Irlanda aprueba un ajuste de 6.000 millones para lograr el rescate

El languideciente Gobierno de Irlanda ha logrado este martes que el Parlamento apruebe el anunciado ajuste presupuestario del que depende que llegue el primer tramo de la prometida ayuda internacional de 85.000 millones de euros. La clase media, los trabajadores y el Estado de bienestar serán los grandes paganos del presupuesto presentado por el ministro de Finanzas, Brian Lenihan, con el que quiere ajustar las cuentas públicas en 6.000 millones de euros (equivalentes a un 4% del producto interior bruto, PIB) y recortar el gasto público. De esa cantidad, dos tercios deberían llegar mediante recortes del gasto público y un tercio a través de subidas de impuestos.

La primera tanda de las votaciones que se llevarán a cabo esta semana y la siguiente para sacar adelante el plan se ha producido esta noche, con 82 votos a favor y 77 en contra en la primera votación y 82 frente a 78 en las dos siguientes, aunque la aprobación definitiva del presupuesto no acabará hasta primeros de año. La Cámara se ha pronunciado sobre los cambios en impuestos y deducciones y la semana que viene ha de votar las medidas sociales y los cambios en el sistema de pensiones. En cuanto esta primera parte del proceso acabe y la ayuda internacional esté asegurada, el taoiseach (primer ministro) más impopular en la historia reciente de Irlanda, Brian Cowen, del tradicionalmente dominante Fianna Fáil, convocará elecciones anticipadas. La votación sobre las medidas financieras generales se llevará a cabo a lo largo del primer trimestre de 2011.

Plan a cuatro años

El ajuste es solo el primer paso, aunque el más drástico, en un plan a cuatro años que pretende reducir el gasto público en 15.000 millones -el 10% del PIB- para que el déficit público del 32% con el que Irlanda cerrará el ejercicio fiscal de 2010 caiga al 3% en 2014.

Entre las medidas adoptadas destacan las siguientes: aunque se mantienen los tipos del IRPF, se reduce el mínimo exento de forma que el número de irlandeses que pagan el impuesto sobre la renta pasará del 45% al 60%; reducciones de ocho euros semanales en subsidios como desempleo, incapacidad y otros, aunque se aumentan en 40 euros semanales los subsidios al combustible de calefacción; reducción de las ayudas a las familias a razón de 10 euros a la semana por el primer hijo y 20 euros por los siguientes; aunque las tasas sobre el alcohol y el tabaco no se modifican, el litro de gasolina y de diésel aumentarán un 4%. Los miembros del Gobierno se bajan el sueldo entre 10.000 y 14.000 euros.

En el debate, el ministro Lenihan ha admitido que estas medidas debilitarán la demanda interna pero aseguró que la economía mejorará de la mano de las exportaciones. "Vivimos tiempos traumáticos y preocupantes", ha admitido. "La escala de este ajuste es exigente pero demuestra la seriedad de nuestras intenciones", ha dicho también, y ha pedido el apoyo del Parlamento "para romper el círculo vicioso que ha amenazado nuestras finanzas y nuestro sistema bancario", antes de emitir una especie de acto de contrición al reconocer que "se podría haber hecho algo más para contrarrestar los desequilibrios de nuestra economía".

Unos desequilibrios que se sinterizan en una burbuja inmobiliaria alentada por los bajos tipos de interés que llegaron de la mano del euro, pero también la insensata actuación de un sistema bancario irresponsable y de una población que se sintió nadando en la abundancia.