Mena usó una base de datos desfasada para mandar los cheques de la RMI

El caos de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que este agosto ha dejado a decenas de miles de personas sin esta ayuda de último recurso de 420 euros, se debe en parte a que el Departamento de Empresa y Ocupación, cuyo titular es Francesc Xavier Mena, ha utilizado una base de datos con información anticuada para enviar los cheques a los beneficiarios, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes de los órganos que gestionan esta ayuda. Este error ha hecho que muchos afectados no hayan recibido el talón bancario porque ha sido enviado a sus antiguos domicilios.

Han sido los trabajadores sociales los que han dado la voz de alarma, sorprendidos al toparse con casos en los que ellos mismos habían actualizado semanas o meses antes la dirección del beneficiario en la principal base de datos de la renta mínima -cuyo gestor es el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, que orgánicamente depende del Departamento de Bienestar Social- y comprobar luego que "a muchos de ellos se les ha enviado el cheque a direcciones antiguas", explica un asistente social de una importante ciudad del área metropolitana. "Empresa y Ocupación ha usado una versión antigua del sistema de información u otra base de datos que debe de tener como pagadora de la ayuda, pero se han enviado muchos cheques a direcciones equivocadas", añade.

El Ayuntamiento dice que no dejará a nadie "en la marginalidad"

Mena y Cleries comparecerán el viernes en el Parlament

La presidenta del Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales de Cataluña, Núria Carrera, confirmó ayer que numerosos profesionales le han hecho llegar la misma queja en los últimos días. Ayuntamientos como los de Sabadell y Tarragona también han constatado el envío a direcciones anticuadas. Victòria Pelegrín, teniente de alcalde de Tarragona, destacó el caso de una mujer víctima de maltrato a quien "el cheque llegó a su antiguo domicilio, pese a que el cambio había sido notificado hacía tiempo".

El caos de la renta mínima estalló a principios de agosto, cuando la Generalitat decidió cambiar sin aviso el sistema de pago de la ayuda, que reciben 34.000 beneficiarios y de la que dependen 110.000 personas en Cataluña. Esta vez, el Gobierno catalán envió un cheque a los beneficiarios en lugar de pagarles con la habitual transferencia bancaria. Con ello, se pretendía introducir por sorpresa una medida de control para evitar el fraude.

El resultado, sin embargo, ha sido un desastre que el pasado viernes aún tenía a uno de cada cuatro perceptores de la renta mínima esperando el cheque, según admitió el Gobierno catalán. Esto ha obligado a muchos Ayuntamientos y entidades como Cáritas y Cruz Roja a movilizar todos los recursos disponibles en agosto para avanzar el dinero a los afectados o proporcionarles comida.La RMI la gestiona la Generalitat mediante una comisión interdepartamental de la que forman parte, además de los departamentos de Empresa y de Bienestar Social, entes como el ICASS. Esta comisión cuenta con un sistema de información, manejado por el ICASS, que controla a todos los beneficiarios de la ayuda. "Cada trabajador social sigue la situación personal de varios beneficiarios", explica un gestor de la renta mínima. "Cuando observa un cambio en la situación del receptor de la RMI, lo comunica por teléfono o correo electrónico al ICASS, que lo actualiza inmediatamente. Esta es la base de datos más actualizada sobre la renta mínima, pero no sabemos por qué esta vez no se ha utilizado", añade este funcionario.

Los departamentos implicados tampoco aclararon el asunto. Aunque Empresa es el departamento que financia la renta mínima y, por tanto, el que envió los cheques, un portavoz aseguró: "Los datos de a quién y dónde hacerlo nos los proporciona Bienestar Social". Este departamento, dirigido por Josep Lluís Cleries, devolvió la pelota: "El pago de la renta mínima es responsabilidad de Empresa y fueron ellos los que eligieron qué datos utilizar para enviar los cheques", afirmó un portavoz.

Mena y Cleries deberán aclarar su actuación el próximo viernes en una comparecencia extraordinaria en el Parlament a la que han sido forzados a acudir por la oposición. Las diferencias entre ellos ya quedaron de manifiesto la pasada semana. Mientras que Cleries pidió disculpas a los afectados por los problemas causados, Mena adoptó una línea mucho más dura y acusó a miles de marroquíes de cobrar de forma fraudulenta la RMI, lo que le valió recibir acusaciones de racismo de partidos y entidades sociales.

Estas declaraciones fueron la guinda al creciente malestar que los problemas de cobro de la renta mínima han generado en las últimas semanas, en buena parte por ser una ayuda de supervivencia que los beneficiarios -parados de larga duración y personas con riesgo de exclusión social que no tienen ningún otro ingreso- necesitan cada mes para pagar el alquiler, comprar comida o hacer frente a las necesidades más básicas.

Todos los partidos; Ayuntamientos; el síndic de Greuges, Rafael Ribó; la presidenta del consejo asesor de la Generalitat en políticas sociales, Teresa Crespo; ONG, y el Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales han criticado la actuación de la Generalitat.

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Garraf), gobernado por CiU, ha sido uno de los últimos en anunciar que avanzará el dinero de la renta mínima a aquellas personas que este mes no la han recibido. Ahora mismo son 296 en esta población las que la cobran y los Servicios Sociales de la ciudad están estudiando cuántas de ellas se han encontrado atrapadas por los cambios introducidos. El concejal Francesc Sánchez aseguró que el Consistorio "no dejará a nadie en la marginalidad". "No es ni nuestra manera de hacer política ni nuestra manera de entender los servicios sociales", añadió.

Ayer lunes ya conocían la situación de dos de cada tres beneficiarios de la renta en el municipio, de los que al menos el 15% no la habrían cobrado todavía.

Francesc Sánchez entiende que la urgencia con la que la Generalitat ha tomado la decisión del cambio en el sistema de pago ha hecho que los Ayuntamientos se hayan visto obligados a reaccionar sin tener demasiada información sobre la cuestión, lo que en pleno mes de agosto les ha desbordado. "Si hubiéramos tenido información previa, seguramente podríamos haber actuado de otra forma".

En Tarragona, gobernada por el PSC, el Ayuntamiento confirmó ayer que decenas de personas aún no han cobrado la ayuda. Victòria Pelegrín, teniente de alcalde de Servicios a la Persona, atacó los cambios hechos por la Generalitat. "La medida no es correcta. Los cheques tardan mucho en llegar y estamos hablando de familias con muchas dificultades", lamenta la concejal.

Con información de Pere Lobato, Ivanna Vallespín y Mercè Pérez.