Los expertos fichados por Trabajo dudan de la viabilidad del fondo para el despido

La mala situación económica y el corsé que impone la reforma laboral hacen inviable establecer en España un fondo de capitalización para el despido como el que existe en Austria. Y, sobre todo, captar cada año los recursos que necesitaría, 7.500 millones de euros, sin subir las cuotas sociales. La reforma laboral imponía la creación, antes del próximo 18 de junio, de una especie de seguro frente al despido que aliviara costes para el empresario sin que el trabajador percibiera una menor compensación por perder su trabajo. Antes de redactar la ley, la propia reforma imponía que una comisión de seis expertos elaborara un informe con las alternativas de financiación existentes. Trabajo recibió ayer el documento.

La medida tendría un coste anual de unos 7.500 millones de euros

La Comisión pide cambiar la reforma laboral y buscar una alternativa

Las conclusiones son claras. Poner en marcha este fondo "exigiría una mejora sustancial de la situación económica por los elevados recursos económicos que exige su puesta en marcha", escriben los expertos. Además, el sexteto constata que la principal directriz que impone la reforma laboral para crear este fondo, que es no aumentar las cotizaciones a la Seguridad de los empresarios, imposibilita "implantar un sistema que supone costes tan elevados".

La creación de un fondo de capitalización para el despido fue uno de los principales debates que se suscitaron el año pasado durante la negociación fracasada de la reforma laboral. Con este modelo, del que el actual ministro de Trabajo Valeriano Gómez es un ferviente partidario, el empresario aliviaría los costes del despido. El trabajador, por su parte, tendría a su disposición una hucha a la que podría acceder cuando lo despidieran, lo trasladaran, decidiera formarse o se jubilara.

Mientras se creara ese fondo, la reforma estableció que el Fogasa pagaría al asalariado que perdiera su trabajo una cantidad equivalente a ocho días por año trabajado. No obstante, los empresarios solo contarían con esta subvención para los contratos firmados después de que la reforma entrara en vigor y si el despido era procedente (20 días por año trabajado). Partiendo de este punto, los seis expertos han llegado a la conclusión de que el fondo de despido previsto en la reforma laboral es inviable. Según sus cálculos, necesitaría al año unos 7.500 millones de euros, una cantidad que equivale a aumentar unos tres puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que prohíbe la reforma.

Ante esta situación, los expertos concluyen que el Gobierno tendría que plantearse la posibilidad de alargar la situación actual en la que el Fogasa subvenciona los despidos hasta que mejore la situación. Esto supondría introducir cambios en la reforma laboral apenas un año después de ser aprobada.

Además, la comisión analiza tres alternativas. La primera también supondría un importante esfuerzo financiero de unos 4.200 millones de euros al año. La segunda, que consiste en la importación mimética del modelo austriaco a España, conllevaría un cambio sustancial en el planteamiento del despido al tener que permitir que se produjera sin causas. La última sería convertir en permanente la situación actual.

La comisión de expertos ha necesitado poco más de un mes para elaborar el informe. Sus seis integrantes, designados por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios han sido Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada; Juan López Gandía, Catedrático de Derecho Laboral; José Ignacio Pérez Infante, de la Comisión de Convenios Colectivos; Esteban Rodríguez Vera, antiguo secretario general técnico del Ministerio; Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal de Seguros, y Alberto Nadal, asesor de CEOE.