El fiscal acusa de cohecho a los ediles del PP pillados 'in fraganti'

Un vídeo grabado con una cámara oculta en el botón de la chaqueta de un empresario infiltrado y la incautación de 120 billetes de 500 euros. Estas son las pruebas esgrimidas por la Fiscalía en el escrito de acusación que acaba de elevar al juez y en el que implica a dos ex concejales de Gondomar y a un arquitecto de Vigo en la extorsión a una promotora que quería firmar tres convenios urbanísticos con el Ayuntamiento.

El supuesto cobro de 900.000 euros en comisiones ilegales por parte de estos dos ediles del PP es el primer caso de corrupción urbanística que la Justicia destapa en Galicia gracias a un confidente que pilló in fragati a los presuntos autores de las extorsiones a promotoras.

Tras la denuncia de soborno que presentó el intermediario de la promotora A Pousa, SL, en la Fiscalía de Vigo el 27 de noviembre de 2006, el Seprona obtuvo las pruebas que acusan de tres delitos de cohecho a José Luis Mosquera, entonces edil de Cultura del Ayuntamiento, y a su compañero de corporación, Alejandro Gómez, que era responsable de Urbanismo.

La acusación provisional no conlleva penas de prisión pero establece 1,2 millones de euros de multa para cada uno y la suspensión de dos años de cargo público, y será sometida al dictamen de un jurado popular. La cuantía fijada para el arquitecto Borja Ramilo, que hizo de interlocutor en el pago de las comisiones ilegales, es de 720.000 euros y cinco meses de inhabilitación.

La promotora denunciante inició antes del verano de 2006 las negociaciones con la Corporación de Gondomar para poder construir 66 chalés adosados en una parcela de 33.000 metros cuadrados. Los ediles implicados no formaban parte de la comisión de gobierno, pero supuestamente vendían a precio de oro la tramitación de los proyectos que entraban en el Ayuntamiento y su voto en el pleno.

La grabación en vídeo y audio de cómo José Luis Mosquera exige el dinero a la constructora la obtiene el Seprona el 7 de febrero. Manuel Rodríguez, un conocido promotor de Vigo, había accedido a hacer de señuelo en la investigación. Para ello tuvo que superar algunas dificultades porque, en un principio, los concejales desconfiaron de él y prefirieron negociar con otro portavoz de la promotora, al que el arquitecto ya había advertido que la empresa debía pagar una comisión si quería construir.Para obtener la grabación del cohecho, el empresario infiltrado acudió a la cita con el ex concejal de Cultura de Gondomar pertechado con varios artilugios. La Guardia Civil le colocó a Manuel Rodríguez una pequeña cámara de vídeo doméstica debajo del brazo izquierdo, sujeta a la piel con varias cintas de velcro. Los cables iban conectados a una microcámara en forma de botón que recogió vídeo y audio.

Manuel se dirigió caminando desde la calle Rosalía de Castro de Vigo hasta Colón y, al entrar en el despacho, puso a funcionar la cámara. Aunque el edil de Urbanismo no acude a la cita, la grabación recoge cómo Mosquera y Ramilo explican que el edil está al corriente de todo.

Después de estas palabras, el arquitecto se ausenta y el concejal habla largo y tendido con el confidente. Éste afirma que su empresa no puede asumir los 300.000 euros que le exigen por tramitar el papeleo. "Ya me decía antes de venir el concejal de Urbanismo que pediríais por todo 180.000. ¿Qué te parece si lo hacemos en tres plazos? Pero que dé la impresión de que tú y yo hemos estado negociando duramente durante horas", dice Mosquera. A través de los teléfonos pinchados, los agentes del Seprona controlan las conversaciones entre los cómplices.

Para efectuar la entrega de los primeros 60.000 euros, la promotora tuvo que pedir un crédito por este importe. El dinero se llevó al juzgado donde se fotocopiaron uno por uno los 120 billetes de 500 euros para dejar constancia de su numeración. El 14 de febrero todo estaba preparado para llevar a cabo la última parte del operativo. El confidente Manuel Rodríguez llamó por teléfono al arquitecto para concertar una cita y efectuar el primer pago del soborno. "Borja, ya tengo esto aquí", le dijo. Las otras dos entregas se harían cuando se aprobase definitivamente el plan.

La cita para que el empresario infiltrado entregase el dinero al concejal José Luis Mosquera fue en la cafetería del Hotel Galicia. Cuando entra en el local, el confidente ve al edil sentado con su compañera sentimental Belén Fernández, acusada de cómplice en este proceso. Mosquera se dirige a Manuel Rodríguez y le dice: "Vamos hacia el baño". En los servicios de la cafetería, Mosquera recoge el sobre con el dinero y antes de despedirse le comenta: "Tengo más solares en Gondomar que os pueden interesar, la semana que viene hablamos".

Mientras el fiscal Juan Carlos Aladro defiende la legalidad de las pruebas, la defensa de los acusados ha pedido la nulidad de las escuchas y la suspensión del procedimiento.