El decreto del sector público quiebra la paz entre sindicatos

El decreto de reordenación del sector público andaluz provocó ayer un cruce de descalificaciones entre los sindicatos que han firmado el acuerdo con la Junta para sacar adelante la norma -Comisiones y UGT, mayoritarios entre todo el personal de la Junta en la Mesa General de la Función Pública- y el CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios de la Administración autonómica en la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Los máximos representantes de UGT y Comisiones Obreras en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, acusaron ayer al CSIF, aunque sin nombrarlo -"los sindicatos corporativos que ayer abandonaron la mesa", dijeron-, de actuar como "los nacionalismos excluyentes" y responsabilizaron al PP de estar detrás del enfrentamiento que se vive desde hace varias semanas entre los trabajadores de la Administración andaluza. "Tienen los mismos comportamientos que los nacionalismos excluyentes" e "intentan enfrentar a unos trabajadores con otros", dijo Carbonero, quien aseguró que "hay muchos intereses privados que pretenden deteriorar lo público para beneficiar a lo privado".

Lo cierto es que el clima de tensión que presidió la noche anterior la reunión de la Mesa General de la Función Pública se mantenía ayer en los pasillos del edificio de Torretriana, sede de las consejerías de Hacienda, Educación y Turismo, donde algo más de medio millar de trabajadores abucheó e increpó el jueves a los miembros de Comisiones y UGT. También el presidente andaluz volvió a sufrir ayer una manifestación de trabajadores públicos mientras inauguraba un edificio de investigación en Sevilla. Y los trabajadores de la empresa pública Egmasa, convocados por la sección sindical de Comisiones y UGT se concentraron en distintas las puertas de la empresa para denunciar lo que a su juicio es "un linchamiento público de los 6.000 trabajadores de la empresa" a los que se tilda de "enchufados".

Desde CSIF no hubo contestación hacia UGT y Comisiones, pero sí cargaron nuevamente contra la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. "Sigue descalificando a los empleados públicos, acusándoles de manipulables y mal informados, cuando estos trabajadores son personas formadas e informadas, que además están en su derecho de discrepar", afirmó Alicia Martos, presidenta del sector de Administración autonómica de CSIF Andalucía. Martos añadió: "No somos meros comparsas de UGT y CC OO, sindicatos con los que tenemos un entendimiento magnífico y con quienes estamos dispuestos a admitir hasta coacciones". CSIF anunció que seguirá realizando actos de protesta los martes y los jueves en los centros de trabajo de la Junta para exigir la derogación del decreto.

Por otro lado, el sindicato Ustea anunció ayer la presentación de un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el acuerdo de reforma del decreto 5/2010 suscrito por la Junta, Comisiones y UGT.