EE UU aprueba una ley para poder recuperar los sobresueldos de AIG

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una polémica ley para recuperar por la vía de nuevos impuestos parte del dinero de los bonos entregados por AIG y para impedir que otras empresas que cuentan con ayuda del Estado vuelvan a incurrir en esa práctica en el futuro. La iniciativa, rodeada de dudas sobre su constitucionalidad, no ha reducido en absoluto la presión política en torno al secretario del Tesoro, Tim Geithner, por su tardía reacción en este asunto. Geithner aseguró ayer que asume la "total responsabilidad" sobre el caso, pero que sólo fue informado de los sobresueldos de AIG el martes 10 de marzo.

La ley -en realidad una medida con categoría de resolución- impone una tasa retroactiva del 90% sobre las primas otorgadas por empresas que reciban por encima de 5.000 millones de dólares (3.659 millones de euros) de dinero público a empleados con ingresos familiares superiores a los 250.000 dólares anuales.

Aumenta la presión política en torno a la actuación del secretario del Tesoro

Es un paso claramente orientado contra los beneficiarios de los 165 millones de dólares de AIG, pero que probablemente no afecte a todos ellos. Aunque, pese a la insistencia del fiscal general de Nueva York, la empresa no ha hecho públicos los nombres de sus empleados premiados, se sabe que algunos de ellos tenían salarios inferiores al cuarto de millón de dólares y es posible que puedan, por tanto, conservar sus cheques. El blanco de esta medida son, especialmente, los 73 ejecutivos que cobraron más de un millón de dólares.

La resolución, que es respuesta a la insatisfactoria comparecencia el miércoles en el Capitolio del presidente de AIG, Edward Liddy, obtuvo el respaldo de dos tercios y ahora tiene que ser debatida por el Senado. La mayoría demócrata que controla la Cámara la acogió con entusiasmo. "Estamos protegiendo al pueblo americano. Imagino que los gobiernos estatales y locales se encargarán del restante 10%", declaró el presidente del comité de Recursos y Apropiaciones, Charles Rangel, responsable de la tramitación de la ley.

Entre la oposición, aunque ha criticado los bonos, el sentimiento es mucho más ambivalente. Para cerca de la mitad de los representantes republicanos resultó imposible votar en contra de una acción muy popular, pero los líderes del partido quieren centrar la responsabilidad en el Gobierno y creen que esta legislación, además de inconstitucional, es una cortina de humo para tapar la crisis política. "Se trata de un intento de desviar la atención sobre el hecho de que fueron los demócratas quienes hicieron estos bonos posibles", manifestó el representante Mike Pence.

El debate sobre la constitucionalidad está abierto. Así como algunos especialistas han recordado que no es la primera vez que el Congreso recurre a los impuestos para corregir situaciones fraudulentas, otros han advertido que la Constitución prohíbe expresamente la intervención del Estado en los negocios privados y que, cuando los bonos fueron aprobados, en la primavera de 2008, AIG era todavía 100% privada.

La polémica mayor está centrada, no obstante, en qué sabía Geithner y cuándo lo supo, las mismas preguntas que persiguieron a Richard Nixon hasta su tumba en el Watergate. Los datos que se van conociendo al respecto tienden a hacer más difícil la posición del secretario del Tesoro, bien por negligencia en el manejo de la información o por complicidad con AIG.

El presidente del comité de Banca del Senado, Christopher Dodd, acabó reconociendo el miércoles por la noche en una entrevista que había eliminado, por recomendación de altos funcionarios del Departamento del Tesoro, un apartado de la ley de estímulo económico aprobada en febrero que prohibía expresamente bonos como los de AIG.

"La Administración no estaba muy feliz con el lenguaje de esa enmienda y querían que la modificáramos. Pidieron cambios y nosotros los hicimos, aunque en ese momento no se veían tan trascendentes", explicó Dodd, después de varios días de dudas sobre qué ocurrió para que se retirara ese apartado. Dodd añadió que la petición llegó desde "gente de alto nivel del Tesoro", con el argumento de que un apartado de esa naturaleza hubiera provocado una cascada de demandas judiciales.