Hipotecas, ¿y ahora qué?

Empieza una pequeña guerra (o grande, según cómo se mire) entre comunidades autónomas en materia hipotecaria. La norma general, recogida en los Presupuestos Generales del Estado, establece que solo tendrán derecho a la deducción hipotecaria del 15% (sobre un máximo de 9.040 euros, equivalentes a 1.356 euros al año por persona) quienes tengan unos ingresos inferiores a 17.707,20 euros anuales. Entre esta cantidad y 24.107 euros, la deducción será variable. Para ingresos superiores, simplemente inexistente.

¿Para todos? Pues no. La mitad de ese 15% de desgravación, es decir, el 7,5%, depende de la "voluntad" de los Gobiernos autonómicos. Y el de Madrid, por el momento el único, ya ha aprobado en su último consejo mantener la deducción por adquisición de vivienda habitual en su tramo autonómico para todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de ingresos. ¿Resultado? Todos cuantos se hipotequen en 2011 en Madrid, aunque obtengan más de esos 24.107 euros de renta, seguirán pudiendo ahorrarse como mínimo hasta 678 euros al año (7,5% sobre 9.040 euros). Los de Ávila (Castilla y León), Guadalajara (Castilla-La Mancha); Sevilla (Andalucía), etcétera, no.

La mitad del 15% de desgravación prevista en la norma depende de las comunidades

La regulación abre otro frente de batalla entre políticos y entidades financieras

Dicen los expertos que de esta nueva norma fiscal también se derivarán algunos cambios formales: es posible -señalan- que cada vez sean más comunes los porcentajes distintos de titularidad de la hipoteca, siempre a favor del que menos rentas obtiene. La ventaja: que puede lograrse una mayor deducción; la desventaja, que cada uno -podría firmarse otro documento privado paralelo- debe asumir en el presente y el futuro su parte de la deuda.

Empieza otra pequeña guerra (o grande, según como se mire) entre entidades financieras y grupos políticos. Estos últimos, bajo la presión social derivada del gran número de desahucios -el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que solo en 2010 se habrán alcanzado las 118.000 ejecuciones hipotecarias- se plantean algunos cambios normativos de poco agrado de los bancos y cajas. Hace unos días, el Congreso de los Diputados, a iniciativa de CIU, planteó que se estudiara la posibilidad de establecer un "pacto en las escrituras de constitución de hipotecas por el cual la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados, no alcanzando a los demás bienes del patrimonio del deudor", o lo que es lo mismo, que una hipoteca quede completamente cancelada con la entrega de la vivienda, sin que puedan solicitarse cantidades adicionales (tal y como sucede en la actualidad).

Se ha solicitado también que se estudie "un seguimiento de las modificaciones legislativas necesarias con objeto de incrementar las cuantías fijadas actualmente como inembargables de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, para responder de deuda pendiente de préstamo hipotecario ejecutado..."; analizar los cambios legislativos necesarios "a fin de considerar la paralización de la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual cuando el deudor persona física se encuentre incurso en procedimiento concursal..."; fomentar la mediación entre las familias y las entidades financieras para la solución de impagos, "posibilitando en los casos de pérdida de la propiedad la permanencia en la vivienda en régimen de alquiler"...

Desde la Asociación Hipotecaria española (AHE) la respuesta ha sido clara: "Algunas de las iniciativas que se están proponiendo o que forman parte del debate actual de nuestras autoridades, lejos de ser necesarias y beneficiosas para el mercado, pueden herir gravemente los pilares fundamentales del negocio hipotecario y resultar en un daño general más grave que el beneficio perseguido. Este es el caso de una posible modificación de las garantías personales en los créditos hipotecarios o del establecimiento de obstáculos a los procesos de ejecución; medidas socialmente demandadas para intentar suavizar los efectos de la crisis en la sociedad, pero que endurecerían las condiciones de financiación en los mercados de capitales y pondrían en jaque los más de medio billón de títulos hipotecarios emitidos en circulación".

En materia de tipos de interés no habrá, al menos en la primera mitad de 2011, grandes guerras ni sobresaltos. Es más que probable -aseguran una gran parte de los analistas- que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga los niveles actuales de tipos de interés en el primer semestre del presente ejercicio.

En principio, y salvo problemas graves de liquidez en las entidades bancarias, no se producirán, por tanto, significativas alzas en el Euríbor, principal referencia hipotecaria de los créditos variables. Pero, dado que este indicador mantendrá la ligera tendencia al alza de los últimos meses, sí subirán las cuotas mensuales de las hipotecas. No de forma muy relevante, pero en algunos casos -los más afectados serán los hipotecados en 2009 y 2010 que se han beneficiado de unos tipos de interés en mínimos- sí significativamente (unos 30 euros al mes en un crédito de 140.000 euros a 25 años).

El futuro es más confuso: es probable que, a medio plazo, los tipos de interés suban, básicamente porque están en niveles muy bajos. La posibilidad de llegar (o superar) a la cota del 5%, algo que sucedió en octubre de 2008, parece lejana, pero no imposible.