Andalucía aprueba el nuevo Estatuto con la participación más baja de su historia

Nunca, en ninguno de los seis referendos anteriores celebrados en Andalucía desde la llegada de la democracia, los andaluces han mostrado tanta indiferencia en una consulta. Andalucía tiene desde ayer un nuevo Estatuto de Autonomía, sí, aprobado por el 87,45% de los votos, pero con una participación del 36,28%, la más baja de toda su historia. Los noes sumaron el 9,48%. La abstención causó una auténtica conmoción en la clase política, toda vez que ninguna encuesta la había pronosticado. La baja participación hizo añicos hasta las expectativas más pesimistas. Los cuatro partidos con representación parlamentaria (PSOE, PP e Izquierda Unida pedían el sí, y el Partido Andalucista, el no) no han logrado movilizar a su electorado.

La reforma estatutaria ha sido la principal apuesta de Chaves en esta legislatura

Incluso el referéndum de la Constitución europea de febrero de 2005, algo supuestamente más ajeno al interés cotidiano de los ciudadanos, concitó más interés en los andaluces que la reforma de su Estatuto. En aquella ocasión la participación en Andalucía fue del 40,3%, cuatro puntos más que ayer.

La desolación en los partidos, pero principalmente en las filas socialistas, ya que fueron los impulsores de la reforma, fue patente desde que se conoció el primer avance de participación, a las dos de la tarde. "Esperemos que los que hayan votado lo hayan hecho por el sí", comentaba una socialista. Cuando ya se barruntaba que la baja participación no se la podían achacar en exclusiva al PP -ayer votaron 2.193.000 andaluces, casi tantos como votantes socialistas en las últimas autonómicas-, el mensaje del PSOE giró en destacar el triunfo del sí.

La reforma del Estatuto ha sido la apuesta política más arriesgada del presidente de la Junta, Manuel Chaves. Ayer destacó que "lo realmente trascendente es el sí abrumador" y que "volvería a tomar la misma decisión" de reformar el Estatuto, asumiendo personalmente la responsabilidad del resultado. Chaves vino a decir que los políticos de Estado deben tomar decisiones a veces incomprendidas por los ciudadanos. Los socialistas creen que el hecho de que no había tensión entre los partidos y el que el sí estaba garantizado de antemano lo que ha desmovilizado al electorado.

No cabe duda de que el análisis autocrítico se abrirá en el PSOE. El Gobierno socialista ha girado toda su acción en esta legislatura sobre la reforma estatutaria y a un año de las elecciones autonómicas parece poco acertado que el balance de gestión del PSOE gire sobre un proyecto que tan poco entusiasmo ha generado.

Desde el Partido Popular, la alta abstención "certifica que no existía demanda social" de emprender una reforma del Estatuto, afirmó su presidente regional, Javier Arenas. Como él mismo reconoció, los populares llevan tres años diciendo que el debate estatutario no interesa a los andaluces. Los populares han hecho una campaña de perfil bajo en la que por un lado pedían el sí para el Estatuto, pero también el no a Manuel Chaves y a los "nacionalismos insolidarios".

Dirigentes del PP han admitido estos días que su electorado estaba confuso, ya que durante más de dos años han estado diciendo que el Estatuto andaluz "rompía España". De hecho, en distritos donde el Partido Popular es el más votado los resultados son muy significativos. Así en el barrio sevillano de Los Remedios la participación fue tan sólo del 26,84%, mientras que los votos de rechazo ascendieron al 33,61%. Igual ocurrió en el distrito Centro de Málaga, donde barre electoralmente el PP. El no cosechó el 36,72% de los votos, mientras que la participación fue del 26,26%.

La única formación que defendía el no era el Partido Andalucista (PA). Su secretario general, Julián Álvarez, celebró los resultados como un triunfo, rodeado por militantes que los recibieron con cánticos. A su juicio, el referéndum ha sido un fracaso estrepitoso, por lo que pidió la dimisión de su principal promotor, Manuel Chaves.

Al cierre de esta edición, con casi el 100% escrutado, la participación en Almería se situaba en el 32,39%, cuatro puntos menos de la media, lo que significa que 26 años de autonomía no han sido suficientes para reducir el desapego de esta provincia por el proceso autonómico andaluz. También fue la provincia con mayor porcentaje de noes (11,65%), frente a 85,30% de síes.

La escasa participación en Cádiz (la más baja de todas, un 30,87%) se achacó, además a la celebración del carnaval. El sí recabó en esta provincia el 86,99% y el no el 9,99%.

También había carnaval en Huelva, pero la asistencia fue del 35,24%. El sí fue el más alto de todos, el 90,30%, el no fue del 6,86%.

La participación más alta se produjo en la provincia de Jaén (44%), con un 89,77% de votos afirmativos, y 7,79 negativos.

El 40,79% del censo electoral de Córdoba acudió a las urnas, con un 86,34% de síes y 10,34% de noes. La participación en Granada fue del 36,78% (87,34% de síes y 9,56% de rechazo). En Málaga con 32,36% de participación, los votos afirmativos representaron el 86,97% y los negativos el 9,96%. Sevilla alcanzó una participación del 39,04%: el 87,43% optó por el sí y el 9,30% por el no.

A los cuatro referendos celebrados en todo el Estado -reforma política de 1976, Constitución de 1978, OTAN de 1986 y Constitución europea de 2005- hay que añadir el del 28 de febrero de 1980, cuando Andalucía votó el acceso a su autogobierno por la misma vía que la de las comunidades históricas, y el del Estatuto de Carmona de 1981. Éste tuvo una participación del 53,49% -17 puntos más de los que ha tenido su reforma- y cosechó un 90% de síes (87,39% ahora) y un 7,05% de noes, frente a los 9,52% de ayer.

La consternación se vio agravada por cuanto ninguna de las encuestas realizadas por organismos oficiales -las del CIS o el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía- ni por empresas privadas pronosticaban una abstención tan alta. Todas daban en torno a un 50%, punto arriba o abajo.

Éste ha sido el primer referéndum autonómico en el que la campaña institucional no ha fomentado de manera directa la participación, siguiendo el acuerdo de la Junta Electoral Central, ratificado por el Tribunal Supremo, que prohibió llamar a los ciudadanos a las urnas.