La incompatibilidad de una juez puede anular parte del sumario del 'Prestige'

Un nuevo nubarrón pesa sobre la ya muy enmarañada instrucción de la catástrofe del Prestige. Acumula más de cinco años y 15.000 folios de sumario, y ahora que está sometida a la inspección del Consejo General del Poder Judicial, que investiga una queja de la Fiscalía sobre una supuesta dilación excesiva e injustificada del caso, se plantean nuevas dudas que pueden llegar a tener gran transcendencia en la resolución judicial de una de las mayores catástrofes ecológicas ocurrida en España, aunque la práctica totalidad de los afectados ya cobraron indemnizaciones gracias al Fondo Internacional de compensación de daños por accidentes de hidrocarburos en el mar.

Varios abogados ya han decidido pedir la nulidad de sus actuaciones

El caso podría enrevesarse aún más con las dudas suscitadas ahora

La titular del Juzgado número 1 de Corcubión, Carmen Veiras Suárez, ha puesto bajo sospecha la capacidad y la labor de su antecesora, la juez sustituta María Jesús Souto Vázquez, al sostener, en comunicaciones oficiales, que habría ejercido de forma simúltanea el cargo con la profesión de abogada. De ser cierto, constituiría una ilegalidad y abriría la puerta a pedir la nulidad de todas las actuaciones o resoluciones adoptadas por Souto durante las sucesivas sustituciones que realizó al frente de este pequeño juzgado de la Costa da Morte desde 2004 hasta que juró su cargo Veiras, hace poco más de año y medio.

María Jesús Souto cesó en el cargo dejando pendientes numerosos casos o actuaciones judiciales. Incluso llegó a emitir sentencias un año después de dejar la sala de Corcubión sobre casos juzgados durante su periodo de sustitución. Ante la inspección sobre el funcionamiento de este juzgado en su conjunto -no sólo en lo que afecta a la lentísima instrucción del caso Prestige-, la juez titular está notificando a abogados y procuradores, mediante autos o providencias, que no está en condiciones de resolver esos casos o peticiones porque fueron en su día adoptadas por "una juez que está ejerciendo como abogada", una profesión "incompatible con el cargo de juez según el artículo 389.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Pero Carmen Veiras no se limita a hacer constar la situación actual de su antecesora, sino que incluso pone entredicho su capacidad y actuación como juez sustituta al hacer constar en sus comunicaciones que Souto Vázquez "ejerció ininterrumpidamente la profesión de abogada" desde que se dio de alta en el Colegio Oficial de A Coruña, el 21 de febrero de 2001. Veiras cita como fuente "una certificación solicitada al Colegio de Abogados" para insinuar que María Jesús Vázquez Souto habría incurrido en la ilegalidad de simultanear la profesión de letrada con la de juez sustituta.

La situación abre la puerta a pedir la nulidad de sus actuaciones y resoluciones durante los periodos en los que estuvo al frente del juzgado de Corcubión. Varios abogados consultados por este diario que recibieron la notificación de Carmen Veiras ya tienen decidido pedir la nulidad de los casos instruidos por su antecesora.

María Jesús Souto Vázquez, que trabaja en un despacho de Santiago, ha adoptado numerosas decisiones sobre el sumario del Prestige durante los sucesivos periodos en los que estuvo de juez sustituta en Corcubión. Partes personadas como acusación en este caso desconocen si las dudas planteadas sobre la capacidad de la juez sustituta va a afectar la ya muy retrasada instrucción de la catástrofe. Pero en todo caso hay unanimidad en que las dudas levantadas por Veiras no van a ayudar a desenmarañar un caso ya muy enrevesado de por sí.

Expertos juristas consultados por este diario manifestaron su sorpresa por la actitud de Carmen Veiras al poner entredicho la profesionalidad de su antecesora en base a una simple comunicación del Colegio de Abogados. Existe un procedimiento reglado cuando se detecta una posible causa de nulidad de un proceso y en todo caso no puede determinarla un juez, sin más.

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza, a la que corresponde nombrar los jueces sustitutos tras verificar que cumplen todos los requisitos legales para ejercer el cargo, o la Inspección del Consejo del Poder Judicial son los dos órganos que deben investigar y determinar si realmente un juez incurrió en una ilegalidad que puede dar lugar a anular sus actuaciones.