El hundimiento del metro del Carmel: la peor crisis

En la noche del 25 de enero de 2005, las 12 familias que vivían en el número 10 del pasaje de Calafell, en el barrio del Carmel, tuvieron que salir de sus casas con lo puesto. Se trataba de un desalojo "preventivo" a causa de "un desprendimiento en las obras del túnel de ampliación de la línea 5 del Carmel", según la nota que realizó la empresa Gestión de Infraestructuras (GISA) aquella medianoche. Y continuaba: "No se han encontrado afectaciones en la superficie ni en la estructura de los edificios". Transcurridas 48 horas, la tierra se tragó un garaje situado pared con pared con esa finca y empezó el calvario del Carmel. El hundimiento del túnel no causó víctimas, pero ha sido una de las situaciones de emergencia más serias que ha vivido la ciudad.

¿Cuáles han sido las consecuencias de aquel accidente? Muchas, muchísimas. Las peores, sin duda, para los afectados y el propio barrio. Fueron 1.276 personas las desalojadas de sus viviendas que pasaron a vivir una situación de provisionalidad en hoteles, casas de familiares y más tarde en pisos puente. Los dos últimos regresaron a su casa en diciembre de 2006, casi dos años después. El grueso de los desalojados pudo volver a lo largo de 2005 y unos 200 en 2006. Claro que no todos regresaron al barrio, porque 58 personas optaron por dejarlo e instalarse en otras zonas de la ciudad con la permuta de sus pisos. 241 comercios se vieron afectados por la crisis, 71 de la zona evacuada y 170 del área de influencia. Muchos tuvieron que cerrar y otros vieron como el negocio se venía abajo por la crisis, casi depresión, en la que cayó el Carmel. Los alumnos de dos escuelas tuvieron que ir a otros centros.

Las empinadas calles de uno de los barrios que aguardaban como agua de mayo la llegada del metro se llenaron de hormigoneras. Toneladas de cemento sellaron el túnel de maniobras que se hundió y después hicieron lo mismo en el subsuelo de decenas de edificios. Cuatro se tuvieron que derribar porque la rehabilitación era imposible.

El Carmel ha dejado tras de sí otras consecuencias. Entre ellas, un reguero de indemnizaciones a los afectados tras unas intensas negociaciones entre la Generalitat y los abogados que, por primera vez, llevaban la batuta. Fueron casi 100 millones de euros. El grueso, cerca de 42, en indemnizaciones -el concepto de daño moral se instauró por primera vez-, algo más de 16 en las facturas de hoteles y alquileres de pisos puente. Otros 6,3 millones de euros fueron para indemnizar a los comerciantes y 32 para obra civil y la rehabilitación de edificios. No obstante, queda alguna reclamación sin resolver.

Como consecuencia del desastre, el Carmel fue declarado área de rehabilitación integral, lo que supone una inyección de inversión pública en una intervención urbanística que será importante. El agujero del socavón y las fincas que fueron derribadas se han convertido en una plaza, y un estudio realizado por la Universidad Politécnica apunta a la necesidad de esponjar una zona del Carmel y crear más espacios públicos. Las grúas son hoy visibles en el barrio.

Políticamente, desató una tormenta sobre las reponsabilidades que se cerró con la dimisión de dos cargos de segundo nivel del Departamento de Política Territorial, que dirigía y dirige Joaquim Nadal. El director general de Transportes y el presidente de GISA dejaron sus puestos. También causó un terremoto parlamentario cuando el ex presidente Pasqual Maragall se refirió a las supuestas comisiones del 3%. El Ayuntamiento de Barcelona, especialmente su entonces alcalde, Joan Clos, sufrieron un desgaste importante pese a que nadie discutió el dispositivo de atención a los desalojados, que era su ámbito de responsabilidad.

La pregunta de por qué se hundió el túnel fue contestada por una comisión parlamentaria que puso en evidencia la falta de control de aquella obra: falta de estudios geológicos del subsuelo y cambios en el proyecto, amén de otras deficiencias. Todo un fiasco.

El Carmel ha representado un antes y un después en la forma de ejecutar la obra pública -ahora se constituyen comisiones de seguimiento de obras- y una sombra de desconfianza. Sin embargo, el capítulo del Carmel no está cerrado todavía. La justicia tiene que decir la última palabra.