento garantizar el 50% de los vuelos entre la Península y las islas y los interinsulares, el 10% del resto de vuelos nacionales y el 20% de las conexiones europeas.

Entre los trabajadores convocados al paro se encuentran, por ejemplo, los bomberos, sin los que, por normativa internacional de seguridad, no se puede operar un aeropuerto, y cuyo número mínimo determina cuántos aviones y de qué tamaño se admiten. En el caso del 29-S fueron el 25% de los trabajadores afectados por servicios mínimos.

Los colectivos esenciales para garantizar las operaciones incluyen los empleados de mantenimiento de aeropuertos (desde ascensores a sistemas eléctricos), los de gestión de operaciones (ejecutivos de servicio, personal que asigna puertas de embarque o cintas de equipaje) y los de servicios de pista y plataforma (señaleros, operadores de pasarelas). A esos habría que añadir los de servicios aeroportuarios (asistencia a los pasajeros, supervisión de la terminal).

En AENA trabajan otros muchos profesionales, pero su desempeño no es tan crítico para que el aeropuerto pueda operar.

El conflicto de los trabajadores de AENA comenzó con el decreto que aprobó el Gobierno el 3 de diciembre pasado por el que abrió la puerta a la privatización de la red pública. Pero ese mismo día se produjo el abandono masivo del puesto de trabajo de los controladores y su militarización, de modo que los sindicatos decidieron no convocar los paros que tenían previsto para las Navidades. "No quisimos entrar en más follones", explica César Revuelta, de CC OO. En las conversaciones de enero se llegó a un preacuerdo para cobijar bajo un convenio de grupo a los trabajadores de AENA y sus eventuales filiales.

Los sindicatos acusan a Blanco de mentir por haber dicho que había una hoja de ruta pactada para la privatización y que seguía la negociación. Revuelta explica que desde la manifestación del día 26 no ha habido ningún contacto, si bien asegura que si el Gobierno quiere negociar "hay un mes para explorar las posibilidades".

Pero no da mucha esperanza de que se alcance un acuerdo. "Siguen diciendo que se dan garantías a los trabajadores pero no han puesto nada encima de la mesa", afirma Revuelta, que añade que pretenden abrir un debate en la sociedad sobre la privatización de la gestión aeroportuaria, que a su juicio ha sido una decisión improvisada y sin discusión parlamentaria.

Raúl Gómez, de UGT, incide en esa idea y recuerda que AENA ha convocado un concurso para la asesoría en el desarrollo del nuevo modelo aeroportuario por 2,6 millones. "Además, sabemos por experiencia en otros sectores que cuando se pasan los trabajadores a una concesión tarde o temprano se rebajan sus derechos".