La Seguridad Social y la crisis

El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.

En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.

Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit

Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena

El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.

El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.

En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.

En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.

Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.

Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.

Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).

Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.

Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.

La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.

Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.

Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.

Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.

El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.

Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.