Hechos probados

Aunque el periodismo es una de las profesiones menos corporativas hay una tendencia natural a poner en marcha el aserto "a los míos con razón o sin ella". Viene esto a cuento de las reacciones por el juicio oral que comienza hoy contra dos periodistas del periódico El Mundo a raíz de una querella presentada por Manuel Chaves y Luis Pizarro. Como era previsible, se ha iniciado una ola de solidaridad con los encausados, unas veces por un sentimiento de apoyo a supuestas víctimas y otras veces por odio visceral hacia el PSOE y hacia el presidente de la Junta. Los hechos, en resumen, son los siguientes: el periódico El Mundo publicó hace seis años que el presidente de la Junta y el secretario de organización del PSOE habían ordenado espiar al entonces presidente de Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea. Los periodistas confirmaron la noticia con la Delegación del Gobierno en Andalucía, a cuyo frente estaba José Torres Hurtado (PP), y con uno de los protagonistas de la historia. Aunque recibieron el desmentido de Luis Pizarro decidieron publicar la noticia, no como posible, sino como hecho cierto. López Benjumea presentó una denuncia en los juzgados que fue desestimada en dos ocasiones. Chaves y Pizarro, a título individual, decidieron interponer una querella contra los periodistas, cuyo juicio oral se ve esta semana. En la resolución judicial para convocar juicio se señala que la cinta de vídeo en la que se basó la noticia es un montaje. Hasta aquí los hechos.

Por tres veces los tribunales han desestimado que hubiera tal espionaje. A pesar de ello, ni los periodistas ni el periódico han querido publicar una rectificación. Es habitual que un medio de comunicación pueda dar como buena una noticia que luego se demuestra falsa. Basta con rectificar para restablecer la verdad. Si encima la noticia afecta al honor de alguna persona a la que se ha imputado injustamente un delito, la necesidad de establecer la veracidad de los hechos es aún mayor. Ni el periódico ni los periodistas de El Mundo han querido rectificar a pesar de las resoluciones judiciales y los informes policiales. Para el periódico, todo tiene su origen en una trama urdida desde la Junta, según los delirios conspirativos al uso. Comprendo que muchos periodistas de buena fe establezcan su solidaridad con los compañeros y está descontada la reacción interesada de quienes solo pretenden dañar al presidente de la Junta y al PSOE.

Cualquiera puede entender la reacción como personas y como ciudadanos de Pizarro y Chaves. Han sido injustamente imputados de un delito y no se ha querido rectificar a pesar de las resoluciones judiciales. Toda persona tiene derecho a recurrir a los tribunales para defender su honor y en contra de lo manifestado por algún absurdo personaje, la presunción de inocencia cubre por igual a todos, sean políticos , periodistas o el último ciudadano. Los periodistas no estamos por encima de la ley: la Constitución nos concede la garantía del secreto profesional y de la cláusula de conciencia, pero no nos mantiene al margen de la ley. Podemos ser enjuiciados y condenados como cualquier ciudadano si se demuestra que hemos injuriado a alguien. No podemos crear un manto de silencio sobre nuestro trabajo al usar como escudo protector una supuesta amenaza a la libertad de expresión que, sobra decir, no corre el más mínimo riesgo en España ni en Andalucía. Puede sufrir tropezones en algunos momentos o lugares, pero goza de una salud excelente. Y por supuesto, la querella presentada contra dos periodistas de El Mundo no la pone en riesgo en lo más mínimo. La justicia sigue su curso y los tribunales decidirán. Conviene recordar que la Junta no participa en el proceso. Cosa distinta es que la querella pueda resultar inoportuna en el plano estrictamente político. Pero esa es otra historia.