La demanda del Getafe contra el Zaragoza entra en los tribunales

Ángel Torres lleva una semana ajetreada. Un día después de confirmar la venta del club azulón al grupo inversor de Dubái Royal Emirates, el presidente del Getafe ha conocido hoy que su denuncia de impago contra el Zaragoza avanza por vía judicial. La demanda presentada por el Getafe contra el club aragonés, en la que se exige un concurso de acreedores por la deuda que mantiene con el club madrileño, ha entrado esta mañana en el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, cuya titular es Carmen Villellas Sancho.

La deuda por la que el Getafe ha presentado la demanda es de 950.000 euros, correspondientes al último plazo del fichaje de Ikechukwu Uche por el conjunto maño que vencía el pasado 31 de marzo."Yo lo tengo claro, es una falta grave y, o pagan, o tendrán que descender administrativamente. La justicia en este país es lenta, pero me he limitado a defender los intereses del Getafe. Voy a seguir peleando por algo que es nuestro, queremos cobrar ese pagaré. Hasta la fecha es lo último que sabemos", indicó Ángel Torres la pasada semana. El Zaragoza se defendió con una nota pública donde indicaba que había cumplido "escrupulosamente el calendario de pagos original hasta el pasado día 31 de marzo, fecha en la que vencía un pago de 950.000 euros, que es el que ahora está pendiente", y que ya ha abonado "un 56% del traspaso, habiéndose pagado aproximadamente 3.650.000 euros".

La demanda del club madrileño entró en el Decanato el pasado 18 de abril y tras la Semana Santa, que es inhábil a efectos judiciales, ha recaído en el citado Juzgado Mercantil de la capital aragonesa. A partir de este instante, la juez dará traslado de la misma al Real Zaragoza para que presente la información y las alegaciones que considere oportunas. Una vez realizado este trámite, el juez tiene que valorar las opiniones de ambas partes y ver la documentación que presentan, hacer una vista entre ellos y tomar una decisión al respecto.

El concurso de acreedores se produce cuando no se puede hacer frente a las deudas, y cuando se adopta esta medida es para intentar proteger el patrimonio de la empresa que se encuentra en problemas e intentar devolver a los acreedores la mayor cantidad de dinero posible. De admitir la demanda de concurso obligatorio de acreedores, el juez bloquea las cuentas de la sociedad como primera medida y nombra a tres administradores que sustituyen a los gestores habituales de la sociedad en problemas.

Estos interventores judiciales estudian la situación del club y deciden si es factible la supervivencia del mismo, siendo una opción negociar con los acreedores una posible "acuerdo o pacto" sobre la deuda, en un proceso en el que todos estarían en igualdad de condiciones a la hora de cobrar. Durante el tiempo en que el club esté intervenido no se pueden efectuar embargos ni ejecuciones hipotecarias, ni tampoco presentar denuncias por impago, por lo que se evita el fantasma del descenso administrativo.