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El estallido de la burbuja rural

Las casas de aldea subvencionadas por la Xunta no pasan la reválida y el exceso de demanda las aboca a la crisis

La fantasía urbanita de vivir en una postal bucólica con casa de piedra, mantel a cuadros y empanada casera en la mesa ha arropado el auge del turismo rural, que en dos décadas ha generado una red con 575 alojamientos y 6.870 plazas operativas. Este negocio -subvencionado por la Xunta y la Unión Europea- despuntaba como gallina de los huevos de oro a principios de los años noventa, pero la crisis ha expuesto sus debilidades y los propietarios se preparan para que la burbuja explote.

"Ya no se puede vivir de esto. El negocio está muy flojo, no llegamos ni a la mitad de pernoctaciones que el año pasado y aunque todos le echamos la culpa a la crisis económica, no hay un motivo claro. Para nosotros, cualquier tiempo pasado fue mejor", comenta con resignación María del Carmen López, propietaria de Aira de Ancares, un alojamiento rural situado en el valle de San Martín das Cañadas, lejos del Camino de Santiago, donde las cosas pintan mejor: "El verano nos está yendo bastante bien. Recibimos a media docena de mochileros cada día y eso que es la primera vez que trabajamos con público de este tipo", celebra Pilar Novo, la dueña de Casa Roan, un establecimiento en la comarca de A Ulloa que recoge a los caminantes a pie de ruta.

La ocupación se situó cerca del 30% en julio y este mes se espera un 60%
Las inmobiliarias no consiguen vender los hoteles subvencionados

El jubileo compostelano ha atraído a cuatro millones de visitantes hasta junio, de los cuales 52.377 eligieron casas rurales. Esto ha supuesto un nivel de ocupación del 30% en julio y podría aumentar hasta el 60% este mes, cifra que apenas ha dado un respiro a Galicia. "Muchos caseros aceleraron los trámites para abrir este Año Santo. Todos esperábamos que el aumento de peregrinos durante el Xacobeo incrementase el consumo, pero en lugar de salvar la temporada, nos hemos encontrado con una preocupante saturación del sector", explica Luciano Sánchez, presidente de la asociación gallega de turismo rural Agatur, que contaba con resultados similares a los de la campaña de 1993.

"El problema de fondo está en el desfase entre el crecimiento de la oferta, que ha subido un 8% este año, frente al escaso 4% que ha aumentado la demanda", afirma Joseba Cortázar, el director de comunicación del portal Toprural, quien señala el otro talón de Aquiles de este negocio campesino: "La mayoría de los propietarios alquilan solamente un par de habitaciones por las que cobran entre 15 y 30 euros la noche para que les salga rentable. No les queda apenas margen de beneficios para competir con los precios de las cadenas hoteleras que ofrecen paquetes enlatados de sol y playa".

Marisol Lorenzo, presidenta de la federación Fegatur, reconoce la debilidad del sector pero se niega a renunciar a su esencia: "Calentar una vivienda de piedra es caro y su mantenimiento aún más, pero los que se dedican al turismo rural lo hacen porque les encanta el lugar donde viven. Es una actividad complementaria para jóvenes que buscan una oportunidad en el campo o ingresos extra para ancianos a los que la casa se les queda grande".

Según Lorenzo, el trato familiar de estos alojamientos es lo que les da valor y marca la diferencia con respecto a la competencia desleal: "En las casas rurales los peregrinos se sienten como visitantes que están descubriendo los secretos de esta tierra, pero sólo es legal uno de cada cinco establecimientos de los que les ofertan durante el Camino". La presidenta de Fegatur denuncia que existe toda una red turística fuera del registro oficial de Turgalicia que no cumple con los criterios de calidad, ni pasa la supervisión de la Xunta. "Un cliente se quejó la semana pasada a la asociación de que le habían negado la factura en una vivienda con los baños atascados. Naturalmente, era un caso más de alojamiento ilegal, pero los turistas no denuncian y nosotros no podemos hacer nada", dice Sánchez, de Agatur, que pide a la Administración que los inspectores se hagan pasar por mochileros y acaben con el fraude, pero se resiste a señalar establecimientos concretos.

Las inmobiliarias reflejan la desesperación de quienes invertieron en turismo rural. Leonor tienen a la venta, desde hace un año, un hotel ourensano en Cabeza de Manzaneda por el que recibió una subvención que le obliga a mantenerlo abierto durante 15 años. Colocarlo es imposible. A Santiago le pasa lo mismo con su pazo en Laracha (A Coruña), aunque al principio confiaba con recibir la oferta de una gran cadena como Husa, que compró otro en Sober (Lugo) para convertirlo en sede de congresos y residencia de paso de los pilotos de Lavacolla en busca de tranquilidad.

La crisis no perdona y el ladrillo promete nuevo estallidos.

Casa de turismo rural en la comarca de O Ribeiro (Ourense).
Casa de turismo rural en la comarca de O Ribeiro (Ourense).XURXO LOBATO

2013: El tope de las ayudas europeas

El boom rural fue un filón para la picaresca durante los años noventa. "Cuando empezó a promocionarse este turismo en Galicia, la Xunta sólo pedía la liquidación final de obra por parte del arquitecto o el aparejador para justificar la subvención", recuerda Luciano Sánchez, de la asociación de propietarios de establcimientos Agatur, que señala el fraude: "Algunos aprovecharon para justificar cantidades superiores al coste total de la rehabilitación y otros arreglaron viviendas particulares que nunca funcionaron como alojamientos".

Las ayudas del Gobierno de Fraga cubrían hasta el 40% del coste y su cuantía media alcanzaba los 68.000 euros. A cambio sólo se exigía que el establecimiento continuara con la actividad durante una década. "En 1995 se aumentó el plazo hasta los 15 años y hoy, que ya se han cumplido, es casi imposible que se produzca una estafa así", sostiene Marisol Lorenzo, de Fegatur.

"La Administración exige un aval bancario por el importe total de la obra para garantizar que cumplirá con los estándares impuestos y la casa será sometida a inspecciones cíclicas", explica Lorenzo, aunque puntualiza que no todos los propietarios de establecimientos están dispuestos a someterse al trámite: "Cuando pides una subvención, tienes que adaptarte al estilo arquitectónico que impone la Xunta. Hay quien prefiere invertir lo que tiene y controlar el proceso".

La última partida de ayudas integrales del Gobierno galleno se entregó hace cuatro años y ahora se limitan a la mejora de las infraestructuras existentes, mientras que las europeas sólo están aseguradas hasta 2013. Después los fondos de pasarán a disposición otros miembros de la Unión Europea.

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