Obama reordena por ley el sistema financiero de EE UU

La aprobación por el Senado norteamericano de la ley de reforma financiera coloca al borde de la meta la mayor iniciativa política surgida en Washington en los últimos 70 años para reordenar Wall Street y reducir el riesgo de que los ciudadanos paguen por errores de los bancos. Aún pendiente de algunas negociaciones, la ley final creará nuevos instrumentos de control y otorgará a las agencias reguladoras más poderes para intervenir en las operaciones financieras.

Después de varias semanas de debates y presiones, el Senado aprobó finalmente la ley en la noche del jueves por 59 votos contra 39. Ahora es necesario conciliar ese texto con el que la Cámara de Representantes aprobó en el mes de diciembre y volver a votar de nuevo el proyecto resultante en los plenos de ambas cámaras. Ese proceso puede requerir aún algo más de un mes para su conclusión.

No existen diferencias notables entre los textos de las dos cámaras, pero sí hay algunos detalles que es necesario conciliar, sobre todo en lo que respecta al mercado de derivados. Mientras el proyecto de la Cámara apenas incluye modificaciones en ese campo, el del Senado deja a los grandes bancos prácticamente fuera de ese mercado y prohíbe las operaciones directas entre dos entidades. El Senado entiende que los derivados, un complejo producto financiero diseñado por aumentar el rendimiento de una inversión mediante la pura especulación, son parte principal de la crisis provocada por Wall Street en 2008.

Fuera de esa dificultad -un asunto no cerrado porque los lobbies de la banca están ofreciendo gran resistencia contra las restricciones-, no deberían presentarse problemas mayores que impidan que el presidente Barack Obama firme la nueva ley antes de las vacaciones del verano.

La reforma está diseñada, sustancialmente, para controlar el flujo del crédito, que dio lugar a la burbuja urbanística, limitar el riesgo que asumen las firmas financieras y evitar crecimiento de una compañía hasta el punto de que, como ocurrió en 2008, su quiebra pueda poner en peligro a todo el sistema financiero. En el fondo, se intentan corregir los problemas que pusieron recientemente al mundo al borde de la catástrofe económica.

Para ello, entre otras cosas, se otorgan a las agencias reguladoras el poder de intervenir una compañía que consideren en riesgo mediante un nuevo y más expedito sistema de liquidación, sin necesidad de dinero público. Las autoridades podrán, asimismo, impedir la entrega de bonos millonarios a los ejecutivos de empresas que se considere que están en mala posición o en riesgo de quiebra.

Se establece un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera cuya función será la de asistir a la Reserva Federal en el seguimiento del riesgo que van asumiendo las instituciones financieras y se crea también, dentro de la Reserva Federal, una nueva agencia de protección al consumidor que será la responsable de vigilar las condiciones de los créditos más frecuentes, ya sean hipotecas o tarjetas de crédito. El propósito de esta nueva institución es el de asegurarse que el crédito desmedido no infla peligrosas burbujas.

Algunas de las nuevas normas están especialmente destinadas a los fondos de riesgo, a los que, entre otras cosas, se obligan a todos aquellos con un negocio superior a los 100 millones de dólares (79,6 millones de euros) a registrarse en la Reserva Federal.

La ley intenta también acometer los problemas creados en las compañías de seguros con un nuevo organismo de vigilancia de esas instituciones, así como en las agencias de rating financiero. Estas agencias, hasta ahora, otorgan su valoración a las mismas empresas que les pagan, lo que genera sospechas. Con esta legislación, se incorporarán al proceso de calificación representantes de la Comisión de Valores.

En suma, se va a construir una nueva red de protección contra la actividad de la inversión, arriesgada por naturaleza. Según sus detractores -solo cuatro republicanos votaron a favor en el Senado-, es una red demasiado tupida que atará las manos de Wall Street. Entre la opinión popular, en cambio, nada es suficiente para contener a una industria a la que se responsabiliza de todos los males económicos actuales y cuyas manos no quisieran ver atadas sino esposadas.