Todo un catálogo de anomalías

Los programas que denuncian los problemas que sufren los ciudadanos británicos al comprar una casa en España se han convertido en todo un género televisivo en el Reino Unido. El guión del penúltimo capítulo se ha escrito en Fuente de Piedra (Málaga). Quince británicos e irlandeses han denunciado ante los tribunales a los máximos responsables de la promotora Grupo Mirador hartos tras más de cuatro años sin poder ocupar los adosados por los que pagaron entre los 30.771 y los 88.024 euros. La denuncia, actualmente en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, es un verdadero catálogo de anomalías y se dirige también contra la inmobiliaria Palmera Properties, con sede en Benalmádena (Málaga) y especializada en la venta de inmuebles sobre plano en el mercado inglés.

Dos casas de clientes han sido embargadas por una deuda de la empresa con Hacienda

La promotora avaló las cantidades a cuenta con una caja panameña sancionada en España

Los primeros puntos oscuros surgen en los propios contratos de compraventa de los adosados, de la urbanización Mirador de Fuente de Piedra, descritos como "Viviendas de Protección Oficial con expediente en trámite". Esta catalogación, con la que se buscaba obtener ayudas del Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Plan de Vivienda y Suelo 2002-2005, impide venderlas a personas que no vayan a usarlas como residencia habitual y exigía que los propietarios no superaran en 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, lo que parece poco probable en el caso de los ciudadanos británicos. En cualquier caso, la Administración no catalogó nunca la urbanización como de vivienda protegida. El consejero delegado del Grupo Mirador, Enrique Faura, asegura que fue la promotora quien pidió a la Junta que no se catalogara la urbanización como VPO "precisamente como un favor para poder vendérselas a estos señores que ahora ponen la denuncia".

En varios contratos se estipulaba que en el momento de la firma las viviendas ya se estaban ejecutando. Sin embargo, la fecha de la celebración del contrato es anterior a la concesión de la licencia de obra, por lo que los trabajos no pudieron empezar hasta después del permiso.

Al haber entregado los clientes cantidades a cuenta, la promotora estaba obligada por ley a darles un aval bancario o seguro que garantice la devolución de las cantidades y los intereses en caso de incumplimiento del contrato. La promotora concertó este aval con la entidad Caja Hipotecaria Centro Sur S.A., domiciliada en Panamá y no sancionada por el Banco de España por usar una denominación que induce a confusión. Faura afirma que él "también" ha sido un "estafado" por esta Caja Hipotecaria, que fue dada de baja y con la que el Grupo Mirador ya no tiene relación.

Sobre dos de las viviendas de los denunciantes pesa incluso un embargo preventivo, ya que, según la denuncia, la empresa debe a la Consejería de Economía y Hacienda 278.897 euros. Esta cantidad, según la denuncia, corresponde al impuesto sobre Actos Jurídicos generado por las escrituras de la promoción que la empresa debe pagar al considerar la urbanización de renta libre y no VPO, lo que la eximiría del pago del impuesto. Los clientes no podrán disponer de la casa mientras Mirador no pague la deuda.

Dos clientes, cansados de que no se les entregaran las viviendas, pidieron en mayo de 2006 resolver el contrato. La promotora, Coniproje SL, entregó dos pagarés por los 32.695 euros entregados a cuenta a cambio de que los clientes firmaran un documento por el que renunciaban a acciones legales contra la empresa. Sin embargo, la letra pequeña decía que los pagarés los abonaría la constructora CYO Ingeniería, también de Mirador. Esta empresa, según el registro mercantil, tiene embargos por dos millones y medio de euros, por lo que los clientes todavía no han cobrado. Faura, que afirma que la situación del mercado inmobiliario está creando "dificultades financieras" a Mirador, admite el embargo, pero lo reduce a 450.000 euros.