El Gobierno vinculará la capacidad de gasto del Estado al crecimiento

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy que modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria para vincular la evolución del gasto al PIB nominal en el medio plazo, lo que supone que la Administración Central tendrá condicionada sus desembolsos en función de si se van cumpliendo las previsiones de crecimiento a largo plazo. La medida, adelantada por el propio Zapatero a principios de febrero, será de "obligado cumplimiento" para el Estado y las comunidades locales, pero no para las comunidades por respeto a la autonomía financiera de las regiones. Eso sí, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado confiado en que es posible llegar a un acuerdo político con ellas para que también adapten esta norma.

Durante la rueda de prensa al término del Consejo Europeo, Zapatero ha adelantado que la medida forma parte de las propuestas que España ha llevado a Bruselas dentro del llamado Pacto del Euro para mejorar la consolidación fiscal y la competitividad. Sobre el hecho de que no obliga a las comunidades, que de hecho en su mayoría han rebasado los límites de déficit en 2010, ha recordado que fijar el límite de gasto es competencia suya y que cambiarlo obligaría a entrar en un nuevo debate constitucional. Por este motivo, en lugar de reformar la ley, ha defendido que "lo útil será alcanzar un gran pacto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las reglas que se va a imponer el Estado se puedan trasladar a las autonomías". "Mi opinión es que puede haber acuerdo y que es el camino más seguro para mejorar la estabilidad presupuestaria", ha reiterado.

Junto a la concreción de los factores que influyen en el tope de gasto como el crecimiento, la reforma también fijará el límite de déficit público al que puede llegar el Estado por ley, tal y como ocurre en Alemania, por ejemplo, que ha cambiado la Constitución para ello. Asimismo, según ha explicado Zapatero, cuando se adapte la legislación, la nueva normativa también determinará en dónde puede gastarse el superávit, en caso de que se produzca un excedente entre los ingresos y gastos. Hasta ahora, el Gobierno no consideraba necesario fijar por ley un tope de déficit, dado que Bruselas ya obliga a no rebasar el 3%, e incluso flexibilizó en 2005 la ley de Estabilidad Presupuestaría para dar mayor margen a las autonomías. Pero, ahora, condicionados por la necesidad de reforzar el control presupuestario, manda justo lo contrario. En cuanto al superávit, la actual legislación ya insta a destinar este dinero a reducir deuda y, en el caso de la Seguridad Social, a ampliar el fondo de las pensiones.

Además de estas actuaciones, el presidente ha recordado que el Gobierno llevará a cabo un plan contra el empleo sumergido, que se pondrá en marcha el próximo mes, y que se desarrollará entre junio de este año y diciembre de 2012, tras pactarlo con los agentes sociales. Aunque no ha querido avanzar más detalles, sí ha adelantado que se establecerán una serie de incentivos durante un periodo determinado de tiempo para animar a los empresarios y trabajadores que están en esta situación a abondanar la irregularidad. "Pero no serán anmistías", ha concretado después y ya desde Madrid el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

También en materia de empleo, el jefe del Ejecutivo señaló que, además de poner en marcha las nuevas políticas activas de empleo, se "acelerará y profundizará" en el proceso de modernización de la formación profesional. Para ello, en los próximos seis meses se aprobarán un conjunto de decretos para mejorar el acceso al sistema, su calidad y su respuesta a las necesidades del tejido productivo español.

Para mejorar la productividad, Zapatero ha confirmado la creación en el Consejo del 1 de abril de la Comisión Asesora de la Competitividad, que deberá llevar a cabo un análisis "riguroso e independiente" de la evolución de esta variable.