Así se desarma una ayuda esencial

Hasta 53 de millones de euros; esa es la cantidad que la Generalitat piensa ahorrar con la reforma de la ley de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que endurece las condiciones de acceso a esta prestación que reciben las personas más desfavorecidas y pone techo a la cantidad económica que los beneficiarios pueden percibir.

La Dirección General de Economía Social y Cooperativas, perteneciente al Departamento de Empresa, realizó en julio un estudio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sobre el impacto económico que tendrá la entrada en vigor el decreto que ha preparado la Generalitat y que está pendiente de ser aprobado por el Ejecutivo catalán. Concretamente, el organismo analiza los beneficios económicos que supondrá la reforma de siete artículos de la normativa, que cuantifica en 53 millones de euros anuales, una cifra que podría ser superior, ya que en alguno de los puntos los técnicos de Economía Social hacen un cálculo aproximativo del ahorro. El Departamento que preside Francesc Xavier Mena negó ayer haber hecho "nunca" una valoración económica sobre el impacto de estas reformas.

El plan prevé reducir ayudas a quienes se ocupan de disminuidos

El cambio en la RMI que más dinero ayudará a ahorrar a la Generalitat afecta a los parados. El futuro decreto impide que este colectivo pueda solicitar el ingreso en el programa de la RMI hasta pasados seis meses de dejar de percibir las ayudas por desempleo, una exigencia que ahora no existe. Basándose en el dato de que la problemática del 15% de los beneficiarios es estrictamente laboral, los técnicos calculan que se podrán ahorrar 28 millones de euros anuales solo retrasando tres meses (la mitad de tiempo que prevé el último borrador del decreto) la incorporación a la ayuda de los desempleados. Pero la cifra podría ser sensiblemente superior teniendo en cuenta el dato facilitado ayer por el consejero Mena durante su comparecencia en el Parlament, en la que apuntó que entre octubre y marzo próximos el 70% de los parados dejarán de cobrar la prestación, hecho que hace prever un alud de nuevas solicitudes.

Poner un límite máximo del monto que pueden recibir los beneficiarios también aportará un gran ahorro a la Generalitat. Con la nueva normativa la ayuda no puede sobrepasar el salario mínimo profesional, es decir, 640 euros mensuales. Al poner este tope en el pago, la Generalitat ahorrará casi siete millones, ya que el informe cifra en 5.000 los beneficiarios actuales que se verán afectados y que a partir de agosto verán reducida la paga. Esto afecta a todas aquellas familias que, aparte de la ayuda básica de 420 euros, cobran suplementos por tener hijos menores o personas con discapacidad a su cargo. Pero también perjudicará a las familias que hasta ahora cobraban otro tipo de prestaciones públicas, como pensiones de jubilación o ayudas a la dependencia.

En un ahorro de 3,7 millones de euros se traducirá la reforma que redireccionará los beneficiarios de la RMI hacia otras ayudas a las que puedan tener derecho, como pensiones no contributivas o por discapacidad (financiadas por el Estado). Se trata de una medida prioritaria para el Gobierno catalán, que quiere poner orden a la variedad de perfiles de beneficiarios que se han ido añadiendo en los últimos años debido a la crisis. El estudio económico cifra en el 30% de las solicitudes que se aprueban mensualmente, que son 860, las que tienen derecho a beneficiarse de otras ayudas diferentes de la RMI.

El resto de medidas también ayudará a ahorrar un buen pizco a las arcas autonómicas. Así, la propuesta de ampliar a dos años de residencia continuada en Cataluña (una de las condiciones para poder acceder a la RMI) permitirá evitar que se gaste más de medio millón de euros, pero también impedirá que se aprueben casi un centenar de solicitudes mensuales, según los técnicos de Economía Social.

Un ahorro más grande, de 1,5 millones de euros, se conseguirá imponiendo la obligación de los beneficiarios de la RMI a permanecer en Cataluña mientras estén cobrando la prestación. El decreto que prepara el Gobierno catalán solo permite a los titulares de la ayuda a dejar la Comunidad, como máximo, durante un mes, y siempre se comunique previamente. Con la medida, la Generalitat quiere vigilar de cerca el supuesto fraude masivo de inmigrantes que han vuelto a su país y siguen cobrando la RMI, la mayoría marroquíes, según ha insistido Mena.

También se ha cambiado la forma de computar el nivel de ingresos de los beneficiarios, que ayuda a determinar si pueden acceder a la RMI. Hasta ahora, el cálculo se hacía sobre los ingresos familiares de los últimos seis meses, pero con la reforma legal se tendrán en cuenta 12 meses. Aplicando este cambio, el informe indica que se podrían dejar de aprobar 236 expedientes nuevos mensualmente, cosa que supondría un ahorro de 1,4 millones de euros para las arcas públicas.

El estudio de impacto económico también recoge la supresión del complemento por inserción laboral, de unos 140 euros mensuales, "que se ha comprobado que no son suficientemente eficaces para incentivar la inserción laboral", recoge el texto. La eliminación de esta compensación reducirá en 3,5 millones de euros anuales el gasto en la RMI para la Generalitat.

Una cantidad parecida, tres millones de euros, estiman los técnicos que se podría ahorrar haciendo que la RMI no sea indefinida y limitando a un máximo de cinco años el periodo que los beneficiarios pueden recibir la ayuda.