La quimera del pleno empleo

Los pisos pierden valor. Las ventas disminuyen. La construcción destruye empleo. Y el resto de la economía se contagia. Este esquema, aplicable a la actual coyuntura económica, sintetiza también los albores de la crisis más profunda que ha vivido el país en democracia: la de 1993. La incertidumbre que reina en todos los mercados, entre ellos el laboral, invita a retroceder hacia aquel momento, aún en la memoria de la mayor parte de los ocupados. Aunque los cimientos son ahora más sólidos, el fantasma del paro amenaza con instalarse de nuevo en la economía.

"Un país como éste, que ha conocido tasas de paro superiores al 20%, ha quedado traumatizado. Pero hay que guardar distancia", recomienda Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con la subida del paro y la destrucción de empleo que arroja la encuesta de población activa del primer trimestre del año, conocida el pasado viernes, la memoria tiende a buscar referentes en los noventa, pero las cifras permiten marcar diferencias.

Más inquietante que el aumento del paro es la destrucción de puestos de trabajo

Gobierno, patronal y sindicatos discrepan respecto a las soluciones

El principal reto reside en el tan reiterado cambio de modelo productivo

La economía española daba empleo a 12,2 millones de personas en 1993, con una tasa de paro cercana al 24%. Ahora hay 20,4 millones de ocupados y el paro, aunque ha crecido más de un punto en tres meses, afecta al 9,6% de la población activa. "En aquel momento trabajaba una de cada dos personas en edad de hacerlo; ahora son dos de cada tres", explica Antonio González, hasta el pasado viernes secretario general de Empleo. Este alto cargo trata de ahuyentar el miedo a que las prestaciones por desempleo, que crecerán más a medida que suba el paro, pongan en peligro los recursos públicos. "El gasto en paro es ahora la mitad de lo que era entonces", apunta González.

Más inquietante que el aumento del paro o el gasto que genera a las arcas públicas es la destrucción de puestos de trabajo. El desempleo puede aumentar por dos causas: porque exista más gente dispuesta a buscar un puesto de trabajo o porque quienes ya tienen uno lo pierdan. Hasta ahora, en el repunte del paro ha predominado la primera razón. Pero empieza a despuntar con fuerza la segunda. En el primer trimestre del año han trabajado 74.600 personas menos que a finales de 2007.

"Si el producto interior bruto (PIB) crece más del 1,5%, no creo que se destruya empleo [en términos interanuales]", calcula José Antonio Herce, socio director de economía de Analistas Financieros Internacionales. De momento, casi todas las previsiones de crecimiento para 2008 superan esa barrera, salvo la de la revista The Economist, que augura un 1%. Herce no cree que el escenario, atribuido en su opinión a la crisis del ladrillo, se acerque "ni de lejos al de 1992-1993". Con una condición: "En la medida en que se evite el contagio [a otros sectores], la situación de la economía no será tan grave como la de entonces".

Parte de ese contagio es, en cierta medida, inevitable. El declive de la construcción ha coincidido con una crisis financiera internacional que está restringiendo el acceso al crédito. Eso afecta a las empresas de todos los sectores, especialmente a las pequeñas, que conforman un 90% del tejido productivo. "Para lo bueno y para lo malo, tenemos una situación más abierta al exterior. El euro ha dado estabilidad, pero también estamos más expuestos a la crisis", añade Juan Menéndez-Valdés, técnico del departamento de relaciones laborales de la CEOE.

El factor más novedoso de esta nueva coyuntura de paro es el colectivo al que afecta. Mientras que hace 10 años la presencia de inmigrantes en el mercado laboral era insignificante, ahora representan el 14,4% de los ocupados. La asociación de grandes empresas de trabajo temporal, Agett, alerta de que, al centrarse el foco de la crisis en la construcción, sus efectos tocan de lleno a los inmigrantes, pues "gran parte de su mano de obra está cubierta por extranjeros".

La cautela prima entre los analistas ante un fenómeno del que no existen precedentes. Como cualquier otro trabajador que haya cotizado lo suficiente, los extranjeros tienen derecho a cobrar el paro. Pero, agotada esta vía, disponen de menos redes familiares que alivien la carencia de recursos. Más bien al contrario: sus familias, en España o en el exterior, dependen de sus ingresos. Lola Liceras, responsable de empleo de Comisiones Obreras, propone analizar si las prestaciones actuales cubren a ese colectivo y ampliarlas en caso de que no sea así. "Ahora, los nuevos parados tienen un perfil diferente a los que había cuando se creó el subsidio", alega.

La CEOE recela de la medida recientemente anunciada por el Gobierno de abonar toda la prestación por desempleo si el extranjero regresa a su país. "No sé si es la mejor opción. Esas cosas hay que verlas con calma", asegura Menéndez Valdés. Más contundente es Josep Oliver, que insta a no perder un capital humano de gran valor para la economía: "Si tienen arraigo social, nos convendría que no se marcharan, porque cuando nos recuperemos, los vamos a necesitar de nuevo". Jesús Pérez, responsable de empleo de UGT, aboga por aumentar el colchón social de los inmigrantes para evitar exclusiones y conflictos.

Además de contar con casi tres millones de inmigrantes, el mercado laboral ha incorporado desde 1993 a cuatro millones de mujeres. Eso implica en gran medida que hogares en los que antes sólo entraba un sueldo ahora se abastecen de dos, lo que los hace menos vulnerables al paro. En 1993 llegó a haber en España un millón de familias con todos los miembros en edad de trabajar en el desempleo.

Aquella situación creó un clima de conflictividad social ahora impensable, aunque todo dependerá de la magnitud de la crisis. Cuando en 1993 se perdieron un millón de empleos, los sindicatos hablaron de riesgo de "explosión social". En cierta medida ocurrió. Para paliar el desempleo, el Gobierno socialista de entonces aprobó una reforma laboral que flexibilizaba la entrada en el mercado para los jóvenes y ampliaba los supuestos de despido. Los sindicatos respondieron con una huelga general en enero de 1994 que no logró frenar las medidas.

El escenario es ahora radicalmente distinto. Gobierno, patronal y sindicatos se preparan para una nueva ronda de diálogo social que siente las bases de un empleo más sólido. Las tres partes coinciden en el diagnóstico, aunque discreparán respecto a las soluciones. Trabajo parte de un principio que pretende desterrar los intentos de deteriorar más el mercado. "La reducción del coste del despido no tiene que ver con la recuperación de la economía. El presidente del Gobierno dijo que no se recortarían derechos en la legislatura. Y Trabajo sigue apostando por la calidad del empleo", sostiene Antonio González.

Los sindicatos no quieren ni oír hablar de estas medidas. Tampoco la CEOE las plantea, al menos abiertamente. Trabajadores y empresarios coinciden en que es imprescindible abordar una reforma pendiente: la de los servicios públicos de empleo. El objetivo es que sean eficaces tanto en encontrar trabajo a los desempleados como en diseñar buenas políticas que inserten a los parados en el mercado.

El principal reto, sin embargo, reside en el tan reiterado cambio de modelo productivo. "Hay una excesiva dependencia de la construcción y del consumo familiar", subraya Jesús Pérez, de UGT. "Necesitamos apoyar a esos sectores que deben tomar el relevo", añade Liceras, de CC OO. Mientras el ladrillo daba frutos no se ha planteado con urgencia, pero ahora resulta acuciante. En una primera fase, se trataría de encontrar recambio para los expulsados de la construcción. La hostelería y, sobre todo, los cuidados personales que impulsa la ley de dependencia constituyen una buena opción. Casi todos los consultados recomiendan también acelerar las infraestructuras e invertir más en innovación. José Antonio Herce se atreve con el coste del despido: "Hay que flexibilizarlo para que los trabajadores entren y salgan con más facilidad del mercado laboral".

Más allá de los datos, el nivel de confianza determinará la manera de afrontar la crisis. Oliver sostiene que una buena parte del empeoramiento del mercado de trabajo en el primer trimestre obedece a la incertidumbre electoral, ya saldada: "Lo ocurrido era, en cierta forma, una profecía autocumplida". -