Dos 'mossos' condenados por tortura ascendieron estando ya acusados

Dos de los cinco agentes de los Mossos d'Esquadra condenados a penas de cárcel por torturar y lesionar a un detenido ascendieron de categoría cuando estaban ya acusados. Un cabo y un policía raso que participaron en el brutal arresto del rumano Lucian P. aprobaron sendas oposiciones públicas a sargento y a cabo convocadas por el Departamento de Interior. Su máximo responsable, el ecosocialista Joan Saura, decidió ayer suspender de empleo y sueldo a los cinco mossos, pero mantendrá el apoyo jurídico a los funcionarios para que recurran la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El incidente que ha vuelto a poner a la policía autonómica en el ojo del huracán ocurrió la noche del 27 de julio de 2006. Lucian P. iba acompañado de su novia, embarazada, cuando fue asaltado en plena calle por cuatro agentes. Le confundieron con un peligroso ladrón que días antes había robado en una vivienda de Barcelona y había herido a una mujer. Los policías le propinaron "reiterados golpes y puñetazos por todo el cuerpo", según la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona. Uno de ellos incluso le introdujo una pistola en la boca. Todo con el objetivo de que confesara un delito que no había cometido.

La Dirección General de Policía abrió una investigación interna para aclarar los hechos, que quedó parada -ocurre siempre así- cuando la denuncia de Lucian llegó a los tribunales. Interior dio credibilidad a la versión de los policías y por ese motivo puso a su disposición los abogados de la Administración.

Bajo ese mismo prisma (el apoyo institucional a los agentes) dos de los mossos lograron promocionarse en el cuerpo sin que nadie les pusiera pegas. Eso a pesar de que cuando superaron la oposición ya tenían la condición de imputados, confirmaron a este diario diversas fuentes. "Sería absurdo e incoherente que mientras se les respaldaba en el juicio se les castigara en el plano laboral", argumentó un portavoz oficial de los Mossos d'Esquadra.

Manuel Farré, Joan Salva y Jordi Perisse han sido condenados a seis años y siete meses de cárcel por torturas y lesiones; Fernando Cea, a dos años, y Alejandro García, a pagar una multa de 2.400 euros. Es, de lejos, la sentencia más dura dictada contra la policía autonómica en sus 25 años de existencia democrática.

Hasta que estalló el caso de Lucian, la trayectoria profesional de estos cinco policías había sido "impecable", defendieron fuentes policiales. Desde ayer, sin embargo, permanecen apartados del cuerpo. Al menos, hasta que haya una sentencia firme. La resolución de la Audiencia, de todos modos, prevé penas de inhabilitación de más de 10 años para ejercer cargo público.

La decisión de Interior implica que los agentes dejarán de cobrar buena parte de su salario: el reglamento establece que deben percibir una cantidad "de supervivencia", que es más o menos el equivalente al salario mínimo, según las mismas fuentes.

Además se les prohíbe seguir llevando arma y credencial, usar el uniforme y "entrar en dependencias de los Mossos d'Esquadara sin autorización", según el régimen disciplinario de los Mossos.

Los agentes trabajaban en el grupo de atracos de Barcelona. Tras el episodio de malos tratos, algunos policías cambiaron de destino. No por indicación de Interior, sino por voluntad propia, según un portavoz. Dos dejaron la investigación y otros dos siguieron en la misma división, pero uno en los servicios centrales (el edificio Egara de Terrassa) y el otro en su tierra, en Tarragona, a partir del fin del despliegue de los Mossos.

Interior aclaró ayer, después de 24 horas "estudiando" la sentencia, que seguirá prestando asistencia jurídica a los agentes y que presentará un recurso de casación. "Es lo que se hace siempre", señaló un portavoz.

La estrategia de los abogados consiste en invocar ante el Supremo que no puede sostener la acusación de torturas, ya que éstas se produjeron durante el traslado del detenido en coche patrulla hasta la comisaría de Les Corts. Y de lo que ocurrió allí sólo hay una versión: la de Lucian. Hasta que se resuelva el recurso -dentro de unos dos años, previsiblemente- los policías seguirán en libertad.