La Fiscalía pide prisión para 11 acusados por el accidente de la A-7

La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de prisión para los 11 imputados por el accidente de la A-7. Ocurrió hace más de cuatro años en Almuñécar (Granada). El 7 de noviembre de 2005 se desplomó la autocimbra (una gran estructura metálica) que se utilizaba para la construcción de un viaducto en la autovía. El suceso costó la vida a seis trabajadores, cinco de ellos portugueses.

La compleja instrucción, con cambio de juez incluido, ha dilatado el proceso, pero ya está más próxima la celebración de la vista oral. El Ministerio Público acusa al ingeniero director del proyecto del tramo Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes por los que le pide cuatro años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo periodo. El coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento, Juan Mena, así como otros ocho imputados se enfrentan a las mismas penas.Para el capataz de una de las empresas subcontratadas, Estructuras y Montajes Prefabricados, la pena es menor puesto que no se le acusa del delito contra los derechos de los trabajadores. En su escrito, el fiscal solicita el sobreseimiento de la causa para el jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Juan Francisco Martín Enciso, a quien la juez instructora sí había imputado.

El resto de acusados son el representante legal de la UTE La Herradura, el jefe de obra y el técnico de seguridad de la misma empresa, que es la contratista principal; así como el representante de Estructuras y Montajes Prefabricados, el técnico de prevención, el jefe de obra y el encargado de de obra de la misma empresa; y por último el representante de Puentes y Calzadas.

El accidente se produjo en las obras, promovidas por el Ministerio de Fomento para construir la Autovía del Mediterráneo (A-7). El tramo fue adjudicado a la empresa UTE La Herradura, que suscribió con Estructuras y Montajes Prefabricados un contrato de ejecución para realizar los viaductos de hormigón del tramo de autovía adjudicado.

Esta empresa subcontrató a su vez a la mercantil portuguesa Douro Montemuro la ejecución de diversas unidades de obra en el citado tramo de autovía, de ahí que cinco de los fallecidos fueran portugueses. Para construir uno de los viaductos, concretamente el de Río Verde, se construyó una autocimbra propiedad de Puentes y Calzadas.

El 7 de noviembre de 2005 a las 15.30 horas se produjo la caída de la autocimbra desde una altura de 67 metros lo que causó la muerte de seis trabajadores y dejó herido a otros cinco. Una avería previa el mismo día provocó un corte eléctrico que motivó la detención de la estructura que estuvo detenida una media hora, mientras era reparada, y antes de que se restableciera el suministro de energía se precipitó, arrastrando consigo a siete de los doce trabajadores que se encontraban sobre ella.

La Fiscalía precisa que la obra contaba con el preceptivo estudio de seguridad y con el plan correspondiente, aunque éste "adolecía" de falta de solución para el riesgo que suponía la ubicación de la planta hormigonera bajo la zona en la que realizaban los trabajos de construcción del viaducto.

Además, aunque el manual de instrucciones de la autocimbra fijaba operaciones de mantenimiento obligados en la autocimbra, éstas no se llevaron a cabo. Y el plan de seguridad no tenía referencias a esta estructura metálica, según el fiscal, que recrimina al director del proyecto de ejecución de la obra que no subsanara esas omisiones-

El Ministerio Público sostiene que las "omisiones" de todos los imputados fueron determinantes para generar el grave riesgo que corrieron los trabajadores, así como para las consecuencias lesivas que tuvo.