Las cajas de Castilla y León deciden unirse en una sociedad común

La crisis está facilitando la tarea de la Junta de Castilla y León para ablandar las resistencias de los directivos de las cajas. Las entidades de ahorro de esta región (Caja España, Caja Duero, Caja Municipal de Burgos, Caja Círculo de Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia) presentaron unos resultados hasta junio caracterizados por la caída del beneficio y la subida de la morosidad. La pinza perfecta para que empiecen los problemas. Hasta la fecha, Caja España, con sede en León, tiene el récord de ser la entidad con mayor tasa de morosidad del sistema, un 3,9%.

El nuevo organismo controlará la liquidez, la solvencia y emitirá cuotas

Con estos antecedentes, el PP, que controla la Junta, y el PSOE iniciaron negociaciones que se tradujeron en diferentes proyectos, que luego fueron consultados con el Banco de España. El primero de ellos fue el de "cooperación reforzada", una idea que el supervisor consideró floja. La Administración pensó ir directamente a la fusión de las seis cajas, pero finalmente se desechó para empezar por una tercera vía, que se denomina el "sistema institucional de protección", un nombre realmente abstracto.

Bajo esta denominación está el diseño de una sociedad holding que tendrá la marca de Grupo Cajas de Castilla y León. Esta idea, que cuenta con el apoyo del Banco de España según fuentes cercanas a la operación, tendrá un consejo de administración formado por todas las entidades, con una representación proporcional a los activos. Este órgano controlará la solvencia y la liquidez de todas las cajas, aspecto muy relevante, y podrá emitir cuotas participativas. El órgano común contendrá las participaciones industriales más relevantes de las cajas. El objetivo es que tenga músculo financiero para poder atender las demandas de las empresas de la región e, incluso, acompañarlas al extranjero. También contempla la posibilidad de comprar alguna entidad fuera, una vez que estén cotizando las cuotas. Además, este holding concentrará los servicios informáticos y administrativos de las seis entidades, para poder ahorrar costes.

Lo que quedará fuera, precisamente para evitar los conflictos políticos y la disputa entre Valladolid y León, será el negocio minorista. Cada caja también seguirá con sus redes de oficinas, la plantilla, la distribución de la obra social y, algo muy relevante, las sedes sociales.

Fuentes de los dos partidos coinciden en privado que el objetivo final "debe ser la fusión, pero esta experiencia es muy buena para ahondar en el conocimiento de las entidades".

Este modelo ha buscado algunas diferencias con el de Andalucía, por ejemplo, ya que no tendrá un banco. Precisamente la utilización de esta ficha bancaria, el Banco Europeo de Finanzas, fue uno de los mayores escollos para las cajas andaluzas y, hasta el momento, tampoco ha tenido excesiva actividad.

Uno de los últimos trámites será el congreso regional del PP de Castilla y León, donde Juan Vicente Herrera, presidente del gobierno regional, espera obtener el visto bueno definitivo. Hasta ahora, el PP de Ávila ha sido el más beligerante contra el proyecto, en el que no quiere ver nada relacionado con la integración y sólo dice apoyar lo que sea una "cooperación".

Tanto la Junta como los representantes del PSOE, que no ha puesto objeciones al proyecto, creen que la crisis exigirá una mayor dimensión a las entidades "sobre todo si quieren apoyar con créditos a las empresas en circunstancias difíciles, como las que vienen", según fuentes de los partidos.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, avanzó ayer que las cajas ganaron un 1,8% menos hasta septiembre, pero que lograrán en el conjunto del año un crecimiento del crédito del 7,5%. Quintás subrayó, en una entrevista concedida a TVE, que el resultado era positivo y rechazó, otra vez, las fusiones forzadas por la crisis. Quintás destacó que no son "algo gratuito" y que tienen costos muy significativos y a veces un desgarramiento social.