Los guatemaltecos dudan de la eficacia del estado de sitio

Diez días después de haberse implantado el estado de sitio en la provincia de Alta Verapaz , en el norte de Guatemala, los resultados de la medida siguen sin convencer a los guatemaltecos. La mayoría de la población considera que los frutos anunciados por el Gobierno son muy pobres y que pudieron alcanzarse sin necesidad de recurrir a una medida extrema que limita garantías ciudadanas y que recuerda los abusos que se cometieron durante la guerra civil (1960-1996).

De acuerdo con la información oficial, durante los tres primeros días del estado de sitio, las fuerzas de seguridad se incautaron de 220 fusiles de asalto del tipo AK-47 y M-16, y abundante munición para los mismos. Son armas cuyo poder sobrepasa con creces la capacidad de fuego de la policía y que la ley limita al uso exclusivo del Ejército. Otros logros anunciados fueron el embargo de dos avionetas en cuyo interior se encontraron cerca de 500.000 quetzales (unos 44.000 euros) en efectivo, así como una decena de capturas de presuntos narcotraficantes, aunque en ninguna de ellas haya caído algún pez gordo.

Además, muchos creen que la medida se tomó con cierta precipitación y que se obviaron requisitos legales, como traducir el decreto a la lengua quekchí, único idioma que habla un 75% de la población afectada, según denunció la líder indígena Rosalía Tuyuc.

En cualquier caso, la implantación del estado de sitio ha evidenciado, una vez más, la división profunda que persiste en la sociedad guatemalteca, 14 años después de la firma de la paz, cuyo aniversario se cumple precisamente hoy. A través de programas radiofónicos con micrófonos abiertos a la población, muchas personas reclaman una política de mano dura y que los estados de excepción se extiendan a otras provincias. El clamor se explica por la inseguridad extrema que prima en Guatemala. Según cifras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM, organización humanitaria independiente), hasta el 30 de noviembre el número de muertes violentas de 2010 superaba ya las 6.000 víctimas.

La extrema debilidad del Estado queda demostrada por el hecho de que solo un 3% de estos crímenes llega a los tribunales.

Pero es obvio que el Estado no tiene capacidad operativa para ampliar el estado de sitio a otras provincias. La activista humanitaria Norma Cruz señala que, al trasladar a los agentes de la Policía Nacional Civil hasta la zona de operaciones para realizar los operativos en Alta Verapaz, se desprotegió a grandes sectores de la población.

En declaraciones a la prensa local, después de la misa del domingo, el nuevo arzobispo primado de Guatemala, Óscar Vian, calificó el establecimiento del estado de sitio como coyuntural. "Es algo temporal y deben evaluarse sus resultados antes de pensar en extenderlo a otras regiones", dijo el prelado. Advirtió, además, sobre posibles alcances no previstos si se pretende imponer el estado de excepción en provincias como Petén, la más extensa y secularmente desprotegida del país. "Ahí hay muchos narcotraficantes que se han adueñado de grandes extensiones donde ya nadie puede entrar. Implantar un estado de sitio podría desencadenar una nueva guerra en el país", exclamó.

En el mismo sentido se pronunció Edgar Gutiérrez, ex ministro de Exteriores del Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) que califica el establecimiento del estado de sitio como un acto de guerra en contra de Los Zetas. "El uso de tropas y la suspensión de garantías para desbandar al cartel mexicano de Los Zetas en Alta Verapaz es un acto de guerra. Es un acto legítimo de fuerza ante una amenaza armada transnacional de carácter criminal que desafía a la autoridad estatal y aterroriza a la población", afirma Gutiérrez en su columna habitual del matutino El Periódico del jueves 23.

Añade que, por ahora, Los Zetas podrán no estar interesados en entrar en combate contra el Ejército guatemalteco, pero advierte que la experiencia de México no da pie a un gran optimismo al respecto.

En cualquier caso, el reto se presagia descomunal. Por su posición geográfica y la debilidad extrema del Estado, Guatemala se ha convertido en un paraíso para los narcotraficantes.

A ello han contribuido gravísimos errores políticos. Durante la administración de Óscar Berger (2004-2008), se redujo el Ejército muy por debajo de lo estipulado en los Acuerdos de Paz, lo que obligó a eliminar bases militares clave en la protección del país y dejó las fronteras absolutamente permeables. Entre las bases que se eliminaron están aquellas que durante el conflicto armado permitieron neutralizar el tráfico de armas para la guerrilla.

Los militares fueron sustituidos inmediatamente por los narcotraficantes, que transformaron la antigua Ruta Ho Chi Min de los guerrilleros en la estructura básica para sus operaciones.