Una deuda judicial paraliza los análisis de la Operación Puerto

El laboratorio antidopaje de Barcelona no efectuará más análisis de las bolsas de sangre y plasma requisadas en la Operación Puerto mientras la Administración judicial no le abone los aproximadamente 25.000 euros que costó una primera remesa de análisis de 99 bolsas de plasma. Justicia asegura que no tiene constancia de esa deuda.

En 91 de las primeras 99 bolsas de plasma enviadas, el laboratorio barcelonés, dependiente del Instituto Municipal de Medicina del Ayuntamiento de Barcelona y homologado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), efectuó un análisis completo en busca de todo tipo de sustancias, excepto EPO exógena, cuya detección precisa un proceso más largo, complejo y caro. Cada uno de estos análisis cuesta unos 200 euros, según las tarifas oficiales del centro.

En las ocho bolsas restantes, cuyo plasma contenía más cantidad de EPO y, por tanto, eran más propicias a devolver un resultado positivo de EPO exógena, se buscó, y se encontró, esta sustancia. Cada una de las pruebas costó unos 300 euros más que sumar a los 200 iniciales.

El hallazgo de EPO exógena en todas las bolsas de plasma en las que se encontró obligaba a analizar en busca de la sustancia prohibida las primeras 91, en las que también es probable que se detecte, ya que, según los investigadores, era práctica frecuente de los deportistas inyectarse EPO para aumentar el número de glóbulos rojos (más oxígeno para la sangre, más rendimiento) unos días antes de proceder a la extracción de la sangre (siempre en periodo invernal, durante la época de entrenamientos, en la que apenas se efectúan controles antidopaje por sorpresa), que posteriormente, en periodo de competición plena, había de reinfundirse.

Un delito contra la salud

Y no sólo eso. En refrigeradores y congeladores de Madrid se conservan todavía unas 100 bolsas más de sangre entera (glóbulos rojos más plasma) y concentrado hemático (sólo glóbulos rojos) que el juzgado, que intenta establecer si los imputados (Eufemiano Fuentes, José Luis Merino Batres, Manolo Saiz, Alberto León, Vicente Belda, Alfredo Córdova y Yolanda Fuentes) han cometido un delito contra la salud, desea que sean analizadas también por el citado laboratorio.

El hallazgo de sustancias dopantes en la sangre podría servir como prueba de una manipulación y, por tanto, de riesgo para la salud de los deportistas que la utilizaran. Recientemente, cuando el juzgado instructor de la Operación Puerto, el número 31 de Madrid, que dirige el juez Antonio Serrano, anunció al laboratorio el envío de la segunda remesa, los responsables del establecimiento respondieron que sí, que podían enviarla cuando quisieran, pero que no procederían al análisis mientras no estuviera saldada la deuda anterior: en torno a 25.000 euros.

Asimismo, la toma de muestras de las varias bolsas marcadas con el número 1 en los congeladores de Fuentes y Merino Batres, presuntamente correspondientes al ciclista alemán Jan Ullrich, ex del equipo T-Mobile, deberá esperar unas semanas debido a que el laboratorio, en el que se procederá cuidadosamente a un descongelado que garantice que en ningún momento se rompe la cadena del frío, procederá dentro de unos días a mudanzas internas. Descongelar en estas condiciones una bolsa supondría tener que volver a congelarla rápidamente, dañando irreversiblemente el contenido de la misma: la sangre.

Un portavoz del Ministerio de Justicia indicó ayer que a su departamento no le consta ningún cargo de deuda proveniente del citado laboratorio barcelonés. Añadió que el pago del peritaje encomendado por el juez Serrano es competencia de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Alfredo Prada, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia y que, por tanto, es la encargada de facilitar a los juzgados, en este caso los de Madrid, el material y demás medios que necesiten para el desarrollo de sus funciones.

Desde la Consejería de Justicia de Madrid se indica que hay una norma tácita no escrita de colaboración entre las distintas comunidades cuando los peritos que emplea un determinado juez son judiciales; es decir, están en nómina de la Comunidad. Señalan asimismo que cuando se trata de peritos que contratan jueces, pero que no están adscritos a Justicia, lo habitual es esperar a la sentencia y que el reo se haga cargo de las costas del proceso, que incluyen el pago de los peritos. En todo caso, las citadas fuentes señalan que en la Consejería de Justicia de Madrid "no hay constancia" de una deuda por ese concepto.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha dado su visto bueno a la petición de la comisión rogatoria de un juzgado de Bonn que investiga una denuncia por estafa contra Ullrich y Óscar Sevilla, también en 2006 adscrito al T-Mobile.

El fiscal del caso ya había ordenado en septiembre pasado diversos registros en la casa del alemán, en la que recogieron muestras de saliva con las que han obtenido el ADN de Ullrich. La toma de muestras en las bolsas de sangre presuntamente correspondientes a Ullrich (conocido, según los investigadores, como Jan, Kaiser e Hijo de Rudicio entre Fuentes y sus colaboradores) es necesaria para, hallado el ADN correspondiente, resolver si pertenecen definitivamente al ganador del Tour de Francia de 1997.