El nombramiento dependerá de un informe de incompatibilidad

Para poder fichar por la patronal de las constructoras, David Taguas ha enviado una declaración detallando las actividades que va a realizar a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas. Este organismo, de acuerdo con el artículo 8.4 de la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, debe emitir un informe en el plazo de un mes. Esta respuesta es en la práctica un permiso para aceptar el cargo en SEOPAN. La Oficina decidirá "pronto" sobre este asunto.

Se considera alto cargo cualquier nombramiento del Consejo de Ministros. Según la ley de incompatibilidades, durante dos años después de cesar no se puede ocupar cargos en "empresas o sociedades relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado". La ley detalla que sería una relación directa intervenir "en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades".

La Oficina Económica del Presidente no toma acuerdos, no tiene capacidad ejecutiva, sólo asesora y elabora informes. Pero su director se sienta en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que sí toma acuerdos ejecutivos. Esa comisión estudia todas las leyes del ámbito económico.

Plan de vivienda

Desde que Taguas fue nombrado, en diciembre de 2006, la comisión ha adoptado acuerdossobre los tipos de interés de las hipotecas del Plan de Vivienda o los precios básicos de la vivienda de ese plan, así como la mayoría de proyectos de Fomento, Industria y Economía. La Oficina de Incompatibilidades debe investigar si las decisiones de la Delegada con Taguas en el cargo han tenido relación directa con el sector de la construcción.

Fuentes jurídicas explicaban ayer que no está claro que SEOPAN sea una "empresa o sociedad" en el sentido que dice la ley. En realidad, hace funciones de lobby para las empresas. El espíritu de la ley de incompatibilidades, en cualquier caso, está recogido en su preámbulo. La ley se hizo para establecer "garantías para que durante el ejercicio del cargo público no se vea afectada su imparcialidad e independencia". Es decir, que su paso a la actividad privada no arroje sombras sobre sus actuaciones como servidor público.

En cualquier caso, el director de la Oficina Económica es un cargo de referencia, cuya influencia afecta a todos los sectores, incluida la construcción.