La Generalitat excluye a miles de beneficiarios de la renta mínima

Un tercio de los beneficiarios en Cataluña de la Renta Mínima de Inserción (RMI) quedaría fuera de los nuevos criterios exigidos por la Generalitat para recibirla, según el decreto que ultima el Gobierno catalán para reformar la ley que regula esta prestación de supervivencia de 420 euros mensuales que perciben 34.000 beneficiarios. De cada uno de ellos depende una media de 3,25 personas.

El decreto, que endurece y revisa las condiciones de acceso a la ayuda, recorta los dos extremos del abanico de beneficiarios que perciben la RMI. Uno de ellos lo forman las personas más excluidas socialmente y con menos posibilidades de reinserción laboral: aquellas que lo perciben desde hace más de cinco años. A este grupo, de unos 2.300 beneficiarios ya se les está quitando la ayuda. El otro extremo lo forman el colectivo contrario, aquellos que han perdido el trabajo y han agotado las prestaciones de desempleo, pero que en principio no presentan "una problemática social añadida", según el último borrador del decreto. Este grupo lo forman el 32% de los beneficiarios, unos 10.800. El decreto les impedirá acceder a la RMI hasta pasados seis meses de haberse quedado sin ningún tipo de prestación de desempleo.

Otra medida que recorta la renta mínima que ya se está aplicando desde julio -al haber sido introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto- es la obligación de residir en Cataluña desde hace dos años (antes era uno). Otra, que el importe máximo no supere el salario mínimo interprofesional (641 euros). Hasta ahora, el beneficiario sumaba a los 420 euros una cantidad de entre 50 y 90 euros según el número de personas a su cargo y si estas sufrían algún tipo de minusvalía.Con estas reformas, el Gobierno catalán quiere frenar el aumento de solicitudes de RMI, exponencial desde el inicio de la crisis: si en 2008 había 12.570 beneficiarios, el pasado abril la cifra llegó a los 33.700. La memoria de los Presupuestos de 2011 subraya que es necesario hacer frente a este alud de peticiones "estableciendo medidas que permitan contener el fuerte ritmo de crecimiento de las prestaciones y adaptar los recursos a la realidad actual". La Generalitat destinará este año 130 millones a la RMI, 40 millones más que el año pasado, una cantidad con la que el Departamento de Empresa tiene previsto "garantizar" la RMI a 35.000 familias.

Los recortes en la renta mínima incluidos en la ley de acompañamiento ya han llevado a la Generalitat a empezar a quitar la ayuda a quienes llevaban más de 60 meses cobrándola, según han confirmado algunos servicios sociales municipales.

Los trabajadores sociales consultados comparten con el Gobierno catalán la necesidad de controlar los casos en los que la renta mínima se había convertido en una "ayuda vitalicia" que desincentivaba al propio beneficiario a cambiar su situación. Pero también alertan del futuro que espera, si no se adoptan otras medidas, a aquellos con más problemas de inserción, como toxicómanos y enfermos mentales, "con pronóstico laboral cero y sin ayudas alternativas a las que acudir". "Debemos admitir como sociedad que siempre habrá un pequeño grupo que no es insertable socialmente y plantearnos qué hacer con ellos", añaden estas fuentes. Desde el Departamento de Bienestar Social apuntan, en cambio, que a este colectivo se le ayudará a buscar otro tipo de prestaciones a las que puedan acceder.

La nueva normativa pone límites también al compatibilizar la RMI con otras prestaciones, como pensiones por jubilación o invalidez. La suma de todas las ayudas no podrá superar el salario mínimo interprofesional, 641 euros mensuales.

El cambio lo empezarán a notar en la próxima transferencia bancaria que recibirán. Así consta en expedientes a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Por ejemplo, en el de una familia monoparental, formada por dos hijos menores y un tercero con una discapacidad, la unidad familiar percibía hasta ahora 840 euros mensuales. En septiembre cobrarán 200 euros menos.

Pero el decreto que prepara la Generalitat para desplegar con más detalle la ley prevé endurecer todavía más las restricciones. Eso afectaría a los parados que se queden sin la prestación y que "no acrediten ninguna dificultad social añadida". Deberán esperar seis meses para solicitar la RMI. Técnicos de servicios sociales alertan del peligro de la medida, porque no evita que más personas caigan en el pozo de la marginación social. "La renta, en lugar de ayudar a las personas a no caer en la marginalidad, solo se les dará cuando ya lo hayan hecho. Entonces es mucho más difícil reinsertarlas en lo laboral y lo social", explica un gestor de la ayuda. El decreto también recoge que los beneficiarios solo podrán salir de Cataluña un máximo de un mes y siempre comunicándolo previamente. Además, el decreto propone que el número de ayudas concedidas quede limitado a la disponibilidad presupuestaria.

Mientras, la Generalitat continúa estos días realizando entrevistas a los beneficiarios de la RMI. Para llevar a cabo la revisión de 20.000 expedientes en agosto y septiembre (con un cuestionario de 11 preguntas con el que detectar posibles casos fraudulentos) cuenta con unos 40 administrativos que ha contratado a través de la empresa de trabajo temporal Randstad. La ETT, según un portavoz, se ha limitado a proporcionar "el personal administrativo requerido" por el Gobierno catalán sin participar en la revisión del sistema de la renta mínima. Hace unos meses, Randstad sí llevó a cabo otro proyecto en al menos tres municipios del área de Barcelona relacionado con esta prestación. "Pero entonces no se trataba de detectar fraude, sino de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios", señaló un portavoz, informa Cristina Delgado.