Los alcaldes del PSOE rechazan el plan urbanístico de la Junta para la Costa del Sol

La Junta de Andalucía sigue sin conseguir que la que considera su actuación "más ambiciosa" en la Costa del Sol, el Plan de Ordenación Territorial (POT), cuente con el respaldo de los alcaldes del PSOE. Los primeros ediles de Estepona, Mijas, y Ojén votaron ayer en contra del documento en la comisión de redacción del plan reunida en Málaga, y aunque todos matizaron que comparten la filosofía y necesidad del mismo, discrepan de algunos de los contenidos específicos para sus respectivos municipios. El problema puede repetirse hoy con el plan de ordenación para la comarca de La Axarquía.

Ni la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, ni la dirección regional del PSOE han logrado convencer a los tres alcaldes socialistas de la Costa del Sol para que respalden el POT, un plan que el propio presidente autonómico y secretario general de los socialistas andaluces, Manuel Chaves, ha definido como "el gran proyecto de esperanza y modernización" de la zona.

La Junta aspira a que el POT invierta el modelo de desarrollo urbanístico de la costa, poniendo fin a la ocupación intensiva del territorio, y procure espacios libres, valores ambientales y equipamientos para que la zona gane calidad. El plan prevé 4.300 millones de euros de inversión en infraestructuras.

Los alcaldes socialistas ya votaron en contra de la tramitación del documento en noviembre. Para evitar que el episodio se repitiera, los alcaldes de Mijas, Agustín Moreno, y de Estepona, Antonio Barrientos, fueron convocados antes de ayer en Sevilla a una reunión a la que asistieron la consejera de Obras Públicas, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Luís Pizarro, y la secretaria provincial de la formación en Málaga, Marisa Bustinduy, además de otros cargos de la consejería. El acuerdo resultó imposible.

"Hay temas particulares de algunos alcaldes que los han antepuesto a la globalidad", explicó el delegado provincial de la consejería en Málaga, José María Ruiz Povedano.

La secretaria provincial del PSOE explicó que "dentro del celo de responsabilidad institucional que cada uno tiene ha habido un conflicto de intereses en temas muy puntuales, y desde el partido hemos hecho todos los esfuerzos posibles para intentar conciliarlos". Bustinduy destacó que en la "filosofía y necesidad" del plan no hay ninguna discrepancia y que "todos los alcaldes han trabajado por que los planes municipales sean acordes al POT".

El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, se quejó de que "los ayuntamientos no han tenido una participación acorde con el papel que representan en la elaboración del plan", aunque reconoció que el POT es un instrumento "imprescindible e incuestionable para proteger los valores medioambientales, frenar el descontrol urbanístico y generar equipamientos".

Pero Barrientos entiende también que el plan "comprime" el desarrollo de Estepona porque reserva un área al sur del vial de conexión con la AP-7, donde el alcalde tenía prevista la expansión urbana de la ciudad, y tampoco permite pasar a urbanizable unos núcleos diseminados. Además de los tres alcaldes socialistas, también votó en contra el primer edil de Casares, Juan Sánchez, de IU.

Casi más sorprendente que el voto en contra de los tres alcaldes socialistas fue la abstención del representante de la Diputación de Málaga, Francisco Fernández España, que es el número 2 del PSOE en la provincia. La Diputación justificó su postura en mantener la neutralidad en un asunto en el que no hay acuerdo entre los municipios.

También se abstuvieron el alcalde de Istán (IU) y el presidente de la gestora de Marbella, aunque éste por cuestiones formales por el carácter transitorio de la comisión. A la reunión no acudió ningún representante de Fuengirola (PP).

En la reunión de ayer, sólo votaron a favor del documento los alcaldes de Manilva (expulsado del PSOE) y Benahavís (PP). Este último curiosamente pese a las críticas que el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, realizó al POT, con el que dijo que la Junta invade competencias de los municipios y que consideró "sectario".

Estos dos votos se unieron a los de los 11 representantes de las distintas consejerías de la Junta para sacar adelante el documento.

De las 331 alegaciones presentadas en el segundo periodo de información pública del documento -el primer proyecto tuvo más de un millar-, la comisión ha estimado 37 (un 11%). De las rechazadas, 66 lo han sido por no ser objeto del POT, y el resto porque proponían la supresión o reducción de áreas estratégicas, sistemas de espacios libres, protección ambiental, y zonas de interés territorial.

El POT deberá verse ahora por las comisiones provincial y regional de Urbanismo y recibir el dictamen del Consejo Consultivo antes de que el Gobierno autonómico lo apruebe definitivamente, previsiblemente antes de verano.