La fiscalía pide nueve meses de cárcel para el juez decano de Barcelona

La fiscalía solicitó ayer nueve meses y un día de cárcel para el juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, por un supuesto delito de violencia de género a causa de una discusión mantenida horas antes con su esposa, Maria Rocafiguera. Ambos declararon ayer como denunciantes y denunciados en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 3 de Barcelona. En esa comparecencia, la fiscal solicitó también siete meses y medio de cárcel para la esposa por un delito de violencia doméstica, así como una orden de alejamiento para ambos que la juez no concedió. Tampoco otorgó la orden de protección que reclamaron ambos.

Regadera contrajo segundas nupcias con Rocafiguera hace unos meses, pero la juez explica en su auto que ambos estaban inmersos en un proceso de separación propuesto por él. La discusión se inició, prosigue la juez, porque la esposa descubrió que Regadera le era infiel. Ella le siguió hasta el dormitorio y se negó a zanjar la discusión, y fue entonces cuando se produjo la presunta agresión mutua.

El forense reconoció ayer a ambos y apreció lesiones similares, que tardarán siete días en curar. En el caso de Regadera, los supuestos arañazos en el pómulo eran ayer visibles."Esto es una mera discusión conyugal que nunca debió llegar a la Administración de justicia. Yo no he maltratado a nadie y la prueba es que la juez ha denegado la orden de protección y alejamiento", proclamó Regadera al salir del juzado, donde había entrado cinco horas antes. Su todavía esposa, que ejerce como notaria en El Prat de Llobregat, fue escoltada por los Mossos d'Esquadra y salió como entró para esquivar a las cámaras: por el garaje destinado al furgón policial en el que se traslada a los detenidos.

Ayer mismo, la juez señaló para ambos juicio rápido, que, pese a esta denominación, se celebrará a finales de septiembre en un juzgado de lo penal de Barcelona, dado el colapso que sufre la agenda de señalamientos.

La discusión entre la pareja se produjo en el domicilio conyugal poco antes de la una de la madrugada y concluyó con una llamada de la mujer a los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica acudió al lugar, como sucede siempre en estos casos, pero no procedió a la detención de Regadera, que es lo más habitual cuando ha existido violencia física, por leve que sea.

El delito del que se acusa a Regadera, tipificado en el artículo 153 del Código Penal, castiga con penas de seis meses a un año de cárcel el "menoscabo psíquico" o las lesiones producidas a la esposa, ex esposa o persona que "haya estado ligada" al acusado "por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia". La mayoría de los casos similares a éste en los que hay agresión mutua leve acaban reducidos a una condena de falta. Ése es el criterio que ha establecido la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona, donde es muy probable que sea recurrida la sentencia que dicte. Ese mismo delito se castiga con penas de tres meses a un año de cárcel si lo comete la mujer, tal como ha avalado recientemente el Tribunal Constitucional. La Ley de Violencia de Género que reformó el Código Penal en este y otros artículos fue la ley estrella del primer Gobierno de Zapatero y la votaron por unanimidad todos los partidos políticos.

Regadera, asociado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, se negó ayer a responder si pensaba dimitir del cargo de decano, que ocupa desde hace poco más de un año, aunque diversas fuentes judiciales consideraron inevitable su renuncia.

La puntual discusión conyugal de Regadera, que puede afectar a su carrera profesional y que motivó la intervención de los Mossos d'Esquadra trascendió ayer con inusual rapidez y el origen de la filtración no cabe atribuirlo precisamente a fuentes judiciales. La policía autonómica lo negó, pero no es descartable que se trate de una reacción a la durísima carta que el decano remitió el pasado 27 de noviembre al hasta hace poco director general de la policía, Rafael Olmos. En ella se acusaba a los Mossos d'Esquadra de "sembrar la duda y el desprestigio personal" de los jueces por haber filtrado que una magistrada de instrucción de Barcelona fue sorprendida ebria y supuestamente amenazó a los agentes para intentar eludir un control de alcoholemia.