Telefónica da el primer paso para romper la alianza con PT

Telefónica ha dado el primer paso para intentar romper su alianza con Portugal Telecom (PT) sobre Vivo. La compañía española ha contratado a la firma holandesa de abogados De Brauw Blackstone Westbroek para buscar la disoulución de Brasilcel, la sociedad al 50% con que ambos controlan la operadora brasileña, según ha informado a Bloomberg una persona cercana a la situación que pidió no ser identificada hasta que se haga un anuncio oficial. Telefónica ha declinado hacer comentarios.

En la madrugada del viernes al sábado venció el plazo que Telefónica había dado a PT para aceptar su oferta de 7.150 millones por su mitad de Brasilcel. La española no aceptó la petición de seguir negociando 12 días más. Telefónica mantiene su interés por Vivo y una vez cerrada, al menos provisionalmente, la vía del diálogo, explora otras alternativas.

Tras el veto del Gobierno portugués a la compra de Vivo por la española y el fracaso de las negociaciones posteriores, Telefónica sopesa pedir el divorcio, esto es, instar la disolución de Brasilcel, la sociedad conjunta al 50% a través de la que los dos socios poseen el 60% de la operadora brasileña. El problema es que el acuerdo entre ambas sólo prevé la ruptura de mutuo acuerdo, con lo que los abogados contratados por Telefónica tendrán una difícil tarea.

El actual pacto de socios de Telefónica y PT fue firmado el 21 de septiembre de 2005 en Ámsterdam, donde está domiciliada Brasilcel. El pacto se firmó con una duración de 25 años prorrogables tácitamente primero por otros 25 y luego, de cinco en cinco. Durante ese plazo el acuerdo "está en vigor, es válido y vinculante", según el texto del acuerdo, a menos que se dé una de las causas de terminación del mismo. Pero, en principio, esas causas exigen el pacto de los dos socios.

La primera causa de divorcio es "el acuerdo mutuo por escrito entre las partes". La segunda también es simple: que solo uno de los dos socios siga siendo accionista de Brasilcel, lo que hubiera ocurrido si PT hubiera aceptado la oferta de Telefónica. La tercera causa es sencilla en apariencia, pero con implicaciones más complejas: "El acuerdo terminará automáticamente una vez completada la liquidación de la compañía".

Eso remite a la parte del acuerdo en que se tratan las causas de liquidación de la compañía, que lleva al mismo callejón sin salida. La liquidación procede en caso de que se produzca un bloqueo o desacuerdo grave (con respecto a alguna decisión importante a adoptar por Brasilcel) que no pueda ser reconducido mediante negociaciones de buena fe. Pero, y ese pero es muy importante, el acuerdo solo prevé la liquidación en caso de que al producirse esa "diferencia irreconciliable", uno de los socios proponga al otro la disolución y liquidación y el segundo la acepte, siempre por escrito.

Si un socio no acepta la liquidación, lo que se prevé es que la diferencia que se haya suscitado se someta a la decisión de un grupo de tres "sabios", expertos en telefonía móvil, nombrado uno por cada parte y el tercero por los dos ya nombrados. Pero el acuerdo da a entender que lo que han de hacer los sabios es elegir entre propuestas alternativas de los dos socios sobre el negocio y deja claro que este comité "no tendrá la autoridad para decidir que la compañía sea disuelta o liquidada".

Claro está que, como las leyes, los contratos son interpretables. Si pese a esas cláusulas Telefónica cree que puede instar la disolución de Brasilcel sin acuerdo, entonces podría instar un arbitraje. La española y la portuguesa se enfrentarían en Ámsterdam a un arbitraje en inglés sujeto a la ley holandesa, bajo las reglas de la francesa Cámara de Comercio Internacional (CCI). Según el pacto, cada parte nombraría un árbitro y el tercero sería elegido por los dos primeros o, si no hay acuerdo, por la CCI. Telefónica dio a entender a inversores que ese era su plan si se rechazaba su oferta por Vivo, a lo que PT replicó que no había base legal. El pleito podría durar de uno a tres años.

¿Y qué sucedería en caso de liquidación? Algunas de las cláusulas son confidenciales, pero la parte conocida del contrato indica que habría un reparto de activos. El primer acuerdo firmado por Alierta y Bava establecía que, en caso de liquidación, cada parte recibiría lo que hubiera aportado al matrimonio. No está claro que eso siga estando en vigor, porque Vivo ha cambiado mucho (las viejas compañías se han integrado en la nueva) y porque parte del actual acuerdo es secreto, pero de estarlo sería preocupante para Telefónica, ya que PT aportó el control de Telesp Celular, la más valiosa de las compañías con que se formó Vivo. Además, Telesp Celular es la que permitiría a Telefónica lograr mayores sinergias con Telesp, la operadora fija que controla Telefónica, ya que ambas operan en la misma zona de influencia, en el Estado de São Paulo .