La cara y la cruz de Bon Pastor

Nadie sabe cuándo ni quién empezó la guerra de los carteles en el barrio de Bon Pastor. Mi casa baja vale más que todo lo que nos quieren dar. Es mi vida, reza un letrero en la fachada de una de las Casas Baratas. Sí a la remodelación. Segunda fase ya, contestan en una vivienda cercana. Este barrio obrero, ubicado en el distrito de Sant Andreu, sigue siendo tranquilo, pero una compleja reordenación urbanística impulsada por el Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) ha despertado dos posturas enfrentadas entre los vecinos que, de momento, son irreconciliables.

En mayo empezó el derribo de las primeras 150 Casas Baratas de Bon Pastor, de las 784 que se levantaron en la década de los años veinte para albergar a los obreros que acudían a Barcelona para trabajar en las obras del metro y de la Exposición Universal de 1929. El plan del patronato prevé la sustitución de esas casas, de propiedad municipal, por 1.000 pisos protegidos, de los que un centenar ya han sido construidos y habitados.

La inmensa mayoría de los vecinos está a favor del proyecto. Pero cuatro familias se niegan a abandonar sus casas unifamiliares: "Durante toda mi vida he invertido mucho dinero en arreglar mi casa. Si quieren que me vaya a un piso, lo justo es que me indemnicen o que me lo den gratis", explica Ramón.

"No les entiendo, ¡pero si es como si nos hubiera tocado la lotería!", exclama Maika Torrandell, una joven de 29 años que se acaba de trasladar con su hijo pequeño a uno de los nuevos pisos protegidos. Maika enseña entusiasmada su vivienda de 70 metros cuadrados, el doble de la superficie de su casa anterior. A esta joven se le acaban las palabras para explicar su cambio de vida: "Hemos ganado en espacio y en calidad de vida. Todo es mejor, más grande y más cómodo". Ha pagado cerca de 60.000 euros por el inmueble.

Maika y otras 150 familias ya se han instalado en sus nuevos pisos. Sus casas están siendo derribadas para levantar después más viviendas protegidas en el mismo solar, a las que se trasladará otro grupo de familias que ahora habitan las Casas Baratas. Y así hasta que haya desaparecido la última de ellas, dentro de cuatro años.

Paquita Delgado es, además de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Bon Pastor, una de las personas que esperan impacientes su traslado a los pisos. "Mi abuelo construyó una de las primeras casas y allí hemos vivido siempre. Yo incluso nací allí. En la casa de enfrente vivía una comadrona que ayudó en el parto a mi madre", explica. "Pero ya es hora de cambiar. El ambiente de calle que teníamos antes ya se ha perdido. En los últimos años la gente ya no dejaba las puertas abiertas, como antes", añade.

Como presidenta de la asociación de vecinos, Paquita lleva tiempo hablando con la gente del barrio y organizando reuniones para informarles de las características del plan del PMV. Dice que no entiende por qué algunas familias se resisten a abandonar las casas, pero niega que en el barrio haya problemas de convivencia. "No hay ningún conflicto. Lo único que pasa es que hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra".

Las cuatro familias que se resisten a abandonar las Casas Baratas son pocas, si se compara con las más de 700 que han dado su aprobación al proyecto. Sin embargo, reciben el apoyo de Avis del Barri, una asociación de vecinos creada en 2003 y en la que militan un centenar de personas, así como de grupos antisistema de toda Barcelona, que ven en la iniciativa del patronato una operación especulativa. "El otro día vinieron algunos de estos jóvenes a darnos apoyo y a grabar un documental", relata Ramón. "Muchos vecinos vinieron a insultarles y casi les pegan", añade.

Pero no son los únicos elementos ajenos al barrio que se han pasado por allí últimamente. Familias de rumanos y gitanos acudieron en tropel en enero, según algunos vecinos, para "rapiñar lo que podían de las casas que ya habían sido desalojadas", cuenta Francisca Hernández, una mujer de 76 años que tampoco quiere dejar su casa. "Un día fueron a la vivienda de al lado, robaron todo lo que pudieron e hicieron sus necesidades en el terrado", asegura. Aquellos episodios obligaron al patronato a tapiar todas las viviendas.

Las cuatro familias han presentado un recurso contencioso-administrativo para paralizar el proyecto. Pero el presidente del PMV, Eugeni Forradellas, afirma que "esto no se va a parar". "[Las cuatro familias] quieren compensaciones morales y económicas. Pero los precios que hemos puesto tanto para el alquiler como para venta son muy ventajosos. Eso ya es suficiente compensanción", explica Forradellas. En caso de no llegar a un acuerdo, el Patronato se planteará el "desalojo forzoso".