Bruselas considera que la ley de grandes superficies limita la libertad de apertura

La Comisión Europea ha emplazado por segunda vez al Gobierno español a causa de la ley catalana sobre equipamientos comerciales. Bruselas considera que la ley 18 /2005, que aprobó el Parlament el pasado diciembre, establece "restricciones a la libertad de establecimiento", lo que supone que "España ha incumplido" las obligaciones del tratado, según la carta remitida por el comisario de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy.

La primera carta de emplazamiento por la ley catalana sobre establecimientos comerciales se produjo en 2000. La Comisión insiste en que, a pesar de las modificaciones introducidas, "la nueva normativa plantea problemas adicionales desde la óptica de la libertad de establecimiento". En su misiva del pasado 7 de julio, el comisario señala que la nueva ley "mantiene la prohibición de apertura de nuevos establecimientos de operadores que sobrepasen ciertas cuotas de mercado".

Según la Comisión, la nueva ley "presenta los mismos problemas ya expuestos en la carta de emplazamiento con relación a la libertad de establecimiento". Fuentes próximas al Departamento Economía y Comercio de la Generalitat sostienen, sin embargo, que "Cataluña tiene un buen modelo comercial, respetuoso con la libre competencia".

La Generalitat solicitará a través del Gobierno español un mes más para presentar observaciones al escrito de la Comisión y defender que el modelo comercial catalán es compatible con la normativa comunitaria.

La Comisión destaca como elementos más preocupantes algunas prohibiciones específicas de la ley catalana. En este sentido, señala "la prohibición de implantación fuera de la red urbana consolidada de las ciudades" y que, con arreglo a la ley catalana vigente, "los grandes establecimientos comerciales sólo pueden implantarse en las tramas urbanas consolidadas de los municipios que son capitales de comarca o que tienen una población superior a los 25.000 habitantes o asimilables por motivo de flujos turísticos".

La normativa también establece ciertas restricciones a los establecimientos de venta de electrodomésticos, electrónica de consumo, ocio y cultura con una superficie de venta igual o superior a 1.000 metros cuadrados.

A juicio de la Comisión, con ambas medidas "se restringe considerablemente la implantación de establecimientos comerciales en Cataluña, en particular los de gran tamaño". Otro tipo de limitaciones se refieren a las derivadas del llamado "establecimiento comercial de carácter colectivo", que se define como la coincidencia, fuera de la trama urbana, de dos o más establecimientos dedicados al comercio al detalle situados a una distancia inferior de 300 metros. Las normas de agregación de estos establecimientos "impiden por completo la implantación de grandes establecimientos comerciales individuales cerca de otros". También recalca que se restringe la implantación de nuevos establecimientos comerciales de mediano tamaño en beneficio de los operadores ya establecidos en la zona.

El comisario se pregunta "qué zonas quedan disponibles para una posible implantación" si se acumulan todas las disposiciones señaladas. "Estas disposiciones", añade, "prohíben o limitan notablemente la implantación en zona no urbana y en zonas urbanas en las que ya estén implantados establecimientos comerciales".

El ex consejero de Comercio de la Generalitat Josep Huguet, promotor de la ley, pidió al ministro de Industria, José Montilla, que defienda la política comercial catalana ante la Comisión Europea, tras conocerse el requerimiento de Bruselas, informa Europa Press.