El Gobierno se apresta a reformar los convenios sin acuerdo social

El Gobierno obvia la máxima que dice que las reformas laborales sin pactos entre sindicatos y empresarios están destinadas al fracaso. O no tiene más remedio que hacerlo. Los sindicatos y la patronal han consumido el plazo que Mariano Rajoy les había marcado sin llegar a un acuerdo para cambiar en profundidad el Estatuto de los Trabajadores. Finalizaba ayer. Así que ahora el Ministerio de Empleo ultima la reforma en la que, entre otras cosas, destacan los cambios en la negociación colectiva. Precisamente el punto en el que los agentes sociales se han puesto de acuerdo para pedirle al Gobierno que no legisle sin ellos.

"Los sindicatos y las organizaciones empresariales consideran que corresponde fundamentalmente al espacio bilateral de negociación [...] abordar la estructura de la negociación colectiva", reza el documento en el que UGT, CC OO, CEOE y Cepyme explicaban al Gobierno que apenas habían llegado a acuerdos en temas de segundo orden y que en los temas de envergadura (convenios, contratos y despido) el pacto había sido imposible. Pero el Ejecutivo no va a respetar esto. "[Habrá cambios con o sin pacto] fundamentalmente en negociación colectiva", explicaba ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el diario Abc.

Sindicatos y patronal agotan el plazo sin pactar la reforma laboral

Desde el viernes, el Gobierno ha urgido a sindicatos y empresarios a que negocien hasta el último minuto. Ayer el llamamiento correspondió a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que pidió a las dos partes que "apuren las horas y los minutos". "Sería una buena base para una reforma que sirva para crear empleo", continuó.

Pero el Gobierno sabe desde el martes que el acuerdo es imposible. Incluso lo ha sido para pactar el acuerdo de moderación salarial. Los empresarios reclamaban la congelación de los sueldos en 2012 y 2013; las centrales de trabajadores piden una revalorización máxima de un 1% este año y de un 1,5% el que viene.

Fuentes sindicales apuntan que desde el martes los escasos contactos que ha habido han sido telefónicos y afirman que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, conoce la situación. En su opinión, la insistencia de Santamaría, Rajoy y Báñez para instarles al pacto de última hora no es más que una maniobra del Gobierno para responsabilizarles del fracaso de las conversaciones. Desde el lado empresarial, varios portavoces, con su presidente, Juan Rosell, a la cabeza, han pedido al Gobierno que reforme el mercado laboral. "Seguir negociando sería una pérdida de tiempo", han declarado portavoces de CEOE en público.

Lo que ha sucedido desde el martes hasta hoy es que Standard & Poor's ha rebajado la calificación de la deuda española y amenaza con volver a hacerlo si no hay reforma laboral "suficiente". Bruselas también la urge. Y Rajoy ha revelado que 2011 acabó con 5,4 millones de parados. "Todos tenemos una responsabilidad, el Gobierno y los agentes sociales y empresariales, no hay ninguna institución que pueda ser ajena a esa realidad tan dura de más de cinco millones de desempleados", proclamó Sáenz de Santamaría.

Para los sindicatos, sobre todo para CC OO, la responsabilidad del fracaso de estas negociaciones hay que apuntárselo a los sectores patronales más próximos al Partido Popular. De ellos, concretamente de Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños, surgió la propuesta de un contrato de crisis con un despido sustancialmente más barato (20 días por año trabajado para rescisiones improcedentes). Los sindicatos rechazaron de plano esta iniciativa en las conversaciones. Y ayer encontraron el respaldo de Gobierno. "No se va a poner en marcha [el contrato de crisis] porque introduciría más incertidumbre y desconfianza en los trabajadores. Sería un profundo error", afirmó Montoro, responsable de Hacienda.

A pesar de esto, la reforma que prepara el Gobierno prestará atención a varias reclamaciones patronales. Una de ellas es la generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, y no 45 como contempla el contrato ordinario actual.

En la base del texto legislativo que prepara Empleo -aún por aclarar si será un proyecto de ley o un decreto-, estarán las 71 enmiendas que el PP presentó a la reforma laboral que el Gobierno de Zapatero hizo en 2010, apuntan varias fuentes. En ellas, y en el programa electoral popular, se propone impulsar la flexibilidad interna en las empresas En concreto, y como también defiende CEOE, se pretendía que en caso de desacuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario, primara la decisión de este último a la hora de modificar condiciones laborales como la jornada, el horario, el cambio en el puesto de trabajo o los traslados.