Aumenta la contratación de bandas de vigilancia de obras para evitar robos

Bandas organizadas se dedican a ofrecer vigilancia nocturna en obras de buena parte del área metropolitana de Barcelona. De no aceptar sus servicios, los contratistas ven como al cabo de unos días desaparece maquinaria o el material sufre algún tipo de daño. Aunque se trata de un secreto a voces, ni las empresas denuncian los hechos de los que son víctimas, ni los cuerpos de seguridad actúan contra los extorsionadores. Estas bandas actúan no sólo en promociones privadas, sino también en actuaciones que impulsan las administraciones públicas.

En las obras vigiladas puede observarse el distintivo que alerta de que la zona se encuentra bajo el control de un clan: una bandera gitana de color verde y azul, con una rueda de carro dibujada, símbolo de este pueblo nómada. Algunos de estos grupos han constituido una empresa y, a efectos legales, registran su actividad. Pero apenas facturan, puesto que suelen cobrar en negro, y el personal no dispone de permisos ni licencias para desarrollar tareas de vigilancia. "Hay un doble componente delictivo: además de hacer extorsión, no tienen la documentación en regla para llevar a cabo su actividad", explican fuentes de los Mossos d'Esquadra. Aun así, la policía autonómica afirma que no puede actuar porque los afectados no denuncian los casos.

Un constructor de Badalona, Javier López, fue interpelado por una de estas bandas hace algún tiempo, cuando trabajaba en tareas auxiliares en una obra: "Vino un hombre acompañado de su hijo y con un perro bastante violento. Nos pidió 1.500 euros al mes por vigilar la obra. Nos dio a entender que, si no aceptábamos, el material podría empezar a desaparecer". López avisó al contratista, que a su vez llamó a la policía. Pero de nada sirvió, porque días después acabó por contratar a una empresa de vigilancia regentada por un grupo similar que ya controlaba una obra cercana.

T. V., responsable de otra pequeña constructora de Barcelona, afirma conocer perfectamente estas actividades. Esta empresa trabajó hace tiempo como subcontratada en unas obras de El Prat. Un grupo acudió y reclamó a T. V. 1.200 euros por vigilar la zona. La promotora se negó y poco después desparecieron muebles de cocina de las nuevas viviendas. Finalmente el constructor claudicó y el grupo se instaló en el lugar. "Trajeron una nevera y colchones, y convirtieron los pisos en su casa", dice T. V. Tal como explica, el hecho de que generalmente las personas que se dedican a este tipo de extorsión sean de etnia gitana hace que se caiga en el error de estigmatizar a todo el colectivo y "paguen justos por pecadores".

En la población barcelonesa de Gavà, Esquerra Republicana denunció esta práctica generalizada en el municipio mediante una moción que presentó en el pleno municipal del Ayuntamiento, después de que una banda se dedicó a avisar a los empresarios del peligro de que se produjeran en el futuro incendios en las obras, con el fin de convencerlos de la necesidad de contratar vigilancia.

La Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona afirma que sus socios no han expuesto en ningún momento este problema.

Seguridad más cara

Otra constructora de Barcelona que prefiere mantenerse en el anonimato aclara por qué las empresas no denuncian estos hechos: cuando han recibido amenazas, suelen acudir a compañías de seguridad tradicionales, pero ocurre que éstas son mucho más caras. Ante la necesidad de protección, acaban por cerrar el trato con las bandas. Además, explica el responsable de la compañía, "una vez que se opta por contratar a estos grupos, no hay más problemas". A ello se suma la dificultad de poder demostrar que las personas que han cometido el robo son las mismas que días antes les habían ofrecido el servicio de vigilancia.

Curiosamente, la bandera gitana con el símbolo de la rueda estaba colgada hace unos días en la valla de las obras de la nueva comisaría de los Mossos d'Esquadra en el barrio de Sant Cosme de El Prat. En la placa podía leerse el nombre de la empresa, Control AM. El cuerpo autonómico explicó que aún no ha recibido las obras y que, por tanto, su responsable es la empresa constructora, en este caso Sacyr. Algunas fuentes afirman que el clan cobra unos 1.800 euros mensuales y que, antes de contratar estos servicios, el pasado verano alguien prendió fuego a una excavadora.

A mediados de octubre, los Mossos d'Esquadra detuvieron por narcotráfico al clan Los Manolos, del barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs, grupo conocido también por ofrecer servicios de seguridad a los constructores.

Esta práctica generalizada en el área metropolitana se da, de hecho, en todo el territorio. En mayo de este año, la Guardia Civil detuvo en Montblanc (Conca de Barberà) a dos personas que obligaban a seis constructores a pagarles entre 300 y 1.200 euros por vigilar las obras. En esta ocasión sí se pudo probar que, días antes de pedir el dinero, ellos mismos se encargaban de sustraer material de las empresas.